La paradoja del agua en la Península de Yucatán

ABUNDANTE EN LOS PAPELES, TRANSPARENTE EN LOS GRIFOS

Por Claudia V. Arriaga Durán

Bajo el suelo calcáreo y verdoso de la Península de Yucatán corre un tesoro invisible: un gigante acuífero subterráneo que representa la única fuente de agua dulce para toda la región. Sin embargo, la paradoja que viven sus habitantes es desgarradora. Aunque los registros oficiales indican que el agua «sobra», en la vida cotidiana de las comunidades la sed, la escasez y los pozos contaminados son una realidad que golpea a diario.

Según los datos técnicos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), la región cuenta con una disponibilidad media anual de 2,059.63 hectómetros cúbicos de agua, un volumen gigantesco que en el papel debería bastar para abastecer a todos. Sin embargo, el recurso simplemente no llega a los grifos de la gente.

¿A DÓNDE SE VA EL AGUA DULCE DE LA PENÍNSULA? 

La repartición del pastel muestra un claro desequilibrio territorial: el estado de Yucatán absorbe y extrae el mayor volumen con el 58%, seguido de Campeche con el 25% y Quintana Roo con apenas el 17%.

Calakmul y Quintana Roo: El dolor de no tener agua potable

Para entender la brecha entre las cifras del gobierno y la realidad, basta con mirar al sureste de Campeche. En el municipio de Calakmul y sus comunidades rurales como Conhuas y Xpujil, la sequía es una condena permanente. Ahí, la infraestructura pública de agua es un espejismo: las familias se ven obligadas a gastar sus pocos ingresos comprando pipas de agua, mientras que los campesinos locales observan con impotencia cómo sus cosechas se pierden por falta de riego.

La indignación en la zona va en aumento. Los habitantes denuncian que, mientras a ellos se le niega el acceso básico al recurso, los megaproyectos industriales y de infraestructura de la región se han apropiado de la poca agua potable disponible.

«Los megaproyectos tienen toda el agua que quieren, mientras nosotros tenemos que juntar pesos para pagar una pipa y ver cómo se nos mueren las milpas», expresan con impotencia los pobladores.

Una crisis similar afecta al estado vecino de Quintana Roo. En diversas comunidades, los vecinos han denunciado un fenómeno preocupante: a raíz de la construcción y los trabajos del Tren Maya, el agua de los pozos locales, que antes era dulce y apta para el consumo, se ha vuelto salada e impotable, dejando a pueblos enteros sin su principal fuente de abastecimiento cotidiano.

PAPELES, DECRETOS Y CANDADOS: ¿QUIÉN CONTROLA EL SUBSUELO?

La Península de Yucatán no es un territorio desprotegido en la ley, pero el entramado legal es complejo y muchas veces ineficiente. El acuífero está administrado principalmente por el Organismo de Cuenca XII «Península de Yucatán» (instalado en 1999) y, en menor medida al suroeste, por el Consejo de Cuenca «Ríos Grijalva y Usumacinta» (instalado en el 2000).

Para evitar que el agua se agote, el gobierno federal ha emitido cuatro decretos históricos de veda que limitan la perforación de pozos:

1964 (Quintana Roo): Veda Tipo III en Payo Obispo (hoy Chetumal), que permite extracciones limitadas para uso doméstico, riego e industria.

1975 (Campeche): Decreto de conservación para controlar la extracción en los límites del estado.

1981 (Quintana Roo): Veda Tipo II en Benito Juárez (Cancún) y Cozumel, que estricta y únicamente permite extraer agua para uso doméstico.

1984 (Yucatán): Veda Tipo II en todo el territorio estatal, restringida solo al uso doméstico.

Incluso para aquellas zonas que no tienen un decreto explícito, desde abril de 2013 rige un Acuerdo General que prohíbe perforar nuevos pozos o instalar cualquier bomba sin la concesión previa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Además, la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua clasifica a la región como Zona de Disponibilidad 3.

A pesar de esta lluvia de leyes, vedas y restricciones, la presión sobre el manto freático no para de crecer.

LA RADIOGRAFÍA DEL AGUA: ¿EN QUÉ NOS LA ESTAMOS GASTANDO?

Al cortar caja al 30 de diciembre de 2022, el REPDA registró un volumen total de extracción de 4,982.8 hectómetros cúbicos al año (con un uso total concesionado que supera los 5,185 millones de metros cúbicos). ¿Cómo se distribuye esa inmensa cantidad de líquido subterráneo?

Como revelan las cifras, el sector agrícola y el sector industrial/servicios absorben la abrumadora mayoría del agua, dejando apenas una fracción para el consumo humano de las familias en las ciudades y comunidades rurales.

Sal, naturaleza y el peligro del mar

Extraer tanto líquido del subsuelo no sale gratis. El acuífero de la Península de Yucatán es extremadamente delicado porque flota sobre una capa de agua marina. Si se saca demasiada agua dulce, la sal del mar entra a las galerías subterráneas y contamina los pozos.

El monitoreo oficial de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA) en 24 sitios de la región reveló que entre 2012 y 2022 la concentración de sólidos totales disueltos (STD) alcanzó niveles extremos de hasta 2,097 mg/l, lo que clasifica el agua de varios puntos directamente como salobre (superando por mucho el límite de 1,000 mg/l que establece la norma de salud NOM-127-SSA1-2021 para agua potable).

Además, el agua subterránea tiene una misión biológica vital: alimentar la riqueza natural del sureste. Del volumen total del agua, la naturaleza exige una descarga natural comprometida de 7,686.8 hm³ anuales. Este volumen no se puede tocar porque se destina a:

Frenar al mar (1,585.5 hm³): Salidas subterráneas de agua dulce necesarias para impedir la salinización de la península.

Proteger la selva y la costa (4,159 hm³): Mantener vivas las lagunas, esteros y ecosistemas.

Nutrir a los ríos (1,942.3 hm³): Mantener el flujo constante de ríos vitales como el Candelaria, Usumacinta y Mamantel.

Esta agua es el sostén ecológico de 18 sitios RAMSAR de importancia internacional (como los Pantanos de Centla, la Reserva Celestún, el Anillo de Cenotes o Lagunas de Yalahau) y 21 Áreas Naturales Protegidas, entre las que destacan joyas mundiales como la Reserva de la Biosfera Calakmul, Sian Ka’an, Tulum o el Parque Nacional Dzibilchaltún.

Un futuro amargo si no se frena el despojo

La Península de Yucatán se encuentra en una encrucijada crítica. Los datos oficiales demuestran que el agua dulce se está gestionando en los límites de la seguridad ecológica, mientras que sobre la tierra la desigualdad social se profundiza: las grandes industrias, el turismo masivo y los megaproyectos acaparan los pozos, al tiempo que las familias campesinas e indígenas pagan pipas caras o ven cómo sus pozos se vuelven salados.

Sin una revisión urgente de las concesiones, un freno a la contaminación y una verdadera justicia distributiva que ponga el consumo humano y a las comunidades locales por encima del desarrollo mercantil, la reserva de agua más importante del sureste mexicano corre el riesgo de convertirse en un triste recuerdo de papel.