La factura del poder

• Bomssa presuntamente utilizó contratos con la SEGEY para facturar mercancía que nunca fue entregada o que ni siquiera formaba parte de su catálogo comercial, denuncian trabajadores a  Sol Yucatán.
• Un presunto esquema contable incluía pagos fragmentados de nómina, operaciones fiscales y movimientos comerciales como artimañas fiscales.

Redacción/Sol Yucatán

La presunta fabricación de un delito, los autorrobos, los autosiniestros y las reclamaciones a aseguradoras serían únicamente una parte del entramado que, según informaron trabajadores de Bomssa a Sol Yucatàn, operó durante años al interior de la empresa. Los testimonios recabados por Sol Yucatán también apuntan hacia un presunto esquema de facturación y operaciones contables que involucraría contratos con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) y diversas maniobras administrativas que, afirman, permitían obtener beneficios económicos.

Los denunciantes sostienen que quienes hoy enfrentan un proceso penal conocían la forma en que se realizaban esas operaciones, razón por la que consideran que posteriormente fueron involucrados en una carpeta de investigación.

Uno de los señalamientos más delicados contenidos en los testimonios hace referencia a una carpeta documental que, según los informantes, contiene información sobre operaciones comerciales entre Bomssa y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, realizadas cuando Liborio Vidal Aguilar ya no ocupaba la titularidad de esa dependencia.

Los informantes afirman que la empresa habría facturado artículos que, según su versión, ni siquiera formaban parte de los productos que comercializaba habitualmente, con el propósito de ejercer recursos presupuestales previamente autorizados.

De acuerdo con los testimonios, dichas operaciones rondaban los dos millones de pesos y, según los denunciantes, la mercancía reportada en algunos casos no era entregada, permanecía almacenada en las bodegas de la empresa o era sustituida por otros productos. Aseguran que el objetivo consistía en justificar el ejercicio del presupuesto autorizado mediante operaciones que, consideran, presentan diversas irregularidades.

EL ESQUEMA CONTABLE

Los testimonios también señalan al contador José Carlos Magaña Navarrete, a quien identifican como una de las personas que, según afirman, operaba la estructura administrativa y financiera de Bomssa.

Los denunciantes sostienen que parte de la nómina era dispersada mediante depósitos divididos. Explican que un trabajador recibía una cantidad por la vía tradicional y otra mediante un segundo depósito que, según su versión, era facturado por el propio contador. Consideran que este procedimiento permitía modificar el tratamiento fiscal y laboral de esos pagos.

Afirman que el contador mantenía una estrecha relación profesional con Liborio Vidal Aguilar desde que éste se desempeñó como titular de la SEGEY, y sostienen que conocía el funcionamiento de las operaciones administrativas y fiscales de las empresas vinculadas al empresario.

Otro de los mecanismos descritos por los denunciantes está relacionado con la comercialización de mercancía.

Bomssa adquiría productos en ciudades de la frontera sur, como Chetumal y Tapachula, donde existe una tasa preferencial del 8 por ciento de IVA, para posteriormente trasladarlos a sucursales ubicadas en Mérida y Villahermosa, donde eran comercializados bajo la tasa general del 16 por ciento.

Los informantes consideran que el volumen de esas operaciones representaba un importante flujo económico y sostienen que debería ser revisado por las autoridades fiscales para determinar si las mismas se realizaron conforme a la legislación aplicable.

Asimismo, sostienen que existen firmas atribuidas a Susana Alexandra Vidal Cañetas, identificada como apoderada legal de Bomssa, en documentos relacionados con la administración y las finanzas de la compañía. De acuerdo con los testimonios, esas firmas aparecerían en autorizaciones vinculadas con operaciones internas de la empresa.

Los colaboradores y excolaboradores consultados por Sol Yucatán consideran que los hechos descritos ameritan la intervención de las autoridades competentes en materia fiscal, administrativa y de fiscalización de recursos públicos.

Afirman que el proceso penal iniciado contra tres excolaboradores ha impedido que estas presuntas irregularidades sean conocidas en su totalidad y sostienen que existen más personas dispuestas a declarar si cuentan con garantías suficientes para hacerlo.

Escríbenos en yucatan.sol.periodico@gmail.com