La alianza policial e inmobiliaria que asfixia a yucatán

Megaproyectos y despojo

Separados por 44 kilómetros, Ixil y Ucú comparten una misma lucha contra el acaparamiento de sus tierras ancestrales: un esquema de fraude inmobiliario y presión por el megaproyecto del Tren Maya, respaldado por la violencia policial y la criminalización de las comunidades que se resisten.
Por Claudia V. Arriaga Durán

“Nos escondimos en una casa y nos tiraron gas. No respetaron ni a los niños. Nos escondíamos como si fuéramos delincuentes, ¿por qué? Si solo estamos peleando nuestro derecho, ¿por qué nos hacen esto? (…) Luchamos por nosotros, por nuestros hijos, por la tierra de la que comemos, ¿se sienten más que nosotros?”, narró con angustia Leonilda, una de las mujeres del Consejo Comunitario de Ixil, quien ese día, junto con otras personas del pueblo maya, luchó contra el despojo de la tierra.

El 17 de agosto de 2023, hace tres años, más de 300 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lanzaron gas lacrimógeno y piedras a las mujeres y hombres que defendían sus parcelas frente al intento de privatización orquestado por los empresarios Gerardo Millet Palomeque, Andrés Abimerhi Briseño y Gerardo Millet Menéndez.

Se trata de 324 hectáreas que aún continúan en litigio.

“Fue algo traumático porque, en lugar de contar con el apoyo de las autoridades estatales, la SSP estuvo a favor de las inmobiliarias, como se dice, del lado de la gente con dinero. La sorpresa fue cuando nos avisaron que había muchas patrullas en el pueblo”, relató otra de las defensoras.

Los habitantes del pueblo maya de Ixil advirtieron que las familias Millet y Abimerhi se apropiaron de las tierras mediante un fraude. Explicaron que los títulos de propiedad no derivan de ninguna compraventa efectuada por los pobladores, sino de una serie de maniobras opacas de adquisición, unificación y división de predios realizadas a espaldas de la comunidad.

Entre gritos y el humo del gas lacrimógeno de aquel día, mujeres, hombres, niñas y niños buscaron resguardarse en una vivienda.
Son transacciones ejecutadas sobre tierras ancestrales que la propia población ha cultivado históricamente, cuyo origen se remonta a una primera inscripción de compraventa entre dos hermanos que jamás acreditaron la propiedad inicial, replicando así el mecanismo característico de acaparamiento territorial empleado durante el porfiriato.

La tensión aumentó cuando, tras el primer despliegue de las unidades de la SSP, los agentes estatales prohibieron el paso a las parcelas. Varias personas intentaban cruzar, como todos los días, para regar sus siembras, alimentar a sus animales o trabajar la tierra.

Entre gritos y el humo del gas lacrimógeno de aquel día, mujeres, hombres, niñas y niños buscaron resguardarse en una vivienda colindante con los terrenos que los empresarios ordenaron cercar.

Los empleados de los presuntos propietarios comenzaron a delimitar las 324 hectáreas con alambre de púas. Además, colocaron letreros en los que advertían a los campesinos mayas que traspasar el cerco metálico constituía un delito castigado con cárcel.

“La policía nos dijo que nos darían 10 mil pesos por persona para desalojar mientras los empresarios tomaban posesión”.
“La policía nos dijo que nos darían 10 mil pesos por persona para desalojar mientras los empresarios tomaban posesión”, esbozó con indignación una campesina.

Las agresiones más frecuentes contra las personas que defienden el territorio y el medio ambiente son la estigmatización, la intimidación y la difamación, de acuerdo con datos del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2025, publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Aunque Yucatán no figura entre las entidades del país con el mayor número de casos registrados, tampoco representa una excepción. Precisamente contra el Consejo Comunitario de Ixil se inició un proceso legal derivado de una denuncia que derivó en la vinculación a proceso de dos de sus integrantes, Guillermo y Cecilio, así como de Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, organización que acompaña la lucha del pueblo.

En mayo de este año, la jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez les impuso como medidas cautelares la firma mensual y la prohibición de salir del estado. Las familias Millet y Abimerhi los denunciaron por la presunta comisión del delito de despojo de cosa inmueble por defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Los habitantes del pueblo maya de Ixil advirtieron que las familias Millet y Abimerhi se apropiaron de las tierras mediante un fraude.
“Fue algo terrible lo que pasó; se supone que están para salvaguardar al pueblo y en esa ocasión fue todo lo contrario”, pronunció con la voz entrecortada otra de las mujeres defensoras de Ixil.

El uso de la fuerza pública para favorecer a los empresarios inmobiliarios evidencia el patrón del despojo en Yucatán, en medio de un boom inmobiliario donde el concreto se valora más que un árbol o una cosecha.

Ucú: la resistencia compartida a 44 kilómetros

La distancia por carretera entre Ixil y Ucú es de aproximadamente 44.1 kilómetros, un trayecto en automóvil de poco más de una hora. Ambos municipios comparten la condición de ser pueblos mayas en resistencia contra el despojo y el hostigamiento policial de la SSP para frenar su derecho a la protesta.

“Si por defender mis derechos me van a llevar preso, que así sea”, reclamó el comisario del ejido de Ucú, de pie en la parcela 21, territorio del que fueron despojados y por donde cruzará el Tren Maya en su fase de carga.

Desde abril de este año, las y los campesinos mayas de Ucú iniciaron una protesta para denunciar el fraude del que fueron víctimas. Señalaron como responsables del despojo al actual presidente municipal de Ucú y excomisario ejidal, Gener Pech, al ejidatario Santos David, y a los empresarios Arturo Millet y Roberto Elías Moisés Trujillo.

A partir del 29 de septiembre, cuando retomaron las movilizaciones, la presencia policial se ha intensificado. En un inicio arribaron unidades de la SSP y drones, posteriormente, algunos elementos cortaron el cerco instalado por los campesinos para delimitar las 194 hectáreas que buscan recuperar. La negativa del ejido maya a retirarse conllevó la llegada de binomios K9 y el despliegue de una antena para inhibir la señal de telefonía celular.

“Yo le hago una pregunta al gobierno: ¿por qué no usan su fuerza para apoyar a la ciudadanía? ¿Por qué violan nuestros derechos para cumplir sus proyectos? ¿A quién están defendiendo?”, cuestionó Felipe.

El proceso de asignación y posterior venta de la parcela 21, de 194 hectáreas, comenzó en 2008 con su adjudicación al ejidatario Santos David Pech Dzul. En 2016, Pech Dzul vendió el terreno al empresario Arturo Millet con la intervención del entonces comisario ejidal y posterior alcalde de Ucú, Gener Ismael Pech León.

La operación se concretó sin la aprobación de la asamblea ejidal y sin el pago correspondiente al ejido. Posteriormente, la propiedad fue transferida al empresario Roberto Elías Moisés Trujillo.

La transferencia a Moisés Trujillo se justificó formalmente mediante una presunta deuda de 10 millones de pesos contraída por Pech Dzul en 2003. Sin embargo, los ejidatarios sostienen que dicho préstamo nunca existió, cuestionando la verosimilitud de un crédito de tal magnitud otorgado a una persona sin garantías financieras.

Roberto Elías Moisés Trujillo figura en la base de datos de Offshore Leaks vinculado a Trujillo Holdings LLC, sociedad constituida el 2 de noviembre de 2005 e inscrita por el agente Commonwealth Trust Limited.

La entidad, actualmente inactiva, conecta operaciones entre San Cristóbal y Nieves y Estados Unidos, registrando a Antonio Trujillo y CSL (BVI) como directores. Su red corporativa incluye intermediaciones con Corporate Research LLC, con sede en Cincinnati, Ohio.

Cabe destacar que existe una denuncia presentada contra Moisés Trujillo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, registrada bajo la carpeta 591/2026 por la presunta comisión de hechos delictivos.

Otro de los empresarios involucrados es Arturo Millet Reyes, quien se encuentra prófugo de la justicia tras evadirse de la custodia policial el 27 de agosto de 2026 en Mérida. La medida cautelar de prisión preventiva había sido dictada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias dentro del expediente 150/2022J3ES, al determinarse el incumplimiento en el pago de una reparación del daño fijada en 2.8 millones de dólares.

Para escapar, Millet simuló un malestar de salud y aprovechó la falta de vigilancia en el hospital.

La lucha de estos municipios yucatecos por su territorio en distintos momentos, a tres años de distancia y separados por más de 44 kilómetros, evidencia la constante criminalización de la defensa de los derechos del pueblo indígena maya frente a los intereses empresariales.