JESSICA, DINERO SUCIO

*Recursos económicos de la mafia pepinera encabezada por Martín Velázquez, pero también de empresarios del norte del país, que habían estado involucrados con los tiburones rellenos de droga, es decir, con células del Cártel de Sinaloa.

* El enlace, según investigaciones de Sol Yucatán, sería su suegro Juan Zacarías Dip, dueño de la procesadora y exportadora Pescamex, quien desde hace más de 20 años es la persona más poderosa económicamente y políticamente de Progreso y de la Costa de Yucatán.

*La candidata aún tiene vigente una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación por un presunto desvío de 12 millones de pesos cuando fue titular del Conafe, sin embargo, está en la congeladora.

Jessica Saidén Quiroz, hija del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, y actual candidata de Morena a la diputación federal por el VI Distrito, hay sospechas de que podría estar recibiendo financiamiento de dudosa procedencia.

De acuerdo con fuentes de Sol Yucatán, la llamada princesa pepinera, estaría recibiendo recursos económicos de la mafia pepinera encabezada por Martín Velázquez, pero también de empresarios del norte del país, que habían estado involucrados con los tiburones rellenos de droga, es decir, con células del Cártel de Sinaloa.

El enlace, según las investigaciones, sería su suegro Juan Zacarías Dip, dueño de la procesadora y exportadora Pescamex, quien desde hace más de 20 años es la persona más poderosa económicamente y políticamente de Progreso y de la Costa de Yucatán.

Junto con Martín Velázquez, controlarían la pesca furtiva de especies en veda, principalmente pepino de mar, caracol y pulpo, la cual procesan y exportan a través de Pescamex.

A Juan Zacarías le atribuyen la derrota priísta en el puerto, ahora busca que su nuera, Jessica Saidén, se convierta en diputada federal, luego de que priístas la traicionaron cuando se postuló como candidata a la alcaldía de Progreso.

Jessica, literalmente, se está financiando su campaña como diputada federal, debido a que “Huacho” Díaz Mena, le ha brindado muy poca o casi nada de ayuda, tampoco ha recibido dinero de la dirigencia nacional, solo lo que le ha otorgado de ley el INE.

Sin embargo, los recursos son insuficientes para la dimensión del Distrito que abarca todo Kanasín y colonias del Oriente de Mérida.
No hay que olvidar que, la primogénita de los Saidén, ha chapulineado de partido a partido en busca de ganar una elección.

Lo hizo del PRI al PAN, luego del PAN a Morena, sin embargo, la realidad es que nunca ha podido ganar una elección.

Para muchos, se ha apresurado en su carrera política, debido a que de haberse conservado ya sea en el PRI o PAN, ya la hubieran colocado en una candidatura plurinominal.

Asimismo, Jessica todavía tiene una auditoría sin resolver en el 2017, por un desfalco al “Conafe” de más de $12 millones, pues desvió recursos y hasta boletos de vuelos de aviones al extranjero para sus familiares.

Según información recabada, Jessica Saidén, ex delegada del Conafe, y Nidia Karime Medina Pedro, ex jefa de Servicios Administrativos de esa institución, negociaron en el 2017 con el gobernador Rolando Zapata para que frenará una auditoría en su contra y así escaparon de ir a juicio, no devolver los $12 millones y evitaron la inhabilitación de un cargo público.

En el 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó los malos manejos de Jessica Saidén y Nidia Karime al frente de la Delegación del Conafe Yucatán. El dinero faltante llegaba a los 12 millones de pesos, ya que no pudieron comprobar el pago de varios gastos indebidos, como el pago de boletos de vuelos de avión al extranjero de personas que no trabajaban para el Conafe.

Según información recabada, el Órgano Interno de Control del Conafe, hizo la auditoría 21-810/2017, luego lo dio a conocer a la Secretaría de la Función Pública y los auditores revisaron y corroboraron que Jessica Saidén y Nidia Karime tenían irregularidades por el monto antes señalado, el cual debieron cubrir o devolver el dinero, pero nunca lo hicieron.

La Secretaría de la Función Pública tampoco informó a qué acuerdo llegaron o si justificaron el desvío de recursos por $12 millones, pero ahora, Jessica Saidén busca el voto de morenistas para ser la coordinadora de la defensa de la 4T y aspira a ser la candidata a la gobernatura de Yucatán.

Entre los faltantes de dinero está un apoyo económico de $1.972,169, dinero de acciones de formación y seguimiento que no se les pagó a figuras educativas del Conafe en los meses: octubre, noviembre y diciembre del 2016.

Tampoco se pagaron los cursos de capacitación para el fortalecimiento a la educación comunitaria de las regiones de Valladolid, Mérida, Tekax, Peto, Tizimín y Motul, por un monto de $1.081,792 pesos, además de 116,000 pesos por concepto de servicios de alimentos a figuras educativas del premio Conafe.

Tampoco lograron explicar dónde acabó un millón de pesos que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) otorgó al Conafe por concepto de aportaciones de recursos, no presentaron ningún documento que diga en qué se gastó ese dinero, tampoco pudieron justificar $1,102,468 en la adquisición de bienes y servicios, e incumplimiento a las disposiciones aplicables para el registro en el Sistema CompraNET.

En la auditoría, hay documentos en los que no pudo comprobar los boletos de avión utilizados por personas no adscritas a la Delegación de Conafe, por un monto de $244,496 pesos, además del gasto de 45 mil pesos, como pago de personal eventual que no realizan registros de entrada y salida en las tarjetas de la institución.

Jessica Saidén y Nidia Karime tampoco comprobaron y mucho menos justificaron por qué se emitieron 11 cheques a nombre de los coordinadores regionales por un monto de 2.9 millones de pesos, de recursos asignados por el Gobierno del Estado.

Estos son algunas de las muchas irregularidades que cometieron en el Conafe, auditoría que todavía está archivada.

En su momento, por el peso político de la figura de su papá, Luis Felipe Saidén Ojeda, al frente de la seguridad de Yucatán y su incursión como Consejera de Morena en Yucatán, la denuncia está en la congeladora.

En su declaración patrimonial del 2018, Jessica no quiso transparentar sus propiedades, como consta en el documento de la Secretaría de la Función Pública.