FRAUDE INMOBILIARIO DE 500 MDP

* Rolando Bello Mejía , sobrino del ex gobernador y actual senador electo, Rolando Zapata Bello, encabeza una red de defraudadores inmobiliarios que ha timado a cientos de personas, el monto global supera los 500 millones de pesos.

*Rolando Bello Mejía junto con Miguel Ángel Aguayo de Pau, socios de la empresa Inverco acusada de fraude, aparecen como socios de otras cinco empresas del ramo inmobiliario.

*La Fiscalía tiene 50 denuncias por fraude en el que se acusa a la empresa Inverco, fundada por Bello Mejía, sin embargo, tendrían protección del Gobierno, debido a que las carpetas están sin movimiento.

Rolando Bello Mejía, sobrino del exgobernador priista y actual senador electo, Rolando Zapata Bello, sería la cabeza de una red de defraudadores inmobiliarios que opera en Yucatán.

A través del desarrollo Misnebalam, han defraudado a cientos de personas con un monto global que supera los 500 millones de pesos.

Bello Mejía es hijo de Rolando Bello Paredes, director jurídico de la Segey de 2012 a 2018, quien también fungió como secretario particular del gobernador Francisco Luna Kan.

Su padre, también ha sido acusado de presuntos actos de corrupción mediante el desvío de recursos que en su momento denunció el actual gobernador, Mauricio Vila Dosal, sin embargo, por amarres políticos la denuncia fue desechada.

No se descarta que en el millonario negocio inmobiliario esté involucrado Zapata Bello o el mismo Mauricio Vila Dosal, debido a que durante el presente sexenio se ha disparado el negocio inmobiliario y donde se dice que Vila Dosal, es la cabeza de la mafia inmobiliaria.

Aunado a esto, en el 2022, Vila Dosal le otorgó una notaría pública con sede en Progreso a Bello Mejía, por lo cual se levantan sospechas de que podrían ser socios en el millonario negocio inmobiliario.

Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía constituyeron el 4 de diciembre del 2018 ante el Registro Público de Comercio y con la fe notarial de Corredor Público número 11, Patricio Solís Millet, la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Inverco, ambos como presidentes del consejo de administración.

Tras ello, comenzaron con la comercialización de terrenos, ubicados sobre la carretera Mérida-Progreso, a precios muy por debajo al costo real, siendo sus principales clientes personas de otras partes del país, principalmente de Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Querétaro, de Estados Unidos y España, quienes habrían invertido alrededor de un millón 100 mil pesos por vivienda.

En la Fiscalía del Estado, existen 50 denuncias por fraude, sin embargo, al parecer los involucrados gozarían de inmunidad, dado que las carpetas de investigación no presentan movimientos, lo que levanta más sospechas de que Vila Dosal podría estar involucrado en el millonario negocio, debido a que el mandatario colocó al fiscal, Juan Manuel León León, por un lapso de 12 años al frente de la dependencia.

El caso fue ventilado en la mañanera donde el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la intervención de la Fiscalía General de la República, para que se investigue el caso.

Otro detalle que hace pensar que Vila tendría participación,es el hecho de que Bruno Manuel De Matteis Solís tiene participación como accionista, aunque sea minoritario en la empresa, Bruno es licenciado en Administración de Empresas y estuvo ligado a dos compañías –Control Total Q y Q Arquitectura Moderna- que recibieron entre 2022 y 2023 contratos directos del actual Gobierno Estatal por más de 67 millones de pesos para crear infraestructura carretera, transporte masivo en el área metropolitana de Mérida, así como el Parque La Plancha que apoya el Gobierno Federal en la capital yucateca.

En la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) no existe estudio alguno de impacto ambiental para la edificación del conjunto, tampoco en la Dirección de Desarrollo Urbano hay permisos de cambio de uso de suelo.

La Comisión de Peritos en Construcción Municipal informó a Sol Yucatán que no ha recibido la notificación para realizar inspecciones de construcción.

Es decir, el complejo no tiene permisos para la edificación de un complejo, por lo que a todas luces en fraudulento.

Sin embargo, la red de defraudación podría ser aún mayor, ya que, de acuerdo con investigaciones del gabinete de investigación periodística de Sol Yucatán, Aguayo de Pau es accionista junto con Bello Mejía, en al menos cinco empresas del ramo inmobiliario, estas son Edificaciones Chuumuk, Desarrollos Inmobiliarios en Acción, Agube Ingeniería y Construcción, Imperia Cholul y Embii Coefee Real Estate, en al menos dos de estas hay referencias de presuntos fraudes.

En junio de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Carlos Alonso Iracheta Carrol, afirmó que el problema de fraudes inmobiliarios es tan grave en Mérida y sus municipios ubicados al norte de Mérida, por lo cual es cataloga como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”, por lo que las autoridades gubernamentales deben frenar, combatir y castigar el delito de manera inmediata.

Iván Cervera, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), advirtió sobre el “crecimiento acelerado de denuncias” por engaños de fraccionadores y “loteros” que ofrecen “productos” con una mínima o nula dotación de servicios públicos.

En junio del año pasado, la Comisión de Vivienda de la Cámara Federal de Diputados, que preside la legisladora petista Lilia Aguilar Gil, realizó en Mérida un foro sobre los fraudes inmobiliarios en la entidad.

Calificó esta práctica corrupta como “especulación pura y dura” y subrayó: “Es un delito y como tal tiene que ser atacado”.

A pesar de ello, el Gobierno del Estado, que ya está de salida, no atendió esta problemática, debido a que fue el negocio del sexenio.

Como Sol Yucatán ha documentado y denunciado, Vila Dosal, junto con un grupo de amigos empresarios, fueron la cabeza de la mafia inmobiliaria en Yucatán.

El año pasado, el Gobierno del Estado a través del Congreso del Estado, creó la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana y se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se encargarían de meter en cintura a las empresas inmobiliarias, sin embargo, es letra muerta.