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Millonarios contratos en la oscuridad
Un contrato de más de 21 millones de pesos para instalar sistemas fotovoltaicos en dependencias estatales coloca bajo la lupa a Constructora Yucateca Social, una empresa con historial de litigios contra municipios y presencia reiterada en el Diario Oficial.
*Hasta ahora no existe un desglose público detallado del número exacto de sistemas instalados, su capacidad de generación ni los ahorros proyectados.
*Mientras el discurso oficial habla de transición energética, el proyecto “piloto” del IDEFEEY abre interrogantes sobre criterios de adjudicación, antecedentes del proveedor y la verdadera transparencia en el uso de recursos públicos.
Redacción/Sol Yucatán
Una larga lista de medidas de presión, litigios y contratos públicos rodea el nombre de Constructora Yucateca Social S. de R.L. de C.V., una empresa que ha sabido moverse entre la obra pública, los sistemas eléctricos y los pasillos institucionales de Yucatán.
Hoy vuelve al centro del debate tras la adjudicación de un contrato que supera los 20 millones de pesos por parte del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), dirigido por Gilberto Chan Padilla.
El contrato IDEFEEY-25-ADQ-LP-003, firmado el 16 de diciembre de 2025, contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en diversas dependencias del Estado como “proyecto piloto”, con un monto de 18 millones 437 mil 390 pesos más IVA. Con el impuesto incluido, la cifra rebasa los 21 millones de pesos. El plazo otorgado para su ejecución fue de apenas 90 días naturales, del 17 de diciembre de 2025 al 16 de marzo de 2026.
El documento establece una fianza equivalente al 10 por ciento del monto contratado y penalizaciones del 0.75 por ciento diario en caso de incumplimiento. Sobre el papel, el contrato luce blindado. En la práctica, la trayectoria de la empresa revela un patrón de litigios y conflictos que obligan a mirar con lupa.
Constructora Yucateca Social fue constituida el 29 de marzo de 2012 mediante escritura pública número 599 ante el notario Carlos T. Goff Rodríguez en Tekax, Yucatán. El capital social inicial fue de un millón de pesos, dividido en partes iguales entre Christabel Adrianna Giovanna Ku Ojeda y María Luisa Herrera Meza. La primera figura como gerente general, la segunda como comisaria. El objeto social es amplio: construcción de casas, caminos, puentes, instalaciones eléctricas, contratos con gobiernos municipales, estatales y federales, así como con IMSS, ISSSTE y CFE.
No es una sociedad improvisada en papel. Desde su acta constitutiva quedó abierta la puerta para operar con entes públicos y participar en contratos de infraestructura. Con el paso de los años, su nombre comenzó a aparecer de manera recurrente en portales de transparencia, expedientes administrativos y edictos judiciales.
Uno de los episodios más ilustrativos es el juicio ejecutivo mercantil promovido por la propia empresa contra el Ayuntamiento de Huhí, Yucatán, expediente 01452/2018, cuyo rastro quedó plasmado en el Diario Oficial del Estado. La figura jurídica no es menor: el juicio ejecutivo mercantil suele derivar de adeudos documentados mediante pagarés o facturas, es decir, cobros forzosos. No se trata de una simple reclamación administrativa, sino de una vía judicial para presionar el pago.
El acoso judicial como mecanismo de presión ha sido una constante en el sector de la obra pública. Cuando un municipio retrasa pagos, el contratista recurre a tribunales para obligar a cubrir adeudos. En sí mismo no es ilegal. Lo que genera suspicacia es la frecuencia con la que la empresa aparece vinculada a controversias en edictos publicados en el Diario Oficial, lo que revela una relación conflictiva con entes públicos.
A ello se suma la presencia de la empresa y de su representante legal, el contador público Rodolfo Santiago Carrillo Baeza, en procesos y comunicaciones oficiales con instancias como la Administración Portuaria Integral de Progreso. Carrillo Baeza figura como apoderado y firmante en contratos relevantes, incluido el del IDEFEEY. Es la cara visible en la formalización de compromisos millonarios.
El contrato de sistemas fotovoltaicos adjudicado por el IDEFEEY resulta particularmente delicado por su contexto. Se trata de recursos propios del Estado destinados a infraestructura educativa y eléctrica. Un proyecto piloto que, de acuerdo con el monto, implicaría una instalación masiva de paneles solares en dependencias públicas. Sin embargo, hasta ahora no existe un desglose público detallado del número exacto de sistemas instalados, su capacidad de generación ni los ahorros proyectados.
El director del IDEFEEY, Gilberto Chan Padilla, asumió la responsabilidad de firmar el contrato con una empresa cuyo historial incluye litigios contra municipios y apariciones reiteradas en publicaciones oficiales por procesos judiciales. La pregunta que flota es si se valoró adecuadamente la trayectoria integral del proveedor antes de adjudicarle un proyecto estratégico.
La constructora no es ajena a la relación con gobiernos. Su objeto social menciona expresamente la posibilidad de contratar con autoridades municipales, estatales y federales. En los registros de transparencia municipal aparecen pagos asociados a nombres vinculados a la empresa, lo que confirma una relación sostenida con el sector público.
En el ámbito de la energía eléctrica, su inclusión en padrones relacionados con sistemas fotovoltaicos refuerza su perfil técnico. Sin embargo, la combinación de contratos relevantes y litigios recurrentes dibuja un modelo de operación donde la presión judicial forma parte del ecosistema empresarial.
Las luminarias y sistemas eléctricos suelen convertirse en terreno fértil para contratos de alto impacto económico. Son proyectos visibles, políticamente rentables y financieramente cuantiosos. Cuando una empresa acumula presencia constante en ese sector y, paralelamente, aparece en edictos judiciales contra ayuntamientos, el foco rojo se enciende.
No se trata de afirmar irregularidades sin sustento. Se trata de observar patrones. Una empresa constituida en 2012, con capital inicial de un millón de pesos, que logra posicionarse en contratos de más de 20 millones de pesos en poco más de una década y que, al mismo tiempo, utiliza la vía judicial para exigir pagos a municipios, merece escrutinio.
El expediente contra el Ayuntamiento de Huhí es solo una muestra de cómo el conflicto contractual puede escalar. En contextos de presupuestos limitados y finanzas municipales frágiles, los juicios ejecutivos se convierten en una herramienta de presión que puede comprometer recursos públicos adicionales en intereses y costas judiciales.
Mientras tanto, el contrato del IDEFEEY sigue su curso. El plazo de ejecución concluyó en marzo de 2026. La ciudadanía tiene derecho a conocer si los sistemas fueron instalados en tiempo y forma, si se cumplieron las especificaciones técnicas y si la inversión generará el ahorro energético prometido.
En Yucatán, los contratos de infraestructura eléctrica no solo iluminan edificios, también proyectan sombras sobre la transparencia. Constructora Yucateca Social se mueve en ese claroscuro donde la formalidad contractual convive con litigios y presiones judiciales.
La historia no termina con la firma de un contrato. Empieza ahí. Y cuando los montos superan los 20 millones de pesos y el antecedente empresarial incluye apariciones en el Diario Oficial por juicios contra municipios, el escrutinio deja de ser opcional para convertirse en una obligación pública.