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INCAY premia a empresa corrupta
- Constructora Rematcon, empresa señalada e inhabilitada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal logró obtener un contrato superior a los 10.7 millones de pesos para reconstruir calles en Mérida.
- Ángel Antonio Pérez Medrano formalizó la adjudicación pese al historial administrativo de la compañía y a su modesto capital social. La obra sigue físicamente desaparecida pese al vencimiento de la vigencia del contrato.
- Su capital social mínimo asciende a apenas 10 mil pesos, dividido en partes iguales entre sus dos socios: Verónica Guadalupe Gallegos Jiménez y Carlos Fernando Santos Ruiz, cada uno con 5,000 acciones.
Redacción/Sol Yucatán
Pese a la inhabilitación y otras sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Federal, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY), que dirige Ángel Antonio Pérez Medrano, adjudicó una obra millonaria a la empresa Constructora Rematcon, S.A. de C.V. La contratación quedó asentada en el documento GE-INCAY-OB-LP-JUR-017-2025, mediante el cual la dependencia estatal comprometió 10 millones 795 mil 423 pesos para la “Reconstrucción de calles en el municipio de Mérida, estado de Yucatán”.
El contrato establece que se trata de una obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, formalizada el 25 de noviembre de 2025, bajo la modalidad de una supuesta licitación pública estatal.
El monto pactado fue de 10 millones 795 mil 423.44 pesos. La obra debía ejecutarse en un plazo de 31 días naturales, del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2025, un periodo particularmente ajustado considerando la magnitud del recurso asignado y el cierre del ejercicio fiscal.
Sin embargo, pese a los tiempos estipulados y a que el propio contrato contempla la obligación de entregar la obra terminada y someterla a recepción formal, no existe evidencia pública de que los trabajos hayan sido físicamente concluidos y entregados conforme a lo pactado. La ausencia de actas de entrega-recepción visibles en los portales abiertos y la falta de documentación de finiquito refuerzan las dudas sobre el cumplimiento material del contrato.
La polémica se agrava por los antecedentes de la empresa. Constructora Rematcon ha sido vinculada en registros públicos de sanciones e inhabilitaciones derivadas de procedimientos administrativos en materia de contratación pública. Dichas sanciones, atribuidas a la autoridad federal competente en combate a la corrupción, colocan a la empresa bajo escrutinio en cuanto a su idoneidad para participar en licitaciones y recibir recursos públicos.
Aunque la temporalidad exacta y vigencia de cada inhabilitación debe contrastarse con los registros oficiales, el antecedente por sí mismo representa un foco rojo que debió ser considerado por cualquier comité de adjudicación responsable.
A pesar de ello, el INCAY procedió con la adjudicación bajo el esquema de licitación pública estatal.
La pregunta central es si, durante el proceso de evaluación de propuestas, se verificó la situación jurídica plena de la empresa y si existía alguna restricción vigente que comprometiera la legalidad del fallo. La ley exige revisar antecedentes de cumplimiento y capacidad técnica, financiera y administrativa, especialmente tratándose de obras financiadas con recursos públicos estatales.
El acta constitutiva de la empresa revela una estructura societaria básica. Constructora Rematcon fue constituida el 30 de abril de 2020, mediante escritura pública número 1037 ante el notario Alejandro José Monsreal Rodríguez, en Mérida.
Su capital social mínimo asciende a apenas 10 mil pesos, dividido en partes iguales entre sus dos socios: Verónica Guadalupe Gallegos Jiménez y Carlos Fernando Santos Ruiz, cada uno con 5,000 acciones.
La administración recae en un Administrador Único, cargo que ocupa Verónica Guadalupe Gallegos Jiménez.
Quien firma el contrato con el INCAY no es la socia administradora, sino el apoderado general Jorge Damián Herrera Canto, a quien se le otorgaron amplias facultades para actos de administración, dominio, suscripción de títulos de crédito y representación judicial.
Es decir, aunque la propiedad accionaria esté dividida en partes iguales, la operación real frente al gobierno la ejecuta Herrera Canto, figura con poderes prácticamente totales dentro de la sociedad.
El objeto social de la empresa es amplio y abarca desde la construcción de vías de comunicación y pavimentación hasta la participación en concursos de obra pública.
En papel, cumple con el perfil para participar en proyectos de infraestructura, en la práctica, la congruencia entre su capital social inicial y la magnitud de los contratos obtenidos plantea interrogantes sobre su capacidad financiera y operativa.
El contrato también contempló un anticipo del 30 por ciento del monto total, es decir, más de tres millones de pesos entregados antes de la conclusión de los trabajos. En casos donde existen antecedentes de sanción, el otorgamiento de anticipos cobra especial relevancia, pues incrementa el riesgo financiero para el erario si la obra no se ejecuta conforme a lo pactado.
El plazo contractual de 31 días naturales, concentrado en el último mes del año, sugiere además un esquema de ejecución acelerada típico de cierres presupuestales. Este tipo de calendarios obliga a revisar si hubo convenios modificatorios, ampliaciones de plazo o ajustes de costos posteriores, así como si se aplicaron penas convencionales en caso de incumplimiento.
La combinación de factores: empresa con antecedentes de sanción federal, capital social mínimo, poder concentrado en un apoderado, anticipo significativo y ausencia de evidencia pública de entrega física, configura un escenario que amerita auditoría exhaustiva.
El INCAY, como organismo responsable de la infraestructura carretera en Yucatán, tiene la obligación de transparentar no solo la adjudicación, sino el resultado tangible de los trabajos contratados.
Más allá del discurso administrativo, lo que está en juego son recursos públicos que superan los diez millones de pesos y cuya aplicación debe reflejarse en calles efectivamente reconstruidas y funcionales para la ciudadanía. La opacidad en la entrega material de la obra y la falta de información pública detallada sobre su recepción formal alimentan la percepción de que, pese a los antecedentes adversos, ciertas empresas continúan accediendo a contratos estatales sin que se esclarezca plenamente su historial y desempeño.
En este contexto, la adjudicación a Constructora Rematcon no es solo un expediente más en el archivo del INCAY, sino un caso emblemático sobre la necesidad de reforzar los filtros de integridad, revisar antecedentes de sanción y garantizar que cada peso invertido en infraestructura se traduzca en obra física verificable y no en papeles firmados sin correspondencia en el terreno.