Marbella: brincó de 100 mil a 500 MDP

• Una estructura empresarial que inició con apenas 100 mil pesos de capital terminó consolidando más de 52 hectáreas, dividiéndolas en 1,175 lotes y promoviendo ante Semarnat uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de la costa yucateca.
• Apenas meses después de su creación, la empresa aprobó una capitalización extraordinaria que elevó su patrimonio de 100 mil pesos a más de 11 millones de pesos
• Los recursos provinieron principalmente de María Cristina Treviño Rivero, quien aportó 8 millones 663 mil pesos, además de Jorge Antonio Briceño Cabrera y la empresa M y M Agrícola del Sureste, S.A. de C.V.

Redacción/Sol Yucatán

Detrás del proyecto inmobiliario Marbella se encuentra una historia que va mucho más allá de la simple venta de terrenos. Los documentos públicos revelan una compleja red empresarial que durante años acumuló tierra, recibió aportaciones millonarias, reorganizó su estructura accionaria y preparó una de las mayores reservas territoriales desarrolladas recientemente en Dzidzantún.

Lo que comenzó como una sociedad con apenas cien mil pesos de capital social podría convertirse en un negocio inmobiliario con un valor comercial estimado de entre 500 millones de pesos.

Los registros del Registro Público de Comercio muestran que MOVI Desarrollos, S.A. de C.V. fue constituida en 2019 por Rodrigo Molina Villares y Alonso Valenzuela del Río. En su origen se trataba de una empresa relativamente pequeña, pero con un objeto social diseñado para participar en todas las etapas del negocio inmobiliario, desde la adquisición de tierra hasta la urbanización y comercialización de desarrollos habitacionales.

La historia cambió rápidamente. Apenas meses después de su creación, la empresa aprobó una capitalización extraordinaria que elevó su patrimonio de 100 mil pesos a más de 11 millones de pesos. Los recursos provinieron principalmente de María Cristina Treviño Rivero, quien aportó 8 millones 663 mil pesos, además de Jorge Antonio Briceño Cabrera y la empresa M y M Agrícola del Sureste, S.A. de C.V.

La magnitud de la aportación resulta reveladora. María Cristina Treviño Rivero se convirtió en la principal fuente de financiamiento de la sociedad, concentrando cerca del ochenta por ciento del incremento de capital. Años después, la propia empresa reconocería adeudos derivados de aportaciones realizadas por la inversionista y acordaría su liquidación.

Mientras ingresaban los recursos, comenzó la adquisición sistemática de tierra. Diversos predios fueron incorporados al patrimonio de la empresa hasta conformar una superficie superior a los 529 mil metros cuadrados. Posteriormente, esos terrenos fueron unificados en un solo polígono y divididos en 1,175 lotes, una operación que revela la preparación de un desarrollo inmobiliario de gran escala.

La dimensión económica del proyecto permite entender la importancia de esos movimientos corporativos. La superficie total consolidada supera las 52 hectáreas. Si se divide entre los 1,175 lotes proyectados, cada lote tendría un tamaño promedio cercano a los 450 metros cuadrados.

Tomando como referencia los precios observados actualmente en desarrollos similares de la costa yucateca, los lotes podrían comercializarse en rangos que van de 250 mil a 500 mil pesos por unidad. Bajo un escenario conservador, el proyecto tendría un valor bruto superior a 293 millones de pesos. En un escenario medio, el valor alcanzaría alrededor de 411 millones. En un escenario alto, Marbella podría generar ingresos cercanos a los 587 millones de pesos.

La estimación más razonable ubica el valor comercial potencial del desarrollo entre 350 y 500 millones de pesos, una cifra que multiplica varias decenas de veces el capital originalmente aportado por los accionistas y permite dimensionar el verdadero alcance del negocio inmobiliario construido en Dzidzantún.

Paralelamente al crecimiento territorial, también se produjo una reconfiguración interna. Rodrigo Molina Villares dejó la presidencia del consejo y Alonso Valenzuela del Río abandonó la secretaría de la sociedad. El control operativo pasó a manos de Jorge Antonio Briceño Cabrera, quien recibió facultades prácticamente absolutas para administrar bienes, celebrar operaciones, representar legalmente a la empresa y tomar decisiones sobre el patrimonio corporativo.

A pesar de ello, Molina Villares permaneció dentro de la estructura como gerente administrativo, conservando un papel relevante dentro de la operación empresarial.

Otro de los actores que aparece constantemente en la documentación es M y M Agrícola del Sureste, sociedad constituida en 2017 por Miguel Eduardo Poot Cab y Arturo Artemio Suárez Lara. Aunque formalmente nació como una empresa dedicada a actividades agropecuarias, sus estatutos le permiten adquirir inmuebles, obtener financiamiento, celebrar contratos con entidades públicas y privadas y participar en proyectos de inversión.

La empresa aportó más de un millón y medio de pesos a MOVI Desarrollos y conservó participación accionaria incluso después de la reestructuración corporativa. Los documentos muestran además que Miguel Eduardo Poot Cab aparece vinculado desde etapas tempranas a la estructura que rodeó el nacimiento y consolidación de MOVI, lo que permite observar una relación empresarial constante entre ambas sociedades.

La culminación de esa estrategia aparece hoy reflejada en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bajo la clave 31YU2026UD058, MOVI Desarrollos, S.A. de C.V. figura como promovente del proyecto denominado “Construcción y Operación de Lotificación Marbella”, presentado mediante Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad particular.

La solicitud ambiental representa el paso definitivo dentro de una estrategia que puede seguirse documentalmente durante varios años. Primero llegaron las aportaciones millonarias. Después de la compra y concentración de tierra. Más tarde, la unificación de predios. Posteriormente, la división de la superficie en 1,175 lotes. Finalmente, apareció la gestión ambiental para desarrollar Marbella.

Los documentos públicos permiten identificar a los actores visibles de la operación: Rodrigo Molina Villares, Jorge Antonio Briceño Cabrera, Alonso Valenzuela del Río, María Cristina Treviño Rivero, Miguel Eduardo Poot Cab, Arturo Artemio Suárez Lara y la empresa M y M Agrícola del Sureste. Son los nombres que aparecen una y otra vez en los registros corporativos, inmobiliarios y societarios relacionados con el proyecto.

Lo que todavía permanece fuera de los documentos públicos es la explicación de fondo. La magnitud de la operación, el volumen de tierra concentrado, la velocidad con la que avanzaron los procesos corporativos y el potencial económico de un desarrollo valuado en cientos de millones de pesos abren interrogantes sobre las relaciones económicas, empresariales y eventualmente políticas que hicieron posible la consolidación de uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos que actualmente buscan abrirse paso en la costa yucateca. Marbella ya aparece en los registros oficiales. Lo que aún no aparece con claridad es quiénes son todos los intereses que se encuentran detrás del negocio.