MEGAFRAUDE EN BIENESTAR

EMPRESAS FANTASMA CON DOMICILIO FISCAL EN CIUDAD CAUCEL

*El desfalco por más de 7 mil millones de pesos fue detectado por la ASF en la Secretaría de Bienestar Federal, durante el mismo periodo en que el ahora gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, fungía como delegado estatal de la dependencia.

*En Yucatán se reportaron desvíos por más de 700 millones de pesos hacia cuatro empresas ligadas a Huacho Díaz, tales como Comercializadora Realza, Comercializadora Razzur, Operadora de Negocios Terán, y Proyectos Acabados y Prefabricados CAE.

*Los desvíos fueron reportados durante la entrega de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas, la nula entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de los mismos que no acreditan el manejo correcto de los recursos.

El desfalco por más de 7 mil millones de pesos fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Bienestar Federal, durante el mismo periodo en que el ahora gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, fungía como delegado estatal de la Secretaría de Bienestar, periodo en el que también fueron identificadas asignaciones multimillonarias a empresas fachada ubicadas en la capital yucateca.

Tan solo durante 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la Secretaría de Bienestar Federal, faltantes por 992 millones 680 mil 400 pesos; en 2020 hubo irregularidades en la misma dependencia por mil 116 millones de pesos; en 2021 no se comprobaron 2 mil 351 millones de pesos; mientras que en 2022 se hallaron irregularidades por 2 mil 705 millones de pesos, lo que arroja un faltante total en la Secretaría de Bienestar Federal, del 2019 al 2022, de 7 mil 164 millones 680 mil 400 pesos.

El desfalco ocurrió en el mismo periodo en que Joaquín Díaz Mena fungía como delegado en Yucatán de la dependencia federal, y donde se reportaron desvíos por más de 700 millones de pesos hacia cuatro empresas ligadas a Huacho Díaz, tales como Comercializadora Realza S.A. de C.V.; Comercializadora Razzur S.A. de C.V.; Operadora de Negocios Terán S.A. de C.V.; y Proyectos Acabados y Prefabricados CAE S.A de C.V.

¿Y la austeridad?

Tras una revisión en el Portal Nacional de Transparencia y de los documentos otorgados por la Secretaría de Bienestar, se corroboró que en total fueron celebrados dudosos contratos hacia empresas yucatecas por 734 millones 261 mil 983 pesos, durante el periodo de Joaquín Díaz al frente de la delegación de Bienestar de Yucatán.

La empresa con los mayores contratos y sobre la que se considera fue utilizada para recibir el dinero que serviría para la campaña política de Joaquín Díaz Mena, se obtuvo a través de la Comercializadora Realza S.A. de C.V., con tres contratos por un total de 728 millones 920 mil 800 pesos, de acuerdo a lo corroborado en los contratos expedidos por Bienestar.

El primer contrato con folio 411.600.43101.133/2019, fue por 337 millones 307 mil 700 pesos, otorgado por la Secretaría de Bienestar para la Comercializadora Realza S.A. de C.V., expedido por adjudicación directa para la compra de —según lo especificado en el contrato— de “Políacrilato de Sodio, Polímero Súper absorbente, que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de agua y nutrientes del suelo. Inodoro e Incoloro”., con fecha de expedición 6 de septiembre de 2019, Ciudad de México, con número de oficio BIE.411/DGRM/DAC/592/2019.

El segundo contrato con folio 411.600.43101.131/2019, fue por 199 millones, 546 mil 100 pesos, y de acuerdo al apoderado legal Manuel Gaspar Evia Heredia, debió utilizarse para la “Adquisición de materiales, herramientas e insumos para la instalación y operación de los viveros comunitarios y de biofábrica al amparo del contrato marco de herramientas, materiales e insumos para viveros, biofábricas y de uso general del Programa Sembrando Vida, y cuya fecha de firma de acuerdo fue el 23 de agosto del 2019.

El tercer contrato con número 411.600.43101.132/2019, se otorgó por un total de 192 millones 67 mil pesos, cuyo precio unitario por bolsa de 25 kilos fue de 2 mil 237 pesos con 50 centavos, uno de los más altos, en comparativa con el precio obtenido en el primer contrato, que era de 2 mil 122 pesos con 50 centavos la bolsa de 25 kilogramos de Hidrogel, mientras el segundo contrato mostró un precio por unidad de 2 mil 177 pesos con 50 centavos.
Sobre el domicilio fiscal identificado en el contrato, se tiene la arteria 31, número 679 D entre 74 B y 76 A, Código Postal 97314, Ciudad Caucel, Mérida, Yucatán, un conjunto habitacional donde no se encuentra empresa alguna que demuestre el más mínimo indicio de poseer la maquinaria requerida para cubrir una demanda por un total de 728 millones 920 mil 800 pesos, en tres contratos respaldados por el C. Anuar Valdez Dagdug, Director General de Seguimiento y Logística para el Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

En el mismo sentido, al interior de los contratos se indica el posible uso del polímero para distintos estados, como Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Durango, cuyas cantidades aparentemente para su uso oscilan entre los 21 millones de pesos, hasta los 50 mil pesos para cada uno, además que los precios poseen variaciones, pese a que prácticamente fueron expedidos en el mismo año.

De igual forma, otras de las empresas implicadas en el mal manejo de recursos por parte de Joaquín Díaz son Comercializadora Razzur S.A. de C.V., Operadora de Negocios Terán S.A. de C.V., Proyectos Acabados y Prefabricados CAE S.A de C.V.; Operadora del Sureste Valverde S.A. de C.V., mismas que presentan inconsistencias, desde su reciente creación entre 2017 y 2019, hasta que sus domicilios fiscales no demuestran la capacidad empresarial que sus contratos exigen.

Tras investigación, Operadora de Negocios Terán S.A. de C.V posee un total de 12 contratos por parte de la Secretaría de Bienestar, todos por adjudicación directa, otorgados durante el 2022 y para la Renta de Mobiliario, cuyos folios son SB/2022/AE/213/1689/1696; UAF/DGPP/410/3885/2021; SB/2022/AE/213/1338/1343; SB/2022/AE/213/0690/0716; SB/2022/AE/213/0690/0715; SB/2022/AE/213/0690/0714; SB/2022/AE/213/1689/1696; UAF/DGPP/410/3885/2021; SB/2022/AE/213/1338/1343; SB/2022/AE/213/0690/0716; SB/2022/AE/213/0690/0715; SB/2022/AE/213/0690/0714; por un monto total de 2 millones 544 mil 392 pesos con 4 centavos, misma que se encuentra con Andy Raúl López Sánchez como accionista y Héctor Javier Mancilla Suaste, quien ha sido señalado como aportador económico de las pasadas campañas de Joaquín Díaz Mena, por casi un millón de pesos.
Por parte de Comercializadora Razzur S.A. de C.V., se tienen un total de 10 contratos por parte de la Secretaría de Bienestar por adjudicación directa para el Servicio de Impresión, también durante 2022, cuyos números de contratos responden al: SB/2022/AE/213/1724/1731; SB/2022/AE/213/1689/1696; SB/2022/AE/213/1569/1575; SB/2022/AE/213/1570/1577; SB/2022/AE/213/1338/1343; SB/2022/AE/213/1724/1731; SB/2022/AE/213/1689/1696; SB/2022/AE/213/1569/1575; SB/2022/AE/213/1570/1577; SB/2022/AE/213/1338/1343; por un monto total de 1 millón 96 mil 791 pesos con 2 centavos.
Sobre Proyectos Acabados y Prefabricados CAE S.A de C.V. se identificó que el monto neto por los contratos fue por 1 millón 700 mil pesos, ligada específicamente a Gabriela Alejandra Sánchez Echeverría, quien también funge como accionista en la empresa Distribuidora Peninsular Yassir S.A. de C.V.; de igual forma durante 2022, la empresa fue beneficiada por el alcalde Renán Jiménez Tah, con un monto de 5 millones 495 mil 619.83 pesos, con número de expediente FISMDF-PEO-YUC-LP-2022/04, para la construcción de caminos rurales en la localidad de Dzonotchel, cerca de Peto, además que ha recibido contratos por más de 800 mil pesos por parte de Diconsa. Sobre esta empresa, su domicilio fiscal identificado a través de un contrato, es un edificio multiusos ubicado en la calle 7, número 262 por 21 por 28 y 38 Colonia Campestre, Mérida Yucatán, código postal 97120.

Cabe destacar, que las fechas del periodo en que Joaquín Díaz Mena fungió como delegado estatal de Bienestar, coinciden con el desfalco reportado en los más de 800 pliegos de observaciones insolventes por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las cuentas públicas 2018, 2019, 2020 y 2021.

Las anteriores, fueron reportadas durante la entrega de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos de los programas, la nula entrega de recursos públicos a beneficiarios y deficiencias en los registros de los mismos que no acreditan el manejo correcto de los recursos financieros federales, entre las que se incluyen la otorgación de más de 48 millones de pesos a más de 13 mil 300 beneficiarios de pensiones fallecidos y a personas que fingieron tener más edad para la obtención del beneficio, todo lo anterior de acuerdo a reportes oficiales de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).