Mayapán: la lucha del pueblo maya contra el «despojo» institucional

• Tras 40 años de ocupación del INAH, la comunidad maya de Telchaquillo pidió una indemnización y la coadministración del sitio arqueológico.
• En el 2024 entregaron el acuerdo comunitario al INAH, pero fueron ignorados.
• En el 2025 interpusieron un amparo y en 2026, el Tribunal Unitario Agrario #34 prohibió al INAH como medida cautelar ejecutar el convenio de ocupación previa.

Por Claudia V. Arriaga Durán

El pueblo maya de la comisaría de Telchaquillo, del municipio de Tecoh, lleva dos años luchando para recuperar su territorio: la zona arqueológica de Mayapán, de la que fueron expulsados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desde 1951. Son tierras que nunca aceptaron vender y que tampoco han sido expropiadas.

Hoy en día existe una medida cautelar derivada del juicio de amparo 474/2025, que prohíbe al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa, es decir, la delegación está imposibilitada para seguir comercializando el área turística maya.

Los vestigios mayas se encuentran dentro de las tierras ejidales en las que, hace 75 años, con la excusa de cuidar el patrimonio, el INAH tomó el control y empezó a prohibirles la entrada. El proyecto de restauración inició en 1996 y, tras la culminación de la primera etapa, empezaron a promocionarlo y a cobrarle la entrada al turismo, de dicho proceso excluyeron al pueblo maya. Ni se hizo una expropiación, ni las ganancias fueron repartidas para beneficiar a la comunidad.

“En ese tiempo yo era un niño, Mayapán era monte, solo estaba el primer custodio, don Fausto Uc Flores. Nos veía ahí y nos regañaba, nos decía que nos llevaría la policía, que no cortáramos leña. Tuvimos que soportar que nos trataran así porque no sabíamos cómo ejercer nuestros derechos como pueblo indígena”, relató Genaro Cobá, uno de los ejidatarios.

Cansados de los malos tratos, del racismo y la discriminación del personal del INAH, quienes incluso les impedían vender sus artesanías o la comida típica de la región, como salbutes y panuchos, para ganar algo de dinero en sus propias tierras, la comunidad se organizó.

El 7 de diciembre de 2023 tomaron la zona arqueológica e impidieron el acceso del INAH. Su postura era firme y exigieron lo que aseguraron que por derecho les corresponde: la coadministración del sitio ceremonial maya. La solicitud contempla una parte del dinero que recaudan con las entradas.

Desde ese día a la fecha, 2026, el área permanece cerrada al turismo, aunque aún permiten que los trabajos de conservación y restauración continúen.

Para ese año, aún seguía al frente del INAH Diego Prieto Hernández, quien en al menos cuatro ocasiones posteriores al inicio de la lucha del pueblo maya de Telchaquillo viajó para reunirse con el ejido. Visitó a la comunidad en los meses de febrero, mayo, julio y agosto de 2024.

Diego Prieto se limitó a ofrecer al ejido de Telchaquillo la cantidad de 8 millones de pesos e insistir en la expropiación. En todas las reuniones omitió hablar sobre la indemnización de ocupación previa y explotación económica, con la que el INAH obtuvo recursos.

Los campesinos mayas entregaron un Acuerdo Comunitario al INAH el 7 de agosto de 2024, en el que solicitaban la indemnización por los 40 años de ocupación previa del área arqueológica.

“Somos una comunidad maya en cuyo territorio se encuentra la zona arqueológica de Mayapán. Para los miembros de la comunidad, incluyendo mujeres, jóvenes, niños, hombres, ancianos, ejidatarios y no ejidatarios, este espacio, más allá de un sitio turístico, es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, herencia y patrimonio, está vinculado estrechamente a nuestra forma de pensar y de relacionarnos con nuestro territorio, al igual que los cenotes, el monte y otros elementos que nos dan identidad como pueblo maya”, se lee en el documento.

Entre estos puntos, pedían el pago correspondiente a los 40 años de ocupación y un acuerdo por escrito en el que se detalle el monto que recibirán y cómo se llegó a ese cálculo.

En el segundo punto enfatizaban que la indemnización no representa la venta de las tierras ni la expropiación. Advertían que el pueblo maya seguiría siendo dueño del territorio.

La comunidad proponía que en una asamblea general se decidiría para qué se utilizaría el recurso que les daría el INAH por la administración de Mayapán. “La entrega de fondos no estará condicionada a decisiones del INAH o la negociación de la propiedad de la tierra”, detallan en el texto.

Especificaban que, previo a la reapertura de la zona arqueológica, se deberían definir por escrito cuáles serían las áreas de estacionamiento, además de temas como el cobro de entradas, la vigilancia, los guías y todo lo relacionado a la administración.

El último punto hablaba de las obligaciones del INAH, en las que se mencionan la restauración, excavación, medidas de protección y mantenimiento de estructuras; lo único que pedían era que se les rindieran informes a través de comités comunitarios que crearían para dichos fines.

El Acuerdo Comunitario que se entregó al INAH, y del que tenía conocimiento el entonces titular del instituto, Diego Prieto, fue firmado por 266 personas ejidatarias.

El «Acuerdo Comunitario para la Resolución del Conflicto sobre Territorio Comunitario conocido como Zona Arqueológica Mayapán» se entregó a quien en ese año aún era presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Llegó el director Diego Prieto iniciando el año 2024. Sus palabras no se olvidan, dijo: ‘señores, la instrucción del presidente Obrador era darles lo que ustedes están pidiendo, lo que por derecho les corresponde, no pasa de enero a abril sin que esté resuelto el asunto‘”, recordó Genaro.

Además, también entregaron el documento a la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para pedir su intervención en la resolución del conflicto cuando tomara el cargo, y a la exdirectora del Centro INAH Yucatán, Anna Luisa Goycoolea Artís. Aunado a eso, buscaron la ayuda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya que sus derechos como pueblo indígena fueron vulnerados.

Mayapán sin mayas

La zona arqueológica de Mayapán está a 40 kilómetros de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tecoh, y según la comunidad y los registros en el sitio web del INAH, la restauración y exploración iniciaron en la década de los 90.

El área maya se encuentra dentro de las tierras del ejido de Telchaquillo.

El proyecto de rescate y documentación estuvo a cargo del arqueólogo Carlos Peraza Lope. En 1996, años después de la ocupación del INAH iniciada en 1951, es cuando la comunidad maya de Telchaquillo pudo ingresar, pero como obreros contratados para limpiar los vestigios mayas y realizar otras actividades.

“En el año de 1996, un tal Carlos Peraza Lopez hizo un proyecto para restauración y se lo autorizaron, empezaron a limpiar y participé 20 años. Limpiamos todo, se amplió la restauración, aparecieron muchas estructuras y quedó como está ahorita. Antes solo se veía la pirámide grande”, relató el campesino maya.

Genaro, junto con otras personas de la comunidad maya, trabajó como empleado dentro de los propios vestigios de sus ancestros. “Trabajé como obrero, no como empleado del INAH”, relató.

La superficie de Mayapán es de 4 kilómetros cuadrados. Una publicación del INAH señala que era ocupada por 12 mil habitantes y se creía que tenía una alianza con Uxmal y Chichén Itzá.

Genaro detalló que en Telchaquillo hay 286 ejidatarios y que, cada vez que el entonces titular del INAH, Diego Prieto, los visitaba, intentaba convocar a la asamblea pasando por alto los estatutos. Reclamó que llegaba a la comunidad sin avisar con la intención de crear y dar por válidas asambleas apócrifas que aprobaran la expropiación de la tierra.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) valuó los vestigios mayas de Mayapán para que el INAH pudiera hacer una oferta a la comunidad y, supuestamente, el resultado ascendió a la cantidad de poco más de 9 millones de pesos. Sin embargo, para el ejido la cantidad no corresponde a la realidad.

“Yo le pedí el avalúo del INDAABIN a Diego Prieto, me lo dio y eran hojas en blanco. Hablamos por teléfono al INDAABIN y nos dijeron que nunca se había hecho uno para Mayapán. Nos dimos cuenta de que solo quería manipular”, reprochó.

La comunidad maya decidió ampararse en diciembre de 2025, luego de que el Tribunal Agrario #34 se negara a otorgar medidas cautelares que frenaran la ocupación del sitio a manos del INAH. Lo interpusieron en el Juzgado Decimocuarto de Distrito, se generó el expediente 474/2025 y la próxima audiencia se realizará el 29 de enero de 2026.

“Si genera ingresos, nos corresponde una parte, eso estamos pidiendo. No impedimos que el INAH haga su trabajo. No es un sueño ni una ocurrencia, lo que estamos pidiendo está basado en la ley, pero no la respetan”, lamentó Genaro.