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La ATY, 103 días a la deriva
Repercute de forma crítica en los siguientes ámbitos:
- Incertidumbre en la validez de los actos administrativos
- Falta de capacidad de gestión y decisión estratégica
- Colapso en la atención al usuario
- Inacción legislativa y vacíos de coordinación
- La urgencia de restituir el orden institucional
Redacción/Sol Yucatán
El 19 de junio de 2026, Sosa Novelo presentó su separación definitiva, configurándose la ausencia formal en la agencia desde el pasado 20 de junio. Aunque la operatividad básica quedó legalmente atribuida a la figura de encargado del despacho, la ausencia de una designación definitiva por parte del Congreso del Estado —a propuesta del Ejecutivo— ha rebasado los plazos razonables de sustitución institucional.
Esta vacancia prolongada repercute de forma crítica en los siguientes ámbitos:
Incertidumbre en la validez de los actos administrativos
La firma de acuerdos, autorizaciones presupuestales y regulación con concesionarios bajo la denominación imprecisa de un mandato provisional o de “interinato” expone a la dependencia a impugnaciones legales sobre la competencia y legitimidad de sus resoluciones.
Falta de capacidad de gestión y decisión estratégica. Un encargado de despacho cuenta con facultades administrativas limitadas a la continuidad del despacho ordinario. La ausencia de un titular con nombramiento constitucional impide la toma de decisiones normativas de fondo, la renegociación de contratos operativos de gran escala y la ejecución de reestructuraciones viales que demanda la ciudadanía.
Colapso en la atención al usuario. La falta de liderazgo político-administrativo en la ATY se traduce en una merma visible en la supervisión de frecuencias de las rutas, deficiencia en el mantenimiento de unidades y una nula capacidad de respuesta ante las constantes quejas sobre el servicio de camiones y el sistema Va y Ven.
Inacción legislativa y vacíos de coordinación
El artículo 75 Sexies de la Constitución Política del Estado de Yucatán encomienda al Congreso la ratificación del titular de la ATY previa propuesta remitida por el Poder Ejecutivo. El paso de los meses sin que se formalice dicho procedimiento parlamentario expone un vacío de prioridades políticas en un sector neurálgico para la vida cotidiana de las personas.
La urgencia de restituir el orden institucional
El transporte público no puede gestionarse indefinidamente en la provisionalidad. Dejar a la Agencia de Transporte de Yucatán acéfala por más de tres meses erosiona el principio de seguridad jurídica, compromete la eficiencia del servicio y perjudica directamente a los usuarios que dependen a diario de una red de movilidad eficiente. Es indispensable que el Congreso del Estado y el Ejecutivo estatal destraben el procedimiento de designación para dotar a la ATY de una cabeza formal capacitada para tomar decisiones con la certeza legal requerida.