¡Infamia consumada!

Entre la prisa servil y la espalda al pueblo

• La jornada en que el Congreso asestó un golpe a la ATY

Mérida, Yuc.— El ambiente en el Salón de Plenos del Congreso del Estado de Yucatán se percibía denso, cargado con el peso inevitable de las decisiones que se toman al vapor. Sobre la mesa, un dictamen de mucha importancia: la reforma a la Ley de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY). La mayoría oficialista se alistaba para lo que mejor sabe hacer: levantar la mano; pero no se esperaba una disección quirúrgica, no solo política, sino estrictamente constitucional y humana, de lo que estaba por aprobarse.

Al subir a la tribuna, con la sobriedad que otorga la experiencia jurídica, el diputado Gaspar Quintal Parra no buscó el aplauso fácil de un auditorio lleno de acarreados para aplaudir a los diputados de MORENA, sino confrontar al espejo de la legalidad a una legislatura que, acusó, ha empezado a normalizar los procesos legislativos opacos y acelerados.

“El transporte es una herramienta de acceso a la educación, al empleo, a la salud y al desarrollo digno«, soltó desde el micrófono, dejando claro que jamás se opondría a mejorar la movilidad de los yucatecos.

El reclamo central del legislador no fue la reforma en sí, sino el «portazo» que el bloque mayoritario propinó a las causas ciudadanas. Quintal recordó cómo, sistemáticamente, fueron congeladas y rechazadas tres iniciativas que él mismo había presentado con un diseño técnico y socialmente útil: las rutas gratuitas de transporte público estudiantil, la tarifa social para jefas de familia y el desarrollo de plataformas amigables para municipios del interior.

“Se votó en contra de medidas de igualdad y justicia social«, dijo el diputado, advirtiendo que con esa cerrazón no se afectaba a un partido político, sino a las miles de personas que día a día padecen el transporte público.

El «gato por liebre» en el dictamen

El desarrollo de la sesión tomó un tinte de alerta técnica cuando se desnudó el desaseo del procedimiento legislativo. Se reveló que, al realizar un cotejo pormenorizado y literal entre la iniciativa original enviada por el Poder Ejecutivo y el dictamen final aprobado en comisiones, aparecieron modificaciones sustanciales que jamás fueron discutidas ni explicadas en el Congreso.

Conceptos técnicos de sostenibilidad financiera, reconfiguración de atribuciones institucionales y un catálogo de facultades de la Junta Directiva que rebasaban por completo el planteamiento original fueron introducidos en lo oscurito. Una «aprobación prácticamente a ciegas».

El absurdo escaló al evidenciar el temor del oficialismo al debate abierto. Se lamentó el rechazo a un ejercicio de Parlamento Abierto que escuchara a especialistas, usuarios y concesionarios, así como la negativa a citar al titular de la ATY, Jacinto Sosa, para que aclarara las lagunas financieras y operativas del proyecto. La prisa, una vez más, le ganaba a la razón.

La simulación constitucional

En el cierre de la discusión se apeló al derecho constitucional para advertir el fondo de la reforma: un atentado directo contra la naturaleza de la ATY como organismo autónomo. La creación de una Junta de Gobierno con perfiles designados mayoritariamente por el Ejecutivo traslada las facultades de la Agencia a un órgano de control político.

Invocando los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recordó que la supremacía constitucional es también ideológica y teleológica.

“Tan inconstitucionales son los actos que violan expresamente la letra de la Constitución, como aquellos que se apartan de su espíritu«, remató, con una ironía lógica: si el objetivo era subordinar el organismo al Ejecutivo, “extingamos a este organismo y creemos una paraestatal«.

Al final, la aplanadora irracional de MORENA consumó el atropello que les habían ordenado desde el “gobierno paralelo” de Yucatán. Sin embargo, en el diario de debates quedó registrada la advertencia de Gaspar Quintal Parra: un voto en contra sustentado en la congruencia democrática, la técnica legislativa y la defensa de una movilidad que debió ser incluyente y con perspectiva de género, pero que terminó secuestrada por la ambición burocrática y el control administrativo.

En Yucatán se aprobó una reforma, sí, pero se perdió una oportunidad de legislar con dignidad.