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Inmobiliarias arrasaron 11 mil HAS.
- Solo en el sexenio anterior se autorizaron mil 269 desarrollos inmobiliarios que ocuparon más de 8 mil 560 hectáreas. De acuerdo con datos ambientales, en una década desaparecieron cerca de 10 mil 800 hectáreas de vegetación nativa para dar paso al crecimiento urbano.
- La expansión de fraccionamientos, privadas residenciales, complejos turísticos y parques industriales modificó el paisaje de Mérida y de buena parte de la zona costera y metropolitana
- Investigaciones de Sol Yucatán revelaron que al menos 20 patentes de notarios habrían sido comercializadas en aproximadamente 1.5 millones de pesos cada una, lo que habría representado operaciones por cerca de 30 millones de pesos
Redacción/Sol Yucatán
Desde Rolando Zapata se empezó a prometer crecimiento económico, inversiones y modernización. Seis años después, dejó una entidad profundamente transformada por el concreto.
Bajo el discurso de la seguridad y la llegada de capitales, Yucatán vivió uno de los mayores auges inmobiliarios de su historia. La expansión de fraccionamientos, privadas residenciales, complejos turísticos y parques industriales modificó el paisaje de Mérida y de buena parte de la zona costera y metropolitana.
Sin embargo, detrás de la narrativa del desarrollo también surgieron señalamientos por devastación ambiental, especulación inmobiliaria, operaciones cuestionadas con terrenos de alta plusvalía y una estructura jurídica que facilitó el crecimiento del negocio inmobiliario.
Los números reflejan la magnitud del fenómeno.
Tan solo durante el sexenio de Vila se autorizaron mil 269 desarrollos inmobiliarios que ocuparon más de 8 mil 560 hectáreas. De acuerdo con datos ambientales, en una década desaparecieron cerca de 10 mil 800 hectáreas de vegetación nativa para dar paso al crecimiento urbano.
Municipios como Mérida, Conkal, Kanasín, Ucú, Umán, Hunucmá, Progreso, Telchac Puerto y Dzidzantún se convirtieron en el epicentro de una expansión sin precedentes.
El negocio de la seguridad
La estrategia fue simple y efectiva.
Durante años, Rolando Zapata y Mauricio Vila promovieron a Yucatán como el estado más seguro del país. La imagen atrajo a miles de personas provenientes de entidades afectadas por la violencia y generó una creciente demanda de vivienda.
Empresas inmobiliarias encontraron el escenario perfecto.
De acuerdo con datos del sector, entre 2019 y 2024 se edificaron alrededor de 300 desarrollos inmobiliarios que en conjunto construyeron más de 50 mil viviendas.
La población de Mérida también creció aceleradamente. Mientras en 2010 rondaba los 700 mil habitantes, para 2020 alcanzó cerca de 990 mil y actualmente supera el millón de habitantes.
La consecuencia fue inmediata: la tierra se convirtió en uno de los activos más valiosos de Yucatán.
Terrenos que años atrás tenían un valor relativamente bajo comenzaron a multiplicar su precio conforme avanzaban los desarrollos residenciales y comerciales.
La plusvalía se disparó y con ella llegaron inversionistas, constructoras y grupos empresariales interesados en aprovechar el nuevo mercado.
El crecimiento tuvo un costo.
Especialistas han advertido que la expansión inmobiliaria impulsada durante los últimos años provocó una devastación ambiental sin precedente.
Más de 10 mil 800 hectáreas de vegetación desaparecieron para abrir paso a desarrollos habitacionales, industriales y turísticos.
La cifra coloca a Yucatán entre las entidades con mayor crecimiento inmobiliario del país, pero también entre las más afectadas por la pérdida de cobertura vegetal.
Académicos han señalado que la eliminación masiva de monte provoca el desplazamiento de fauna, incrementa las temperaturas y reduce las barreras naturales ante fenómenos meteorológicos.
A pesar de ello, durante el sexenio de Vila continuaron autorizándose cambios de uso de suelo y nuevos desarrollos en diversas regiones del estado.
Las críticas apuntaron particularmente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependencia encargada de evaluar y autorizar proyectos que modifican el entorno natural.
El acuífero en peligro
La devastación no se limita a la superficie.
Debajo de Yucatán se encuentra uno de los acuíferos más importantes del país, del cual depende prácticamente toda la población.
Sin embargo, investigadores y especialistas han advertido durante años sobre el riesgo que representa el crecimiento inmobiliario sin infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo con el investigador Humberto Reyes Montiel, numerosos complejos habitacionales construidos durante el boom inmobiliario carecen de plantas de tratamiento y descargan sus residuos al subsuelo.
Complejos como Ciudad Caucel, Altozano y Country Club han sido señalados como ejemplos de desarrollos que crecieron en medio de una regulación insuficiente en materia de tratamiento de aguas.
Mientras en la Riviera Maya operan alrededor de 80 plantas de tratamiento de aguas residuales, en Mérida existen apenas cuatro, una de ellas fuera de operación.
Especialistas advierten que esta situación ha provocado contaminación en el subsuelo y representa una amenaza para cenotes, pozos y cuerpos de agua conectados al acuífero.
El crecimiento inmobiliario avanzó más rápido que la protección del recurso natural más importante del estado.
La tierra se volvió oro
Pocos casos ilustran mejor el valor que alcanzó la tierra durante el sexenio anterior que la operación realizada con parte de la finca Xkekén, en Valladolid.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad, durante la administración estatal se vendieron 161 mil 470 metros cuadrados de esa propiedad a las empresas Impulsora MID S.A. de C.V. y FR Consur, esta última vinculada a la familia Ponce.
La operación fue realizada a través del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), encabezado entonces por Carlos Viñas Heredia.
Los terrenos fueron vendidos por 6 millones 607 mil 975 pesos, lo que equivale a apenas 40.9 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, estimaciones consultadas por Sol Yucatán señalan que el valor comercial de la zona rondaba los 410 pesos por metro cuadrado.
La diferencia representa un posible daño patrimonial cercano a los 60 millones de pesos.
La finca Xkekén cuenta con una superficie total de 149.2 hectáreas y fue expropiada por el Gobierno del Estado en 2009 para desarrollar un proyecto ecoturístico que impulsaría la actividad turística en torno a los cenotes de la región.
El proyecto nunca se concretó.
Años después, la propiedad fue dividida en diversos tablajes catastrales y parte de ellos terminó en manos privadas mediante una operación que continúa generando cuestionamientos debido a la plusvalía de la zona y al precio en que fueron comercializados los terrenos.
Aunque los cenotes permanecieron bajo control estatal, la venta de los predios colindantes evidenció el enorme interés económico que despertaron los terrenos estratégicos durante el boom inmobiliario promovido en el sexenio anterior.
Para diversos actores políticos, el caso Xkekén representa uno de los ejemplos más claros de cómo la tierra se convirtió en uno de los negocios más lucrativos durante el sexenio panista.
Las notarías del boom inmobiliario
El crecimiento inmobiliario registrado no solo estuvo acompañado por constructoras, desarrolladores y grupos empresariales. También vino acompañado por una profunda reconfiguración del sistema notarial de Yucatán.
En 2022, la administración estatal impulsó modificaciones que permitieron la apertura de 50 nuevas patentes notariales, una decisión que generó polémica debido a los perfiles beneficiados y a las acusaciones sobre presuntos acuerdos políticos y económicos detrás de las asignaciones.
Investigaciones de Sol Yucatán revelaron que al menos 20 de esas patentes habrían sido comercializadas en aproximadamente 1.5 millones de pesos cada una, lo que habría representado operaciones por cerca de 30 millones de pesos.
Las notarías son una pieza fundamental dentro del negocio inmobiliario, pues por ellas pasan las compraventas de terrenos, escrituraciones, constitución de empresas, desarrollos habitacionales y toda clase de operaciones relacionadas con la propiedad de la tierra.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, el esquema fue operado desde la Consejería Jurídica del Estado, encabezada inicialmente por Mauricio Tappan Silveira y posteriormente por Yussif Heredia Fritz, con el respaldo de personajes cercanos al círculo político del entonces gobernador, entre ellos María Fritz Sierra y Álvaro Juanes Laviada.
Entre los beneficiarios de las nuevas patentes aparecieron nombres estrechamente vinculados al gobierno de Vila y a diversos grupos políticos del estado.
La lista incluye al propio Mauricio Tappan Silveira, exconsejero jurídico del Gobierno del Estado; Ernesto Herrera Novelo, exsecretario de Fomento Económico y Trabajo; Lino Magos Acevedo; Fernando Sauri Campos, quien se desempeñó como asesor jurídico durante la administración estatal; así como Pilar Eugenia Ullibari Benítez, quien ocupó la Dirección de Enlace Notarial de la Consejería Jurídica.
También fueron beneficiados Erik José Granja Sosa, sobrino del exgobernador Federico Granja Ricalde; Jorge Correa Cervera, integrante de una de las familias con mayor presencia dentro del sistema notarial y político de Yucatán; y Elizabeth Vargas Aguilar, identificada con el grupo político de la exalcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara.
La relación con el negocio inmobiliario también aparece en otros nombres favorecidos por las nuevas notarías. Entre ellos figura Pablo Castro Alcocer, hermano de Mario Castro Alcocer, señalado como uno de los operadores inmobiliarios más cercanos al grupo político de Vila; así como Pablo Solís Millet, hermano de Pedro Solís Millet, personaje mencionado en diversas investigaciones relacionadas con operaciones de tierras y desarrollos inmobiliarios.
Asimismo, fueron beneficiados Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador y actual senador Rolando Zapata Bello, e Israel Priego Cárdenas, hermano de la magistrada Ingrid Priego y de Sergio Priego, uno de los notarios con mayor participación en operaciones vinculadas al sector inmobiliario y al Infonavit.
Para críticos de la administración pasada, la apertura de las nuevas patentes no solo representó un negocio millonario, sino también la construcción de una red de fedatarios integrada por exfuncionarios, familiares de políticos, operadores jurídicos y personajes vinculados al mercado inmobiliario, precisamente en los años de mayor expansión de la compraventa de tierras y del desarrollo urbano en Yucatán.
Los efectos del boom inmobiliario continúan presentes.
Las calles saturadas, el incremento del parque vehicular, la presión sobre el suministro de agua, la expansión de la mancha urbana y el constante encarecimiento de la tierra forman parte de una nueva realidad que hoy enfrentan Mérida y varios municipios de Yucatán.
Mientras nuevos desarrollos siguen apareciendo en la periferia y en la costa, también crecen las preguntas sobre el costo ambiental y social de ese crecimiento.
Lo que para algunos representó una etapa de prosperidad económica, para otros fue el periodo en que la tierra, los desarrollos inmobiliarios y la plusvalía se convirtieron en el centro de un modelo que transformó para siempre el territorio yucateco.