Ganaderos fantasma

Por prestar su nombre les pagan 5 mil pesos mensuales.

• La Seder operaría en contubernio con las uniones ganaderas de San Felipe, Panabá y Tizimín, para la triangulación de recursos destinados a la ganadería para beneficiar a gente ligada al actual gobierno, cuyos apoyos terminan en los ranchos de los políticos.

• Los beneficiados: el gobernador, el titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Roger Aguilar Arroyo, el presidente del Congreso, Wilmer Monforte Marfil, el titular de la Seder, Edgardo Medina Rodríguez, y hasta familiares de Verónica Camino Farjat.

• Gente ajena a las actividades ganaderas o productivas figura como beneficiaria de apoyos como sistemas de riego tecnificado, alambre de púas, bombas sumergibles con alta capacidad, vientres, sementales y hasta caminos sacacosechas.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El campo yucateco parece estar viviendo un verdadero atraco a manos del primer gobierno morenista.

Mientras pequeños productores deben enfrentar sequías, elevados costos de producción y largos periodos de espera para acceder a programas gubernamentales, políticos de primer nivel adquieren millonarios ranchos y acceden con facilidad a los programas destinados al fortalecimiento del campo.

Ganaderos de diversos municipios aseguran que programas operados por la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) estarían beneficiando a funcionarios públicos, operadores políticos y personas vinculadas con ranchos particulares del actual grupo gobernante.

Los señalamientos incluyen presuntas irregularidades en los padrones de beneficiarios y en la ejecución de obras relacionadas con caminos saca cosechas que, afirman, terminan conduciendo hasta predios privados vinculados con personajes cercanos al poder político.

Las denuncias adquieren una dimensión distinta al analizar el patrimonio de algunos integrantes del actual grupo gobernante.

Los denunciantes aseguran que el problema no radica en que los funcionarios públicos desarrollen actividades agropecuarias legales, sino en la posibilidad de que recursos destinados al fortalecimiento del campo estén siendo utilizados para beneficiar a integrantes del propio grupo político gobernante.

Según las denuncias, trabajadores que laboran en ranchos particulares y operadores políticos vinculados con Morena provenientes de San Felipe, Panabá, Cenotillo y Motul habrían sido incorporados como beneficiarios de diversos programas gubernamentales.

Es decir, gente ajena a las actividades ganaderas o productivas figura como beneficiaria de apoyos como sistemas de riego tecnificado, alambre de púas, bombas sumergibles con alta capacidad, vientres, sementales y hasta caminos sacacosechas.

Otro de los programas bajo cuestionamiento es el relacionado con los caminos saca cosechas.

Originalmente concebidos para facilitar el traslado de productos agropecuarios y reducir costos de producción para pequeños productores, algunos ganaderos sostienen que determinadas obras terminan beneficiando directamente el acceso a ranchos particulares vinculados con personajes políticamente relevantes.

Durante décadas, los gobiernos priístas fueron duramente cuestionados por utilizar los programas sociales y agropecuarios con fines políticos, electorales y personales, lo que los llevó a duras derrotas políticas.

Hoy, productores del oriente del estado consideran que las prácticas del pasado regresaron bajo nuevos discursos políticos.

Entre las personas directamente señaladas por ganaderos se encuentran el propio mandatario yucateco, Joaquín Díaz Mena, el titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Roger Aguilar Arroyo, el presidente del Congreso del Estado, Wilmer Monforte Marfil, el titular de la Seder, Edgardo Medina Rodríguez, y hasta familiares de la senadora Verónica Camino Farjat.

Es decir, los apoyos obtenidos a través del padrón de ganaderos fantasma terminan en los ranchos de los políticos.

Uno de los “ganaderos fantasma” declaró en exclusiva a Sol Yucatán que por prestar su nombre les pagan 5 mil pesos mensuales.

El «ganadero fantasma», quien trabaja para el exalcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, indicó que la operación se realiza a través de José Carlos Ortega Jiménez, funcionario de la Seder y ex candidato de Morena a la alcaldía de Motul, es señalado como uno de los operadores de Aguilar Arroyo.

En la operación también participa Martín Peniche Monforte, quien de acuerdo al organigrama de la Seder es subsecretario y brazo derecho de Medina Rodríguez.

Indicó que las operaciones se realizan a través de la Unión Ganadera de Panabá y Tizimín, donde aparecen en el padrón de beneficiarios, es decir, estarán coludidos con los presidentes de la unión ganadera local de esos municipios.

Aunque no tiene tierras, ni mucho menos ganado.

Los insumos y apoyos se trasladan al rancho localizado en Colonia Yucatán, el cual consta de poco más de mil 200 hectáreas.

Es decir, sería el modus operandi para el desvío de recursos destinados al fortalecimiento de la actividad ganadera y agrícola y que terminarían en las propiedades de los personajes antes descritos.

De acuerdo a la propia Seder, entre el 2025 y el primer semestre del 2026, se han destinado cerca de 300 millones de pesos a estos programas.

Sol Yucatán ha podido documentar que el gobernador Joaquín Díaz Mena posee al menos 13 ranchos entre los municipios de San Felipe, Panabá y Tizimín, con una superficie de más de 2 mil hectáreas.

Al menos ocho de ellos cuentan con tecnificación e infraestructura ganadera de reciente adquisición.

También en la misma zona, Aguilar Arroyo, identificado como operador de Díaz Mena, cuenta con cuatro ranchos, tres de ellos con equipamiento ganadero.

Curiosamente, Panabá ha sido uno de los municipios que más apoyos ha recibido durante las recientes giras del Ejecutivo estatal relacionadas con el fortalecimiento del sector agropecuario, incluyendo recursos destinados al combate de la sequía, infraestructura ganadera y sistemas de riego.