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Impunidad en Velamar de Ixil

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  • Una ola de protección e impunidad existe en torno al desarrollo inmobiliario “Velamar” propiedad del Grupo Valora.
  • El inmueble, a pesar de que no cuenta con los permisos y solo con un oficio del Ayuntamiento ligado a la 4T, se continúa comercializando.

Redacción/Sol Yucatán

Total, impunidad y protección existe en torno el desarrollo inmobiliario “Velamar”, ubicado en Uaymitún, perteneciente a la franja costera de Ixil.

El Ayuntamiento de ese municipio, junto con los desarrolladores, violaron flagrantemente las leyes ambientales estatales y federales al autorizar y vender lotes sin ningún tipo de autorización.

Lo único que ampara es la anuencia del Catastro Municipal para la división del terreno, pero no tiene ninguna validez ante las instancias estatales y federales.

Vicente Cobá Cocom, aunque llegó a la alcaldía bajo la bandera del PT, sin embargo, forma parte de la 4T.

Tiene cercanía con la actual presidenta de la comisión de cuenta pública y anticorrupción del Congreso del Estado, María Esther Magadán Alonzo, a quien le ha financiado varios encuentros políticos en el municipio y operará para favorecer a la diputada en la encuesta para elegir a la coordinadora de los comités del II Distrito Federal.

A pesar de las graves anomalías, ni el Ayuntamiento, ni la empresa desarrolladora “Grupo Valora”, ni el desarrollo han sido sancionados; tampoco el Juez de Distrito ha emitido una resolución tras la denuncia realizada por los vecinos de Uaymitún.

Un caso similar al proceso legal que se sigue por el despojo de miles de hectáreas de tierras al ejido por parte de empresarios, cuyo caso sigue en los tribunales.

El 7 de abril, el director de Catastro de Ixil, José Javier Francisco Chan Chan, firmó el oficio DCAT-IXIL/0116/2026; con ese oficio se dividió en 73 lotes un terreno ubicado a 50 metros de la orilla del mar.

El documento registra 6,246 m² del predio como «área natural protegida Ramsar», y aun así autorizó la división.

No menciona la Ley de Desarrollos Inmobiliarios ni la factibilidad urbano-ambiental; la solicitud fue por 72 partes, pero se autorizaron 73, y dos fracciones aparecen con el mismo número de tablaje.

Lo que las autoridades informaron al juez: el IMDUT dice que no existe la factibilidad urbano-ambiental, SEMARNAT y la SDS dicen que no hay manifestación de impacto ambiental.

La SDS declaró el proyecto incompatible con la Reserva Ciénagas y Manglares, Sitio Ramsar; es decir, el desarrollo no tendría manera para poder subsistir. Sin embargo, a pesar de ello, se continúa comercializando a través de la empresa “Valora” y G & V Urbanismos y Terrenos S.A de C.V”.

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