La danza de los millones del Peón Contreras

*El incendio del Teatro José Peón Contreras no solo consumió parte del emblemático recinto cultural de Yucatán, también abrió la puerta a un millonario negocio.

*El Gobierno de Mauricio Vila y de Joaquín Díaz Mena ha adjudicado millonarios contratos a la rehabilitación y adquirido equipamiento para un recinto que permanece cerrado.

*El inmueble abriría hasta el 2028, es decir, al menos dos años más seguirá la danza de los millones en una obra cuya asignación de recursos permanece en la opacidad.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El incendio del Teatro “José Peón Contreras”, considerado la catedral cultural de la Península de Yucatán, se ha convertido en una auténtica caja chica de recursos públicos.

Lo que debió ser un esfuerzo transparente y ejemplar para rescatar uno de los patrimonios más importantes del estado, terminó convirtiéndose en un lucrativo negocio para funcionarios de las administraciones de Mauricio Vila Dosal y Joaquín Díaz Mena.

Han transcurrido casi cuatro años desde el siniestro ocurrido en noviembre de 2022 y el teatro continúa cerrado.

Sin embargo, el dinero ha seguido fluyendo sin que exista claridad sobre el destino de decenas de millones de pesos destinados a su rehabilitación.

La opacidad ha sido el sello distintivo de ambos gobiernos, nadie ha explicado con precisión cuánto dinero se ha ejercido, cuáles fueron los trabajos realizados, quiénes los supervisaron y, sobre todo, por qué el inmueble continúa cerrado mientras las autoridades siguen anunciando estudios técnicos, equipamiento y contratos millonarios.

Uno de los mayores enigmas gira en torno a los 48 millones de pesos del seguro del teatro, hasta la fecha, no existe una explicación pública y detallada sobre cómo fueron utilizados esos recursos.

A ello se suman otros 12 millones de pesos destinados a un estudio técnico contratado por la Secretaría de la Cultura y las Artes para determinar las condiciones del inmueble y definir los trabajos necesarios para su rescate.

Sin embargo, la historia no termina ahí.

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció el año pasado la realización de otro estudio técnico con exactamente la misma finalidad, a pesar de que el gobierno anterior le debió entregar el estudio técnico sobre los daños, costos y rehabilitación.

A las dudas sobre los estudios técnicos se suma el misterio de los 48 millones del seguro, cuyos recursos parecen haberse evaporado en medio de un proceso que permanece oculto para los yucatecos.

La situación adquiere tintes todavía más escandalosos al revisar los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, los cuales fueron revisados por la Unidad de Investigación de Sol Yucatán.

A través de una adjudicación directa, el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán autorizó la obra pública denominada “Rehabilitación del Teatro José Peón Contreras (Primera Etapa)”, por un monto de 12 millones 50 mil pesos.

La empresa beneficiada fue Planisur S.A. de C.V., cuyo administrador único es Jorge Alberto Cetina Arceo, vinculado a Sergio Chan Lugo, funcionario de toda la confianza y con gran influencia en el mandatario yucateco.

Los trabajos iniciaron el 17 de julio y concluyeron el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo al contrato.

El contrato fue firmado por el director de Administración en suplencia del director general del organismo, Francisco Javier Aguilar Uc.

Lo más grave es que el documento no especifica cuáles fueron los trabajos realizados durante los 165 días que duró la obra.

Es decir, se pagaron más de 12 millones de pesos por una rehabilitación cuyos alcances continúan siendo desconocidos para la ciudadanía.

Pese a permanecer cerrado y sin fecha próxima de apertura, el gobierno estatal decidió destinar más recursos al equipamiento del inmueble.

El 4 de agosto de 2023 fue firmado el contrato denominado “Equipamiento del Teatro José Peón Contreras (Primera Etapa)”, mediante adjudicación directa y con un techo financiero de un millón 250 mil pesos.

La empresa beneficiada fue Barracrel S.A. de C.V., originaria de Guadalajara.

Nuevamente, el contrato no especifica qué equipamiento fue adquirido, ni cuáles fueron las necesidades que justificaron el gasto, ni tampoco dónde fueron colocados, ya que el inmueble permanece con escombros y hollín producto del siniestro.

Las adjudicaciones continuaron durante el proceso de transición gubernamental.

El 7 de junio de 2024, apenas cinco días después de las elecciones estatales, fue firmado el contrato IDE/24/ADQ/019 en favor de Grupo Sayori S.A. de C.V., por un monto de un millón 117 mil 944 pesos para equipamiento del recinto.

Resulta llamativo que el gobierno saliente continuara comprometiendo recursos públicos para un inmueble cuya restauración permanecía inconclusa y sin certeza sobre su apertura.

Ni siquiera el cierre del teatro ha impedido que continúe generando contratos.

La Plataforma Nacional de Transparencia revela cuatro contratos otorgados a Servilimpia para la recolección de basura del inmueble por un monto global de 599 mil 424 pesos correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y 2026.

Esto representa pagos mensuales superiores a los 12 mil pesos por recoger la basura de un edificio que permanece cerrado al público.

La situación resulta difícil de justificar. Un recinto que no recibe espectadores no realiza funciones teatrales ni actividades culturales, continúa generando gastos permanentes financiados con recursos públicos.

La titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza, informó recientemente que la reapertura del Teatro José Peón Contreras está prevista hasta el año 2028.

Es decir, los yucatecos deberán esperar prácticamente seis años después del incendio para volver a disfrutar del principal recinto cultural del estado.

Lo verdaderamente preocupante es que, durante ese periodo, decenas de millones de pesos han sido comprometidos en estudios técnicos, rehabilitaciones, equipamiento, servicios cuyos alcances permanecen en la opacidad, sin dejar a un lado que durante los próximos dos años se destinarán más recursos que los yucatecos tendrán que pagar.