Multan por desacato al Congreso

• Le imponen una multa al Poder Legislativo por 910 mil pesos por desacatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de armonizar la ley en materia de aborto con la constitución local.

Redacción / Sol Yucatán

Al Congreso de Yucatán la necedad le salió cara, literalmente. El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán, le impuso una multa al Poder Legislativo por 910 mil pesos por desacatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de armonizar la ley en materia de aborto con la constitución local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una determinación judicial, impuso la sanción a los 35 diputados de la actual legislatura, por lo que cada uno deberá pagar la cantidad de 26 mil pesos de su peculio.

Los tribunales federales habían emitido recomendaciones ordenando al congreso yucateco a armonizar la legislación en materia de derechos reproductivos. Sin embargo, pese a los plazos otorgados y a las advertencias judiciales, el Poder Legislativo no concluyó el proceso legislativo requerido, lo que derivó en la imposición de medidas de apremio por desacato.

El Congreso respondió con lo que mejor sabe hacer: comisiones, oficios, “análisis en comisión” y cero votos. El tema lleva años estancado mientras las mujeres yucatecas siguen con una ley que la Constitución ya declaró inconstitucional.

Así, la resistencia del Congreso de Yucatán para cumplir una resolución judicial relacionada con la legislación en materia de aborto terminó por generar consecuencias económicas para los propios legisladores, quienes no concluyeron el proceso legislativo requerido, lo que derivó en la imposición de medidas de apremio por desacato.

La sanción representa un hecho inusual y exhibe el choque entre el Poder Judicial y el Legislativo estatal. Más allá del monto económico, la resolución deja en evidencia la falta de acuerdos políticos para atender un tema que durante años ha permanecido estancado en el Congreso, pese a las obligaciones derivadas de sentencias federales y de los criterios establecidos por la propia Suprema Corte.

Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales realizada este jueves, el tema volvió a colocarse en el centro del debate. Diputados del PRI plantearon la necesidad de cumplir con la resolución judicial para evitar que el Congreso continúe en desacato, mientras que legisladores del PAN entregaron un oficio relacionado con el asunto para su análisis en comisión.

Mientras persisten las diferencias políticas en torno al tema, la resolución judicial envía un mensaje claro: las decisiones de los tribunales no son opcionales para los poderes públicos. El desafío para el Congreso yucateco ahora no solo es evitar nuevas sanciones, sino demostrar que está dispuesto a cumplir con las obligaciones constitucionales que durante meses ha postergado.