MAGISTRADOS CORRUPTOS

*Una red corrupta y de tráfico de influencias opera en el Poder Judicial de Yucatán, magistrados nombrados por Mauricio Vila Dosal venden los procesos judiciales, para ello colocan a jueces a modo para presidir audiencias.

*Los jueces y magistrados, como si se tratara de la delincuencia organizada, pactan los resultados de los procesos judiciales, por lo cual una de las partes ya sabe antes el resultado de la audiencia.

– Integrantes de la mafia inmobiliaria gozan de inmunidad y protección por parte de la red judicial corrupta, uno de los beneficiados es Gabriel Guzmán Millet, traficante de tierras, quien opera para Mauricio Vila.

Una red de corrupción y de tráfico de influencias opera al interior del Poder Judicial de Yucatán, organismo impartidor de justicia que durante los últimos seis años se ha ido prostituyendo al mejor postor.

En la red participan magistrados, jueces y actuarios, quienes por medio de las audiencias y procesos judiciales legitiman los procesos penales, que en privado ya habían acordado.

Uno de los despachos que más ha sido favorecido es el de abogado Wilberth Cetina Arjona, a quien Mauricio Vila Dosal, nombró al principio de su administración como su fiscal general, sin embargo, por la lucha de poderes fue tumbado y se destaparon presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía que desencadenó su cese.

Cetina Arjona es el defensor por excelencia de los implicados en la llamada mafia inmobiliaria, donde Vila Dosal es señalado como uno de los cabecillas, los jueces locales los protegen por órdenes de los magistrados.

Tal es el caso de Gabriel Guzmán Millet, conocido como traficante de tierras, quien a pesar de las más de 15 denuncias en su contra no ha podido ser encarcelado.

En noviembre del 2022, la Juez Diana Yadira Garrido Colonia, a pesar del cúmulo de pruebas por el despojo de un terreno con valor de más de 50 millones de pesos en Seyé, negó la vinculación a proceso.

Magistrados como Mario Castro Alcocer, Adolfo González Martínez, Luis Armando Casanova, Mauricio Tappan Silveira y hasta la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdés, estarían involucrados en la red corrupta.

Es decir, todos estos fueron impuestos por el actual Gobierno, quien tiene el total control del Poder Judicial de Yucatán, el cual, a partir del 2021, perdió su autonomía y ahora solo cumple con los mandatos que llegan de Palacio de Gobierno.

Como si se tratara de la delincuencia organizada, esta red tiene un modus operandi bien definido.

Los magistrados por fuera llegan a un acuerdo con los despachos de abogados para favorecer a su cliente, en una transacción judicial de muchos ceros.

Luego asignan a jueces que recién han sido nombrados como Ricardo Dajdaj, Silvia Pamela Cetina Bautista, entre otros, para presidir audiencias judiciales amañadas.

El cinismo es tal que la parte beneficiada, mucho antes de que inicie la audiencia, ellos presumen que el resultado de la misma le favorecerá. Debido a que ya se acordó con alguno de los magistrados.

El propio colegio de abogados tiene varias denuncias de litigantes que han externado su descontento por los actos de corrupción, estas se han hecho llegar a la magistrada presidenta por medio de oficios, sin embargo, no ha ocurrido nada.

De acuerdo con litigantes, los nuevos magistrados y jueces, al igual que como estaban acostumbrados en la administración de Vila Dosal, nada más llegaron a hacer negocio con la justicia.

“Hoy Yucatán, es un Estado injusto, donde las leyes se mueven a base de dinero”, aseguraron.

Uno de los casos que aún está en proceso es el que se le sigue a un empresario estadounidense a quien el magistrado Castro Alcocer, en contubernio con la juez Silvia Pamela Cetina, lo intentan despojar de 50 hectáreas de tierras localizadas en Hunucmá.

La propiedad es de gran interés debido a que está localizado en un área con acelerado crecimiento, por lo que su plusvalía se incrementa cada vez más.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI), en el Poder Judicial es donde se registran los mayores casos de actos de corrupción entre magistrados y jueces.

De acuerdo con las estadísticas del Inegi, el 67.7% de los entrevistados dijo que jueces y magistrados son de los más corruptos, sin embargo, no supera a la policía, que tiene el 88.8% de percepción de ser corrupta.

Sin olvidar que los magistrados de Yucatán son de los mejores pagados del país, al grado de que la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, María Carolina Silvestre Canto Valdés, es la funcionaria con el mayor sueldo de Yucatán, gana más que el mismo gobernador, y que el secretario de Gobierno y casi dos veces lo que percibe el alcalde Mérida, Alejando Ruz Castro.

Asimismo, supera a lo que devenga al mes el mismo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, la magistrada María Carolina, tiene un sueldo de 155 mil 502 pesos, un bono de 24 mil 384 pesos para alimentación y 9 mil 500 pesos por vales de despensa, con lo cual suma la cifra de 189 mil 389 pesos, es la magistrada con el mayor sueldo en la historia del Poder Judicial.

Lo que obtiene es superior a lo que gana el gobernador, debido a que Vila Dosal tiene un sueldo de 149 mil 750, pesos y supera lo que gana el presidente López Obrador, por dirigir los destinos del país, ya que el mandatario gana 185 mil 823 pesos.

El alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, gana 99 mil 341 pesos al mes.

Por su parte, los otros 14 magistrados y magistradas, tienen sueldos estratosféricos, al obtener de manera mensual 155 mil 548 pesos, es decir, 142 mil 208 de su sueldo, 6 mil 840 pesos para alimentos y 6 mil 500 pesos en vales de despensa.

Además, el Tribunal Superior de Justicia, tiene que asignar 60 millones de pesos al año para pagar asesores, debido a que la mayoría carecen de la preparación al nunca haber litigado, pero fueron impuestos por el gobernador Mauricio Vila, para mantener el control del Poder Judicial.