Millones de la 4T a amigos de Vila

• La red de contratistas favorecidos durante el sexenio anterior sigue operando sin contrapesos. En 2025, IDEFEEY dio más de 12.5 millones de pesos a Constructora Yucaquin, empresa señalada por haber recibido 333 millones con Mauricio Vila.

• La obra, asignada en una secundaria con graves carencias, no tiene evidencia pública de conclusión ni entrega, lo que exhibe la continuidad de prácticas de favoritismo, opacidad y falta de rendición de cuentas en la infraestructura educativa.

• Sol Yucatán ha denunciado a la constructora Yucaquin en reportajes donde se cuestionan licitaciones amañadas, sobrecostos y redes de empresas cercanas al poder político.

Redacción/Sol Yucatán

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán continúa canalizando recursos públicos hacia una de las empresas que fue ampliamente beneficiada durante el sexenio del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

En 2025, ya bajo una nueva administración estatal, la dependencia adjudicó a Constructora Yucaquin, S.A. de C.V. un contrato por más de 12.5 millones de pesos para una obra educativa que, a la fecha, no cuenta con evidencia pública de haber sido concluida ni entregada, pese a tratarse de uno de los planteles con mayores carencias de infraestructura.

El contrato IDE-25-OP-LP-046 fue otorgado para la construcción de espacios educativos en la Escuela Secundaria Rita Cetina Gutiérrez, ubicada en la comisaría de Chablekal, municipio de Mérida. El monto autorizado asciende a 12 millones 506 mil 077 pesos, con recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples, y contempló un anticipo superior a los 4.3 millones de pesos.

El plazo contractual fijó como fecha de término el 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, hasta ahora no existe acta pública de entrega-recepción, finiquito ni anuncio oficial que confirme la conclusión de los trabajos.

La adjudicación se da en un contexto que ya había sido documentado, en el que se expuso cómo Constructora Yucaquin fue una de las empresas recurrentemente favorecidas durante la administración de Mauricio Vila Dosal, acumulando al menos 333 millones de pesos en contratos públicos. Ese antecedente convierte al nuevo contrato del IDEFEEY no en un hecho aislado, sino en la continuidad de un patrón de contratación que atraviesa gobiernos y dependencias.

De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa, Constructora Yucaquin, S.A. de C.V. está conformada y controlada mayoritariamente por Rafael Candelario Hay Noh, quien concentra el 98 por ciento del capital social y funge como administrador único, acompañado por Víctor Manuel Casanova Calderón, con una participación minoritaria.

Se trata de una estructura empresarial altamente concentrada, donde las decisiones operativas, financieras y contractuales recaen prácticamente en una sola persona.

El perfil de la empresa es el de una contratista recurrente de obra pública, con presencia constante en contratos municipales, estatales y federales. Medios locales, entre ellos Sol Yucatán, han señalado a Yucaquin en reportajes donde se cuestionan licitaciones amañadas, sobrecostos y redes de empresas cercanas al poder político.

Aunque esos señalamientos no equivalen a resoluciones judiciales, sí forman parte de un historial mediático documentado que obliga a extremar la vigilancia cuando la empresa vuelve a recibir recursos públicos.

En el caso específico de la secundaria Rita Cetina Gutiérrez, la obra fue anunciada como prioritaria debido a las condiciones de infraestructura del plantel. Comunicados oficiales durante 2025 hablaron de avances y supervisiones, pero nunca de conclusión. La diferencia no es semántica: en obra pública, una obra “avanzada” no es una obra entregada. La entrega formal implica documentos, liberación de fianzas y la certeza de que los espacios pueden ser utilizados por estudiantes y docentes.

El contrato IDE-25-OP-LP-046 establece claramente la obligación de documentar la entrega-recepción y el finiquito una vez concluido el plazo. La ausencia de esos documentos en portales oficiales y comunicados públicos abre un vacío de información que impide saber si el dinero ya fue ejercido en su totalidad, si existen retrasos, ampliaciones de plazo o trabajos pendientes.

La permanencia de Constructora Yucaquin como proveedora del gobierno estatal, incluso después del cambio de administración, plantea preguntas incómodas. ¿Qué criterios utiliza el IDEFEEY para evaluar el desempeño previo de sus contratistas? ¿Se revisan los antecedentes documentados en medios y auditorías antes de adjudicar nuevas obras? ¿Por qué una empresa señalada por haber sido ampliamente favorecida en el pasado sigue recibiendo contratos millonarios?

Más allá de la legalidad formal del procedimiento, el caso expone un problema de confianza pública. Cuando una empresa asociada a un historial de contratos concentrados y señalamientos mediáticos vuelve a ser beneficiada, y además la obra asignada no muestra evidencia clara de conclusión, el mensaje para la ciudadanía es de continuidad, no de ruptura.

El nuevo contrato del IDEFEEY sugiere que esa historia no terminó con el cambio de gobierno. Por el contrario, parece actualizarse con nuevos montos, nuevas obras y los mismos nombres empresariales. Mientras no se aclare el estado real de la secundaria Rita Cetina Gutiérrez y no se transparente la entrega de la obra, los millones seguirán acumulándose en los contratos, pero no necesariamente en las aulas que los estudiantes necesitan.