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Las Acacias: del sueño al despojo
El NEGOCIO DE LAS CASAS FANTASMA
- Preventas, terrenos hipotecados, brokers, notarías, pagos a cuentas personales y promesas incumplidas conforman el entramado detrás de “Las Acacias”, el proyecto inmobiliario señalado por decenas de afectados que entregaron sus ahorros por un patrimonio que nunca existió.
- Mientras Ángel Santos Moisés captaba anticipos de hasta más de un millón de pesos, compradores firmaban documentos avalados por la Notaría 20, dirigida entonces por Luis Fernando Pino Barrera, sin saber que los predios presentaban problemas jurídicos e hipotecas.
- Víctimas entregaron desde 300 mil pesos hasta casi 2 millones por viviendas en Chichí Suárez que nunca se construyeron.
Redacción/Sol Yucatán
Lo que durante años fue vendido como una oportunidad para acceder a una vivienda en una de las zonas de crecimiento habitacional de Mérida, terminó convirtiéndose, para múltiples familias, en una pesadilla financiera, jurídica y emocional.
El caso del desarrollo Las Acacias, ubicado en Chichí Suárez, ya no apunta únicamente hacia un proyecto inmobiliario incumplido. Los testimonios, documentos, contratos, denuncias y señalamientos recabados muestran un patrón más complejo: una presunta red integrada por desarrollador, asesores, brokers, inmobiliarias, contratos protocolizados, múltiples notarías y operaciones financieras irregulares, todo envuelto en una apariencia de legalidad que permitió captar recursos por millones de pesos.
Mientras las casas prometidas jamás se construían, los compradores seguían entregando dinero. Mientras los terrenos permanecían hipotecados, las preventas continuaban. Y mientras las víctimas reorganizaban sus vidas alrededor de un patrimonio prometido, el proyecto seguía vendiéndose.
Las denuncias señalan como principal responsable del desarrollo a Ángel Santos Moisés, quien se presentaba ante compradores como desarrollador y operador del proyecto. La fórmula parecía atractiva.
Casas en preventa, posibilidad de elegir acabados, modelos personalizables, terrenos disponibles y pagos escalonados que hacían posible adquirir una vivienda sin desembolsar el costo total desde el inicio. La oferta funcionó. Desde 2023 comenzaron las operaciones.
Una madre de familia relató a Sol Yucatán que llegó al proyecto buscando estabilidad para ella y sus hijos. A través de una conocida fue contactada por Albania Curí, representante de la inmobiliaria Mexstage, quien posteriormente la canalizó con el asesor Ricardo Espinosa.
El mensaje era convincente: vivienda equipada, cocina integral, clósets, aires acondicionados, calentador y libertad para elegir acabados.
“Prácticamente nos dijeron que solo teníamos que llevar nuestra cama y nuestra ropa”, relató. Pero detrás de la narrativa comercial comenzó a construirse otro escenario.
Las víctimas describen visitas a terrenos trazados, calles abiertas, casas muestra, asesores certificados y una operación que aparentaba normalidad absoluta.
Todo parecía legal. Todo parecía listo. Todo parecía seguro. Esa fue precisamente la confianza que permitió que los pagos comenzaran a fluir.
PRESIÓN CONSTANTE
Uno de los elementos que más se repite entre los testimonios es el mecanismo utilizado para acelerar la entrega de dinero.
Las víctimas aseguran haber recibido el mismo mensaje: “Entre más dinero den, más rápido se construye”. Bajo esa lógica, compradores comenzaron a adelantar cantidades cada vez mayores.
Una de las afectadas asegura haber entregado más de un millón de pesos, acercándose a casi el 90 por ciento del valor total de una vivienda valuada en cerca de dos millones de pesos.
Otra víctima entregó 300 mil pesos de anticipo.
En otro caso documentado por este medio, una compradora pagó 20 mil pesos de apartado, 195 mil pesos iniciales y posteriormente mensualidades hasta completar 539 mil pesos, equivalentes al 25 por ciento del valor de una casa valuada en 2.15 millones de pesos.
La fecha pactada de entrega llegó.
La obra nunca apareció.
Los testimonios coinciden en un punto particularmente delicado: algunos pagos no fueron realizados a estructuras empresariales formalmente identificadas, fideicomisos o cuentas corporativas, sino directamente a cuentas personales vinculadas al desarrollador, una práctica que especialistas consideran riesgosa dentro del sector inmobiliario.
Pese a los retrasos, las explicaciones continuaban.
“Mañana te pago”. “Cuando entre un dinero”. “Cuando venda unas casas”. “En unos días”. Las promesas se repetían pero los reembolsos no llegaban.
TERRENOS HIPOTECADOS Y ESCRITURAS IMPOSIBLES
Uno de los hallazgos más graves del caso surgió cuando las víctimas comenzaron a investigar jurídicamente la situación del proyecto.
La conclusión fue demoledora.
Los terrenos ofrecidos dentro de Las Acacias se encontraban hipotecados y comprometidos financieramente.
Es decir, las viviendas prometidas enfrentaban un obstáculo fundamental: la escrituración podía resultar materialmente imposible mientras existieran gravámenes vigentes sobre los predios.
La información revisada por abogados y registros patrimoniales apunta a que parte de los terrenos ni siquiera se encontraba plenamente a nombre del desarrollador.
Algunos registros aparecen vinculados a terceros identificados como David, Joel y Manuel Quiñones Osorio, presuntamente relacionados con grupos empresariales de Tizimín.
A pesar de ello, las ventas continuaron, los contratos siguieron firmándose, los anticipos se siguieron cobrando y las familias siguieron creyendo que estaban comprando patrimonio.
De acuerdo con los testimonios, el esquema habría consistido en captar dinero mediante preventas mientras los terrenos eran utilizados como respaldo de obligaciones financieras.
APARIENCIA DE LEGALIDAD
La operación no se movía únicamente en conversaciones informales, había documentos, había contratos, había instrumentos protocolizados, y precisamente ahí surge otra línea de cuestionamientos.
La promesa de compraventa relacionada con el desarrollo fue protocolizada en la Notaría 20, encabezada por Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, actual director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán.
Posteriormente, tras incumplimientos y retrasos, se firmó un addendum fechado el 28 de julio de 2025, nuevamente en la misma notaría, incluyendo penalizaciones económicas por incumplimiento.
La vivienda nunca se entregó.
Las víctimas también mencionan operaciones vinculadas a otras notarías, entre ellas la Notaría 70 y referencias a la Notaría 93, donde —según testimonios— habrían existido inconsistencias documentales.
Las preguntas comenzaron a multiplicarse.
¿Quién revisó realmente las condiciones jurídicas del proyecto?
¿Quién verificó la situación patrimonial de los terrenos?
¿Hasta dónde llega la responsabilidad de intermediarios, asesores y operadores que participaron en las operaciones?
Porque justamente esa es una de las constantes que más repiten las víctimas:
“Todo estaba notariado. Todo parecía legal”.
RED DE INTERMEDIARIOS
El caso también abrió cuestionamientos hacia la actuación de brokers, asesores e intermediarios inmobiliarios.
Las víctimas señalan directamente a Albania Curí, vinculada con Mexstage, y al asesor Ricardo Espinosa, quienes participaron en la promoción y comercialización del proyecto.
De acuerdo con testimonios, ambos generaron confianza suficiente para impulsar las operaciones.
Posteriormente, cuando comenzaron los incumplimientos, las respuestas desaparecieron.
Uno de los testimonios aporta un dato particularmente delicado: algunos brokers habrían conocido que el desarrollador enfrentaba problemas severos de liquidez y adeudos millonarios, aun cuando el proyecto continuaba comercializándose.
Si ello se confirma, la discusión dejaría de centrarse únicamente en un desarrollador incumplido para extenderse hacia una posible red de intermediación que habría seguido promoviendo operaciones de alto riesgo.
DEL PRESUNTO FRAUDE A LA INTIMIDACIÓN
Cuando las denuncias comenzaron a hacerse públicas, el conflicto tomó otro rumbo.
Mariana Pérez Manjarrez, personal shopper inmobiliario que difundió testimonios de afectados en redes sociales, informó que enfrentó acciones legales impulsadas por Ángel Santos Moisés.
La noticia provocó indignación entre víctimas. Pérez Manjarrez reconoció que inicialmente pensó en retirar sus publicaciones por temor. Después cambió de postura, decidió mantenerlas visibles.
“Cada video representa a tanta gente afectada”, expresó.
Para las víctimas, el movimiento fue interpretado como un posible intento de frenar la exposición pública del caso, mientras continúan abiertas investigaciones y nuevas acciones legales.
Entre ellas destaca la carpeta FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025, presentada en enero de 2026.
EL BOOM INMOBILIARIO YUCATECO
El caso Las Acacias trasciende un solo desarrollo.
Pone bajo cuestionamiento un fenómeno más amplio: el crecimiento inmobiliario acelerado de Yucatán, donde la preventa se ha convertido, en muchos casos, en un mecanismo de financiamiento operado con controles insuficientes.
Las víctimas no solo perdieron dinero, perdieron tiempo, estabilidad, proyectos familiares y tranquilidad emocional. Algunas planearon mudanzas definitivas a Mérida.
Otras reorganizaron escuelas, trabajos, rentas y patrimonio alrededor de una casa que jamás existió.
Hoy, mientras continúan esperando devoluciones, justicia y respuestas institucionales, queda abierta una pregunta incómoda para el sector inmobiliario yucateco:
¿cuántos proyectos más siguen vendiéndose bajo una apariencia de certeza jurídica que, en la práctica, podría no existir?
Porque detrás de Las Acacias no solo aparecen casas sin construir, aparece un patrón que, de confirmarse judicialmente, exhibiría una maquinaria de captación de recursos sostenida por confianza comercial, contratos, intermediarios y promesas que nunca llegaron a convertirse en patrimonio real.