MEGA FRAUDE

• Sin embargo, en el 2021 autoridades agrarias invalidaron la compra del grupo al ejido de Kanasín, por lo cual no se sabe el paradero de ese dinero. “Patrimonio Kanasín”, empresa donde se lavó presuntamente 246 millones de pesos

Redacción/Sol Yucatán

En Kanasín, el segundo municipio más grande de Yucatán y una de las poblaciones señaladas como de las más corruptas, se concretó uno de los mayores actos de corrupción en la historia de Yucatán.

En el “negocio” se vieron involucrados políticos del estado de Tabasco, funcionarios federales, autoridades locales y miembros de la mafia inmobiliaria.

Se trata del mega fraude de Patrimonio Kanasín, por medio de la cual se desviaron más de 1 mil millones de pesos de recursos públicos estatales y del orden federal.

Los directamente involucrados en el desfalco más grande de las últimas décadas en Yucatán fueron Martín Medina Sonda, sentenciado a 50 años de prisión por el crimen de su esposa Ema Gabriela Molina Canto, José Manuel Sainz Pineda, quien en ese entonces se desempañaba como tesorero en el Gobierno de Tabasco, encabezado por Andrés Granier Melo, integrantes del Grupo Tabasco.

La conexión yucateca en ese entonces fueron Lorenzo de Jesús Medina González, Rodrigo Díaz Loeza y los hermanos Esteban y Rafael Correa Bolio, quienes, entre el 2009 y 2011 adquirieron 2 mil 100 hectáreas de tierras del ejido de Kanasín, municipio conurbado con Mérida, la capital del estado.

El valor catastral de esas tierras y que se habría pagado a los campesinos fue de 65 millones 438 mil 345 pesos.

En ese año se fundó la empresa “Patrimonio Kanasín”, empresa por medio de la cual se lavó presuntamente 246 millones de pesos que se habrían desviado del Gobierno de Tabasco.

El encargado del traslado de dinero era Medina Sonda, quien a su vez se los entregaba a los especuladores de tierras Medina González, Díaz Loeza y los hermanos Correa Bolio, quienes en la conexión mafiosa eran los que acordaban la compra de las tierras con los lideres ejidales.

En el 2013, se fundó “Patrimonio Kanasin”. Las empresas que se asociaron para su creación fueron Bienes Raíces Supreme, S.A. de C.V., propiedad de Esteban Correa Bolio y Lorenzo de Jesús Medina González, accionistas de la Unión de Crédito Integral del Golfo, S. A. de C. V.; Desarrollo RDG, cuyos socios son Rodrigo Díaz Gutiérrez y Rommel Daniel Sánchez Angulo, y Grupo Hogare, S. A. de C.V., de Juan Manuel Ponce Díaz y Sánchez Angulo.

Por medio de esa empresa se lavaría el dinero que se sacaba del gobierno tabasqueño, el cual provenía de los recursos de desastres naturales, ya que en esos años el estado fue azotado por fuertes inundaciones.

Ese año, Sainz Pineda vendió las tierras a su padre, Juan José Sainz Zarza, quien era el presidente de Grupo Kanasín, la transacción fue por 246 millones de pesos, dinero que se habría lavado del Gobierno tabasqueño.

La venta fue avalada por el notario público No. 15 a cargo del abogado Alejandro José Monsreal Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal por el despojo de unas propiedades a la familia del ex alcalde de Mérida Herbé Rodríguez Abraham y que forma parte de la llamada mafia inmobiliaria de Yucatán.

Tras hacerse público la venta de las tierras las cuales se incluían casas particulares, edificios públicos, parques, iglesias, entre otros.

La incertidumbre se apoderó de los cerca de 8 mil familias que vivían sobre el corredor adquirido por la mafia tabasqueña-yucateca.

Se organizaron marchas, protestas y se creó el Comité Ciudadano de Defensa Patrimonial Kanasín, la presión social era tal que el Gobierno del Estado intervino y solicitó el apoyo a la Federación.

Esto debido a que surgió el rumor de que el grupo Kanasín realizaría un desalojo masivo.

Ante esta situación el problema llegó hasta la Presidencia del país, en ese entonces el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, intervino y comisionó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) para que atendiera el asunto y con ello se evitará un conflicto social.

Representantes de la dependencia y su titular en ese entonces, entablaron conversaciones con el grupo de especuladores de tierras tabasqueños y yucatecos para llegar a un acuerdo.

A través del Gobierno Federal se acordó rescatar los predios y espacios públicos, es decir, los terrenos de la zona urbana.

A cambio de ello, la SEDATU bajó recursos por 800 millones de pesos para adquirir al grupo inmobiliario una franja de 176 hectáreas de tierras.

Los beneficiados del recurso federal fueron los empresarios Juan Manuel Ponce Díaz, presidente del grupo Bepensa y del grupo “Vive Peninsular”, Esteban Correa Bolio y Lorenza Medina González, del grupo Soprime.

Hay que recordar que Ponce Díaz, enfrenta una acusación por parte del ejido de Tixcuncheil, comisaría de Baca, debido a que la familia Ponce ocupó y cerró un camino rural por medio del cual los campesinos acceden a sus milpas.

Es decir, privatizó un camino que es público para evitar que los ejidatarios se acerquen a su hacienda Kancabchén, donde se dice se cierran los negocios de la familia Ponche.

Actualmente, el litigio está en curso en el Tribunal Unitario Agrario y confían que el magistrado les dé la razón, ya que cuentan con los planos del ejido donde se señala que ese punto es camino rural, el cual no se puede cerrar.

En caso de fallar a favor, la familia Ponce tendría que tirar el muro de su hacienda, donde por cierto hay un zoológico que cuenta con especies protegidas y felinos, se ignora su cuentan con los permisos de las autoridades para su legal manejo y tenencia.

Asimismo, una parte del recurso presuntamente fue entregado a integrantes de los carteles Noreste y Z, que operaban en Yucatán y que se vieron involucrados con la red de la mafia inmobiliaria, ya que ofrecían protección y a su vez eran los grupos que sembraban miedo y en dos ocasiones levantaron a activistas.

El gobierno Federal entregó ese dinero al grupo “Patrimonio Kanasín” a cambio de la escrituración de 176 hectáreas de tierras, asimismo, el grupo de ejidatarios emprendió una lucha jurídica, ya que el Comité Ciudadano de la Defensa de Kanasín, siempre había asegurado que la venta fue al margen de la ley.

En el 2021, es decir, nueve años más tarde, la titular del Tribunal Agrario Unitario, la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, emitió una sentencia y determinó que las juntas ejidales donde se realizó la operación de compra-venta de las 176 hectáreas ubicadas en la zona urbana, fueron ilegales, por lo cual se ordenaba la incorporación al polígono del ejido.

Ante esta resolución se desconoce el paradero del dinero entregado por la SEDATU, al grupo inmobiliario y si emprendieron algún litigio para la recuperación de los recursos.

Es decir, en total el grupo “Patrimonio Kanasín”, propiedad tabasqueños y yucatecos, se adjudicó la suma de 1 mil 46 millones de pesos, es desfalco más grande en la historia reciente en Yucatán.

El dinero procedente del Gobierno de Tabasco y del Gobierno Federal a través de la SEDATU es el 2.5 por ciento del actual presupuesto de Yucatán, el cual asciende a 54 mil millones de pesos, asimismo, es el 23 por ciento del presupuesto del Ayuntamiento de Mérida, que asciende a 5 mil 384 millones 355 mil pesos.

Además de Kanasín, Sol Yucatán, a través de su trabajo de investigación, pudo saber que parte de los recursos desviados en el Gobierno de Tabasco, entre los años 2007 a 2012, se han utilizado recientemente para la compra de miles de hectáreas de terrenos a los ejidos de Yaxkukul, Tixpéhual, Komchen y Caucel.

Sus operadores son Lorenzo Medina González y Gabriel Guzmán Millet, quienes son dirigidos desde la cárcel por Martín Alberto Medina Sonda, quien purga una condena de más de 50 años de prisión por el feminicidio de Ema Gabriela Molina Canto, ocurrido en el 2017.

El grupo posee alrededor de 8 mil hectáreas de tierras en Mérida, municipios cercanos y en la Costa Yucateca, por lo cual la agrupación conformada por yucatecos y tabasqueños es la más poderosa de Yucatán, todo a costillas del desvío de recursos públicos.

Actualmente grupo “Patrimonio Kanasín” opera a través de las empresas Grupo Farko y BM Inversiones.

Recientemente Sol Yucatán sacó a la luz pública que el grupo con parte del dinero adquirido del desvió de recursos y lo que la SEDATU les otorgó como subsidio, adquirió 2 mil 100 hectáreas de tierras a 35 mil pesos la hectárea, al ejido de Yaxkukul.

La operación fue realizada por Guzmán Millet, por orden expresa de Martín Medina Sonda, quien ya se encontraba en prisión procesado por el crimen de su ex mujer.

Es decir, el costo de las tierras fue de 3 pesos con 50 centavos el m2, en lugares de alta plusvalía, debido a que están ubicados sobre carretera y colindan con Conkal, Tekat, Mocochá y Sitpach.

Actualmente, cada lote en esos terrenos tiene un precio mínimo de 330 pesos el m2, es decir, 94 veces más caro de cómo les compraron a los ejidatarios. Por lo anterior, la hectárea a ese precio tiene un valor de 3 millones 300 mil pesos, cuando a los ejidatarios se los pagaron a 35 mil pesos.

Marco Antonio Puga Tun, actual comisario de Yaxkukul, indicó que ha emprendido una lucha legal para recuperar parte de las tierras que fueron vendidas a este grupo. Señaló que el asunto se encuentra en el Tribunal y que en caso de fallar a su favor sería un duro golpe al grupo de especuladores y de la mafia inmobiliaria.