Juez frena a la JAPAY

• En medio de la creciente crisis de agua que golpea a miles de familias en Mérida, la JAPAY sumó un nuevo escándalo Mujer jubilada obtiene un amparo federal contra cobros ilegales y contra los intentos de suspenderle el suministro.

Redacción/Sol Yucatán

En medio de la creciente crisis de agua que golpea a miles de familias en Mérida, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) sumó un nuevo escándalo, luego de que una mujer jubilada obtuviera un amparo federal contra cobros considerados ilegales y contra los intentos de suspenderle el suministro del vital líquido.

El caso exhibe el nivel de confrontación social que enfrenta la dependencia encabezada por Francisco Torres Rivas, en momentos en que vecinos de diversas colonias ya comenzaron a manifestarse por la falta de agua, la baja presión y la deficiente atención por parte del organismo.

La afectada, identificada en el expediente judicial como Irma Lucelly Canto Ruiz, acudió inicialmente a reclamar ante la JAPAY después de recibir cobros excesivos por consumo de agua potable. Sin embargo, lejos de encontrar una solución, presuntamente solo le respondieron que el consumo sí había sido realizado.

Ante ello, la adulta mayor promovió el juicio de amparo 1497/2025 ante el Juzgado Sexto de Distrito en Yucatán, donde finalmente un juez federal le dio la razón y ordenó frenar los cobros irregulares.

La resolución resultó demoledora para la JAPAY, pues el juzgado determinó dejar sin efecto todos los cobros generados desde mayo de 2025 hasta enero de 2026, periodo en el que la dependencia mantuvo las facturaciones cuestionadas.

Pero el conflicto escaló todavía más.

De acuerdo con el expediente, mientras avanzaba el litigio la JAPAY pretendía suspender el servicio de agua potable a la mujer; sin embargo, el juez federal intervino y protegió el derecho humano al agua de la jubilada.

Incluso, dentro de la sentencia, el juzgador ordenó que se garantizara a la afectada un “mínimo vital” de 75 litros diarios de agua potable mientras se resolvía el conflicto y se recalculaban los cobros.

El fallo también exhibe un enfoque poco común en este tipo de litigios administrativos, ya que el juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez tomó en consideración la situación económica y vulnerable de la mujer, quien depende de una pensión jubilatoria.

La resolución advierte que un cobro excesivo podría afectar directamente su patrimonio, su alimentación, atención médica y condiciones de vida, por lo que determinó que cualquier pago no podía superar el cinco por ciento de sus ingresos.

El expediente incluso menciona conceptos relacionados con comida, vestido, habitación y atención geriátrica como parte de los derechos que debían protegerse.

Otro de los golpes para la dependencia estatal fue que, tras el amparo, el supuesto adeudo terminó reducido a apenas 624 pesos.

Es decir, después de meses de conflicto y de los intentos por cobrar cantidades elevadas, el monto final reconocido oficialmente fue mínimo en comparación con el cobro original que detonó la inconformidad.

Además, el juzgado tuvo que apercibir en varias ocasiones a la JAPAY para que cumpliera con la sentencia federal, advirtiendo multas superiores a los 26 mil pesos por desacato.

Posteriormente, la autoridad judicial volvió a requerir a la dependencia bajo nuevas amenazas de sanción económica en caso de incumplimiento.

Además, entre usuarios de la JAPAY comienza a crecer la percepción de que este caso no sería un hecho aislado. Trabajadores y ciudadanos señalan que la denuncia de la jubilada únicamente salió a la luz porque la afectada decidió acudir ante instancias federales y exhibir públicamente la situación; sin embargo, existe la sospecha de que podrían existir más casos similares de cobros excesivos, presuntas irregularidades administrativas y amenazas de suspensión del servicio que muchas personas no denuncian por miedo, desconocimiento o falta de recursos legales. Incluso, voces críticas advierten que estas prácticas podrían formar parte de un presunto modus operandi tolerado por directivos en turno de la dependencia para incrementar la recaudación a costa de los usuarios, en medio de una crisis hídrica que mantiene molesta a gran parte de la ciudadanía.

El caso ocurre en medio del creciente descontento ciudadano contra la JAPAY.

Apenas hace unos días, vecinos de la colonia Miguel Alemán se manifestaron frente a las oficinas de la dependencia para denunciar la falta de agua y la baja presión que afecta a cientos de familias, pese a que continúan pagando puntualmente el servicio.

Los inconformes denunciaron estar cansados de la ineficiencia y acusaron a la dependencia de no ofrecer soluciones reales, mientras la crisis hídrica sigue agravándose en Mérida.

La situación se ha intensificado durante las últimas semanas debido a las altas temperaturas y al aumento en la demanda del servicio. Incluso, reportes internos señalan que más de 50 mil predios registraron problemas de agua potable recientemente, principalmente en el norte y poniente de la ciudad.

En medio de este escenario, el caso de la jubilada se convirtió en otro símbolo del desgaste que enfrenta la JAPAY, una dependencia cada vez más señalada por fallas operativas, cobros cuestionados y deficiente atención a los usuarios.

Finalmente, la sentencia quedó firme después de que ninguna de las partes promoviera recursos legales contra la resolución.

El fallo dejó un mensaje contundente: ni siquiera una dependencia estatal puede colocar la burocracia y la recaudación por encima del derecho humano al agua y de la subsistencia de una adulta mayor.