Grave omisión de la Fiscalía

* La Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación cayeron en una grave omisión, debido a que no investigaron el trasfondo por el extravió de Lionel, pues el menor sufría de presunta violencia.

La Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación (PEI), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, cayeron en una grave omisión, debido a que entregaron a Lionel “N” a su familia, sin tan siquiera investigar el trasfondo que motivaron al menor salirse de su casa.

De acuerdo con los propios vecinos y las cámaras de seguridad, el menor, quien tiene el trastorno autista, presuntamente era víctima de malos tratos.

Lionel, el día de su desaparición, habría sido literalmente echado a la calle, lo que desencadenó la intensa búsqueda que concluyó el martes pasado y que puso en peligro su integridad física.

Por ello su rostro inexpresivo durante el encuentro con su madre luego de permanecer más de 72 horas extraviado.

También, no consideraron que antes ya había un antecedente de desaparición, debido a que el 12 de septiembre el menor, fue auxiliado por vecinos y entregado a la policía, ya que estaba perdido.

A pesar de estos antecedentes, ni la Fiscalía, ni la SSP, ni mucho menos la Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY), investigaron e indagaron sobre el entorno en el cual vivía el menor.

Durante su rescate, la tía del menor dijo que lo importante era su localización y luego se vería lo que había detrás, en alusión de un entorno no tan agradable en el cual vivía.

Ayer, la Fiscalía lo regresó a su familia, sin tan siquiera indagar, en cambio tiene bajo investigación a una pareja, quien presuntamente lo tenía resguardado y que los están acusando de sustracción de menores y que incluso podrían terminar en la cárcel.

Los propios habitantes de la comisaría de Susulá han solicitado a la policía y a los diputados que los ayuden para expulsar del lugar a la pareja, debido a que los consideran como un peligro, al grado de que los llaman secuestradores.

Es decir, si hay repercusiones contra las personas que auxiliaron al menor y que hasta el momento no hay indicios que lo hubieran hecho daño, el trasfondo es que la SSP busca chivos expiatorios ante la avalancha de comentarios negativos contra la dependencia y contra el gobierno estatal por el presunto montaje de su localización.