¡Gran bache campechano!

El hallazgo de la ASF pone en entredicho la bandera de transparencia de Eliseo Fernández Montúfar, transformando un expediente técnico en una sombra política difícil de borrar para el excandidato de Movimiento Ciudadano
La Auditoría Superior de la Federación detectó un boquete de 21.6 millones de pesos en obras de bacheo pagadas, pero no ejecutadas, evidenciando una brecha crítica entre los reportes financieros y la realidad en las calles de Campeche
Más allá del daño al erario, la fiscalización federal reveló que los proyectos de urbanización de la gestión 2018-2021 no cumplieron con su objetivo social, dejando a las zonas prioritarias sin los beneficios prometidos
Redacción/Sol Campeche

Campeche.- Durante su paso por la presidencia municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, uno de los perfiles más visibles de la oposición en el estado y excandidato a la gubernatura en 2021 por Movimiento Ciudadano, dejó también un expediente abierto en materia de fiscalización federal. A diferencia de otros casos donde las irregularidades se acumulan en distintos rubros, aquí el señalamiento es más directo: obra pública ejecutada con deficiencias que derivaron en un probable daño a la Hacienda Pública Federal.

Fernández Montúfar, quien previamente se desempeñó como diputado local y construyó su ascenso político con un discurso frontal contra la corrupción y las viejas prácticas de gobierno, encabezó el Ayuntamiento de Campeche entre 2018 y 2021. Su gestión estuvo marcada por un estilo confrontativo y mediático, que lo posicionó rápidamente como una figura estatal, pero también lo colocó en el centro de diversas controversias.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación correspondiente a la Cuenta Pública 2022 documenta un monto pendiente por aclarar de 21.6 millones de pesos, vinculado al manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

El dato, por sí mismo, no refleja una cadena de anomalías dispersas, sino un problema concentrado en un área crítica: la calidad de las obras ejecutadas.

El primer punto a considerar es que el municipio sí ejerció prácticamente la totalidad de los recursos disponibles. De un universo cercano a los 100 millones de pesos, el 99.3% fue aplicado en proyectos de infraestructura social, principalmente en urbanización, agua potable, electrificación y drenaje.

En apariencia, la administración cumplió con los criterios de distribución del gasto, orientando recursos a zonas de atención prioritaria y cumpliendo con los lineamientos del fondo. Sin embargo, el problema no estuvo en la planeación del gasto, sino en su ejecución.

La auditoría detectó que dos proyectos de rehabilitación de vialidades —específicamente trabajos de bacheo— no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en los contratos.

En términos simples: las obras se pagaron, pero no se realizaron como debían.

Durante la verificación física, la ASF encontró inconsistencias entre los volúmenes de obra reportados y los realmente ejecutados. Es decir, se estimaron trabajos que no correspondían con la realidad en campo, lo que derivó en pagos indebidos.

Inicialmente, el monto observado por estas irregularidades ascendía a 27.8 millones de pesos. Sin embargo, tras la intervención de la auditoría, el municipio logró justificar parcialmente alrededor de 6.2 millones. El resultado final fue un saldo pendiente por aclarar de 21.6 millones de pesos.

Este monto dio origen a un pliego de observaciones, lo que implica la presunción de un daño a la Hacienda Pública Federal.

Más allá de la cifra, el señalamiento tiene un componente técnico que agrava su impacto. La ASF establece que las obras observadas no proporcionaron los beneficios programados a la población objetivo, lo que convierte la irregularidad en algo más que un error administrativo.

No se trata solo de dinero mal utilizado, sino de infraestructura que no cumple su función social.

El tipo de irregularidad encuadra en incumplimientos a la Ley de Obras Públicas y a los lineamientos del propio fondo federal, lo que abre la puerta a responsabilidades administrativas y posibles sanciones para los funcionarios involucrados.

Paradójicamente, el mismo informe reconoce que el municipio contaba con un sistema de control interno calificado como “alto”, con una puntuación de 85 sobre 100. También señala que la gestión general de los recursos fue “razonable”.

Sin embargo, ese reconocimiento no elimina el hecho central: un solo hallazgo fue suficiente para generar un daño millonario.

El informe también deja claro que, pese a la información adicional presentada por el municipio para justificar las observaciones, esta no fue suficiente para solventar completamente el señalamiento.

Es decir, el problema persiste.

En términos políticos, el caso de Eliseo Fernández Montúfar presenta una narrativa distinta a la de otros actores. Tras su paso por la alcaldía, su carrera dio un salto a la contienda estatal, donde se posicionó como uno de los principales opositores al bloque en el poder. Sin embargo, su figura también quedó marcada por investigaciones, conflictos políticos y su salida del país en medio de disputas legales, lo que debilitó su presencia institucional pero no extinguió su capital político.

Pero ese punto, por sí solo, es suficiente para generar dudas sobre la eficacia del manejo de recursos.

En un estado donde la infraestructura básica sigue siendo una demanda constante, que una obra financiada con recursos federales no cumpla con su objetivo tiene implicaciones directas en la calidad de vida de la población.

El episodio también revela una constante en la administración pública municipal: la brecha entre lo reportado en papel y lo que realmente ocurre en campo.

La ASF lo documenta con claridad. Las obras estaban registradas, los contratos firmados y los pagos realizados. Pero al momento de verificar físicamente su ejecución, las inconsistencias aparecieron.

Ahí es donde el discurso se rompe.

Porque más allá de cifras y porcentajes, el fondo del asunto es sencillo: dinero público que no se tradujo en beneficios reales.

En el caso de quien construyó su carrera política bajo la bandera del combate a la corrupción, el señalamiento adquiere una dimensión distinta. No es solo una observación técnica: es una contradicción directa con el discurso que lo llevó al poder.

El caso deja una lección clara. No basta con ejercer el presupuesto ni cumplir formalmente con los lineamientos. La calidad de la ejecución es el punto donde realmente se mide la efectividad de un gobierno.

Y en ese punto, el expediente de 2022 deja una marca difícil de ignorar.

Una obra pagada, pero no cumplida.

Un bache que, más que en las calles, quedó en las cuentas públicas.