Fosas invisibles: el feminicidio de Patricia que Yucatán no quiso contar

Tras días de estar desaparecida, fueron su mamá y su papá quienes desenterraron su cuerpo en una fosa clandestina. Su historia retrata la omisión oficial ante la violencia de género y las complicidades que quedaron impunes.
Por Claudia V. Arriaga Durán/Sol Yucatán

“Se puso a pisar la tierra del patio y sintió una parte blanda junto a un árbol; agarró un pedazo de bloque, rascó y ahí es donde encontró su rodilla doblada. Me habló por teléfono y me dijo: ‘ya la encontré’”. Así fue como hallaron a Patricia Guadalupe Alpuche Chuc, de 24 años de edad, el 2 de julio de 2014, en una fosa clandestina de la colonia El Roble en la ciudad de Mérida, Yucatán.

El responsable, su expareja Mario Alberto F. V. fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de homicidio calificado. Dicha pena no representó justicia para la familia de Patricia ni para sus dos hijos, quienes en ese año tenían tres y cinco años de edad y quedaron huérfanos de madre.

El homicidio de Patricia no solo no fue reconocido como feminicidio, sino que ella estuvo en calidad de desaparecida desde el 24 de junio y, aunque se denunció su ausencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán nunca publicó una ficha de búsqueda. Tampoco activaron el Protocolo Alba.

“Las autoridades no hacen nada; son las mamás las que ponen todo para buscar a sus hijas e hijos. Hay mamás que pasan 20 años buscando y, aunque el cuerpo ya no dé porque no tienes fuerzas, siguen buscando porque no sabes si los están explotando. No sientes esa paz hasta encontrarlos”, relató con tristeza la señora Addy María Chuc Baas, madre de Patricia.

El hallazgo del cuerpo de Patricia, cuya investigación quedó en manos de su mamá, su papá y sus hermanos, retrata la invisibilización de los delitos graves en Yucatán.

En 2020, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, durante la administración del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. En ese entonces, Yucatán reportó una sola fosa clandestina según datos recopilados de 2006 a 2019.

En el primer informe en la materia, Alejandro Encinas definió las fosas clandestinas como “aquellos espacios donde se inhumaron cuerpos de manera ilegal sin conocimiento de la autoridad, que tienen fundamentalmente el propósito de ocultar el paradero de una o de varias personas”, expresó.

En congruencia con esa descripción, el cuerpo de Patricia fue encontrado en una fosa clandestina que no fue contabilizada y mucho menos reconocida por la FGE. Incluso, aunque en México no existe una base de datos pública con el conteo de las fosas clandestinas, en los informes posteriores a 2020 Yucatán ya ni siquiera aparece.

El feminicidio no reconocido de Patricia y el hallazgo de su cadáver en una fosa clandestina en una casa no es el único, ni el primero, ni mucho menos un caso aislado en el estado. En 2017, María y Magdalena, madre e hija respectivamente, fueron encontradas sin vida en una inhumación clandestina en el municipio de Tekax.

También está el caso de la niña María Evelia Pech Quijano, de 7 años, quien fue asesinada y hallada el 1 de marzo de 2013, enterrada en una letrina de una casa en la colonia San José Tecoh, al sur de Mérida. El crimen de la pequeña tampoco fue reconocido como feminicidio porque, en aquel año, el delito aún no formaba parte del Código Penal del Estado de Yucatán.

“Nosotros hicimos el trabajo de la policía. Ese día le informamos todo a la policía y, cuando hallamos el cuerpo, quisieron decir que había sido su trabajo, pero no es cierto (…) Es una fosa, una fosa clandestina en el patio de su casa”, acotó.

Una sentencia no es justicia.

La falta de la debida diligencia y de actos oportunos de investigación permitieron que, en un primer momento, Mario Alberto F. V. huyera a Tabasco, estado de donde es originario. Lo aprehendieron en el municipio de Halachó, tras mantenerse prófugo en un intento por evadir la sentencia por el asesinato de Patricia.

Sin embargo, en el crimen de Patricia hubo varias personas cómplices que nunca fueron investigadas ni enjuiciadas.

Por ejemplo, la madre de Mario, es decir, su exsuegra, viajó de Tabasco a Mérida e intentó cubrir la escena del crimen construyendo un piso en el patio donde estaba enterrado el cuerpo. Personas cercanas a la hermana de Patricia se enteraron de esto y le dieron aviso inmediato a la familia.

“Ella (la mamá de Mario) vino después de años a Mérida y le urgían albañiles para poner piso al patio. Mi otra hija es testigo de Jehová y eso llegó a oídos de personas de la congregación. Me habló por teléfono y le avisó a su papá; mi esposo se fue y yo detrás de él”, recordó.

El papá de Patricia brincó al patio de la casa para buscar el cuerpo de su hija.

“Fuimos a ver a la cuñada de él y le pedimos la llave de la casa en la que vivían. Dijo que no la encontraba, así que mi esposo me pidió que esperara a que la buscara y él se fue a la casa. Le pidió a la vecina de al lado que le dejara entrar para brincar al patio y buscarla. Le pidió que se pusiera en su lugar, que su hija tenía días desaparecida”, lamentó.

Llama la atención que la policía y la FGE ya habían realizado un cateo en la misma casa donde vivía la pareja, pero no hallaron el cuerpo; fue la familia la que lo logró. Según el dictamen del Servicio Médico Forense (Semefo), Patricia murió por asfixia mecánica por estrangulamiento manual. Su cuerpo presentaba huellas de violencia en todas partes: en el rostro, mejillas, barbilla y brazos.

El crimen ocurrió el 24 de junio. Las y los vecinos de la calle 26 B de la colonia El Roble escucharon los gritos de la pareja, pero nadie llamó a la policía.

“Siempre le pido a Dios por ella, me la asesinaron hace 12 años. Duele por la crueldad con que fue hecho; no se la llevó Dios, sino que alguien me la quitó antes. Nosotros hicimos todo por buscarla y la encontramos a los ocho días, pero no viva como yo quería”, manifestó la mamá de Patricia.

En Yucatán, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta la segunda semana de mayo se registran 332 personas desaparecidas, de las cuales 75 son mujeres.

La familia de la joven también sospecha que la cuñada sabía del asesinato porque les había insistido de manera extraña en que revisaran el patio de la casa.

“Fue feminicidio”.

Un día antes de su desaparición, Mario Alberto atacó a Patricia cuando llevaba a su hijo al kínder. Estaba enojado con ella porque había terminado la relación, ya que ella no aceptó la condición de dejar a sus dos hijos para irse con él.

El 24 de junio fue la última vez que los vieron juntos. Él salió temprano de su trabajo para ir a buscarla e intentó golpear a un amigo de Patricia que la acompañaba en una reunión de la iglesia. Después, él la convenció de ir a la casa, ahí cometió violencia sexual en su contra y la asesinó.

Hoy, Mario está a solo dos años de cumplir su sentencia y salir de la cárcel.

En Yucatán, la ley manda la activación automática del Protocolo de Actuación ante el hallazgo del cuerpo de cualquier mujer cuya muerte no sea natural. Bajo este marco legal, el Estado registró 51 carpetas de investigación por el delito de feminicidio entre 2018 y enero de 2026.

La violencia de género se ha concentrado en 12 municipios, siendo la capital, Mérida, la que encabeza la incidencia con 32 casos, mientras que las agencias regionales del interior del estado, en demarcaciones como Kanasín, Progreso, Izamal y Ticul, reportaron las 19 investigaciones restantes.

A pesar del volumen de denuncias, el acceso a la justicia penal muestra un marcado rezago en la entidad. Desde 2016, cuatro años después de la tipificación del delito, hasta enero de 2026, solo 39 carpetas lograron ser judicializadas para dar inicio a un proceso de juicio, distribuidas en 26 casos correspondientes a Mérida y 13 a los demás municipios.

La efectividad resolutiva del sistema judicial queda en entredicho, ya que, en un periodo de diez años, la Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha logrado el cierre definitivo de 25 carpetas de investigación por feminicidio.