Ivey: viviendas fast track

• Un contrato por más de 5.5 millones de pesos otorgado por el IVEY a la empresa TS23, vinculada a los hermanos Valenzuela Molina, desata cuestionamientos sobre su función en el sector constructor

• Constructores consultados aseguran que TS23 no cuenta con la infraestructura suficiente para ejecutar directamente 52 acciones de vivienda en dos municipios distintos en tan corto plazo.

• El contrato fue formalizado con un plazo de ejecución de 50 días naturales, del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Es decir, en pleno cierre presupuestal, cuando la presión por ejercer recursos antes de concluir el año fiscal suele acelerar procesos administrativos.

Redacción/Sol Yucatán

El director ejecutivo de Invex en Mérida, Heberto Valenzuela Molina, aparece como socio y gerente de la empresa Consultora y Comercializadora Inmobiliaria TS23, S. de R.L. de C.V., sociedad constituida en 2017 junto con Mauricio Alejandro Valenzuela Molina y Diana Gabriela Valenzuela Molina, quienes comparten participación accionaria dentro de una estructura empresarial de carácter familiar.

Esa empresa fue beneficiada por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), encabezado por Felipe Cervera Hernández, con un contrato por 5 millones 598 mil 050 pesos para la “Construcción de 52 acciones de vivienda” en los municipios de Panabá (42 viviendas) y Sucilá (10 viviendas).

El recurso proviene del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), un fondo de naturaleza federal destinado a combatir el rezago social y mejorar condiciones de vivienda en comunidades vulnerables. Se trata, por tanto, de dinero etiquetado para población de bajos ingresos.

El contrato fue formalizado bajo la modalidad de licitación pública estatal, con un plazo de ejecución de 50 días naturales, del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Es decir, en pleno cierre presupuestal, cuando la presión por ejercer recursos antes de concluir el año fiscal suele acelerar procesos administrativos.

El documento contempla un anticipo del 30 por ciento, equivalente a aproximadamente 1.6 millones de pesos, así como garantías por cumplimiento y vicios ocultos. En el papel, el contrato incluye penalizaciones por atraso y causales de rescisión en caso de incumplimiento.

Sin embargo, la adjudicación ha generado inconformidad en algunos empresarios del ramo que participaron o intentaron participar en el proceso. Constructores consultados aseguran que TS23 no cuenta con la infraestructura suficiente para ejecutar directamente 52 acciones de vivienda en dos municipios distintos en tan corto plazo.

“Es una empresa que subcontrata todo y solo administra la facturación”, señala uno de los competidores que pidió reservar su identidad. Otro empresario afirma que en el sector se le considera una empresa que opera como intermediaria más que como constructora con capacidad técnica propia.

Hasta el momento no existe resolución oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que clasifique a la empresa como emisora de facturación simulada, sin embargo, las señales de que la compañía pisa sobre el terreno de ser “facturera” son variadas.

El objeto social de la empresa es amplio: construcción, comercialización inmobiliaria, compra y venta de maquinaria, gestión de créditos, desarrollo turístico, entre otros rubros. Ese tipo de redacción permite participar en múltiples giros económicos y facilita su presencia en diversos esquemas de contratación pública.

Otro elemento que ha generado comentarios es la ubicación geográfica de las obras. Panabá y Sucilá son municipios del oriente de Yucatán que han sido mencionados públicamente como zonas donde el actual gobernador, Joaquín Díaz Mena, posee propiedades rurales.

No existe evidencia documental que vincule el contrato con intereses personales del mandatario. No obstante, la coincidencia territorial ha alimentado la percepción de que los recursos de vivienda social se concentran en municipios políticamente estratégicos.

La interrogante central es si las 52 acciones de vivienda fueron efectivamente concluidas en tiempo y forma antes del 31 de diciembre de 2025, o si fue necesario firmar convenios modificatorios para ampliar plazos o ajustar montos.

El contrato establece que la empresa debe notificar la conclusión de los trabajos para que el IVEY realice la verificación correspondiente y proceda a la recepción formal. Sin embargo, hasta ahora no se han difundido públicamente actas de entrega-recepción, bitácoras de obra ni estimaciones pagadas que permitan a la ciudadanía constatar el cumplimiento físico de las viviendas.

En proyectos financiados con recursos FISE, la transparencia es un elemento clave, pues están sujetos a auditorías y revisiones tanto estatales como federales. Cualquier desviación en el ejercicio del recurso puede derivar en observaciones administrativas.

El monto global equivale a poco más de 107 mil pesos por acción de vivienda, una cifra que debe contrastarse con especificaciones técnicas, calidad de materiales y superficie construida para determinar si corresponde a parámetros reales de mercado.

En Yucatán, la obra pública ha sido históricamente un terreno donde convergen intereses empresariales y políticos. La combinación de recursos sociales, licitaciones con competencia limitada y ejecución en plazos reducidos suele generar dudas que solo pueden despejarse con documentación abierta y verificable.

Consultora y Comercializadora Inmobiliaria TS23 no es una empresa nueva. Fue constituida hace ocho años y ha participado en contratos públicos. Lo que hoy la coloca bajo la lupa no es una sentencia ni una inhabilitación, sino la suma de factores: estructura familiar, adjudicación millonaria, anticipo considerable y versiones insistentes de competidores que cuestionan su capacidad operativa.

En ausencia de pruebas concluyentes, el debate permanece en el terreno de las percepciones. Pero cuando se trata de vivienda social financiada con recursos destinados a combatir el rezago, las percepciones importan.

La transparencia no solo implica publicar contratos, implica demostrar con hechos que cada peso invertido se traduce en techos dignos para familias que realmente lo necesitan.

Mientras no se presenten públicamente las evidencias físicas de las 52 viviendas terminadas y entregadas, el contrato seguirá moviéndose en la delgada línea entre la legalidad formal y la sospecha empresarial.

Y en materia de obra pública, la sospecha rara vez surge de la nada.