FISCALÍA PROTEGE RED DELICTIVA

*Juan Manuel León León ha violado y manejado la ley a su antojo para favorecer al clan mafioso encabezado por Rodolfo Rosas Moya, prestanombres de Mauricio Vila Dosal, quien se encuentra detrás del hecho delictivo de despojo en base a la corrupción de la justicia. 

*En una trampa más para no regresar el hotel Mayaland al empresario yucateco, Fernando Barbachano, los fiscales no acudieron a la audiencia de restitución de derechos, en un hecho inédito y vergonzoso de la Justicia de Yucatán.

*La juez, Lizbeth Álvarez de la Cruz, ordenó multa y apercibimiento con arresto para los fiscales, en caso de no acudir a la audiencia del 30 de agosto, para la restitución de los derechos a favor del dueño del hotel.

En un hecho inédito y vergonzoso de la Justicia de Yucatán, la Fiscalía General de Justicia de Yucatán solapa y protege a la red delictiva que ha intentado despojar de manera ilegal de sus propiedades al empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero. 

El empresario, dueño del hotel Mayaland ubicado en la zona arqueológica de Chichén Itzá, denunció a través de su representante legal, el abogado Dante Rodríguez Loria, que la dependencia encabezada por Juan Manuel León León, ha violado y manejado la ley a su antojo para favorecer al clan mafioso encabezado por Rodolfo Rosas Moya, prestanombres del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien se encuentra detrás de este hecho delictivo.

Por ello, a pesar de las pruebas contundentes que hay en contra de Rosas Moya y de las personas que han participado en el intento del despojo, entre funcionarios, jueces y la Fiscalía General de Justicia de Yucatán se ha negado de manera categórica ejercer acción penal contra los involucrados.

El litigante expuso que se cuenta con las pruebas suficientes para someterlos a proceso judicial y demostrar con pruebas jurídicas la culpabilidad que han tenido en el intento de despojo de las propiedades de su cliente.

A pesar de las pruebas ofrecidas a la Fiscalía, la dependencia se ha negado a judicializar la carpeta de investigación y en cambio, la carpeta de investigación apenas se encuentra en la etapa inicial, lo que demuestra la evidente protección que existe al grupo encabezado por Rodolfo Rosas Moya.

Asimismo, la dependencia estatal se ha negado a regresar la propiedad a sus legítimos dueños, aun cuando existe una resolución judicial para levantar el aseguramiento y regresar el hotel a la familia Barbachano, cuyo inmueble ha permanecido en su familia durante un siglo.

Por lo cual existe un claro ejercicio indebido de funciones al interior de la Fiscalía de Yucatán, permitido por el Fiscal General, por órdenes directas del gobernador de Yucatán.

El 13 de agosto, el fiscal José Antonio Valdez León fue citado a una audiencia para cumplir el acuerdo en el cual se restituirían los derechos del empresario Fernando Barbachano como depositario del inmueble de su propiedad, lo cual se haría de manera virtual, que por dolo o negligencia jamás se materializó en una entrega real o material, por lo cual se decidió denunciarlo ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

El 20 de agosto, la juez Elizabeth Álvarez de la Cruz, adscrita al Distrito Quinto, citó a una nueva audiencia para la restitución de los derechos del empresario Fernando Barbachano, sin embargo, por órdenes del propio fiscal general, los funcionarios no se presentaron.

La juzgadora impuso una multa de 250 Unidades de Medida de Actualización (UMA), que asciende a la cantidad de 27 mil 142 pesos, que sería cubierto con el presupuesto de la Fiscalía, concretándose un mal uso de los recursos públicos. 

Asimismo, ordenó para los fiscales G.P.E.C y Valdez León, un apercibimiento urgente a la audiencia fijada para el 30 de agosto y un arresto de hasta 36 horas en caso de no presentarse.

Se envió copia a la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por el abandono indebido de sus funciones.

Dicha omisión pone en evidencia que la Fiscalía protege los intereses de la asociación delictuosa, que tomó por la fuerza el 17 de febrero del 2022 las instalaciones de los hoteles, pues no es cierto que la propiedad del predio se encuentre en disputa como lo adujo sin sustento alguno la Fiscalía; ni en el juicio ejecutivo mercantil, que no tiene por objeto la propiedad, ni en ninguna otra instancia judicial.

La legítima propiedad de los inmuebles corresponde única y exclusivamente al señor FERNANDO EUGENIO BARBACHANO HERRERO y familia; a nadie más, mucho menos a ALVARADO MURO, ni a GABRIEL PÉREZ ESQUINCA CÁMARA, ni siquiera le asiste la calidad de depositario al primero de los señalados, y por lo que respecta a este último, resulta gravísimo que a pesar de la entrevista de fecha 19 de febrero de 2022 en la que reconoció que “en la madrugada del día 17 de febrero tomó la posesión de los hoteles”, la Fiscalía siga sin ejercitar acción penal en su contra.

Aun suponiendo sin conceder que la propiedad estuviese en disputa (no lo está), ello no justificaría la toma ilegal de la posesión real, pues, en su caso,  el interesado tendría que esperar a que el “conflicto” se resuelva, a que se dicte una sentencia favorable,  que dicha sentencia cause ejecutoria, y que la misma sea cumplimentada o ejecutada; es decir, únicamente por mandato judicial podrían haber tomado las instalaciones de los hoteles, pero no lo hicieron, optaron por hacer uso ilegítimo de la fuerza y operar en agravio de los propietarios y de las autoridades  hacendarias, sin embargo, la Fiscalía Estatal no ha hecho más que permitir la consumación de este delito y sus efectos, incurriendo así en actos más que evidentes de corrupción.

En este caso hay los elementos suficientes para ejercer la acción penal cuando menos en contra de GABRIEL PÉREZ ESQUINCA CÁMARA, pues como ya se dijo, reconoció ante el Fiscal de Valladolid que tomó la posesión de los hoteles en la madrugada del día 17 de febrero de 2022, sin contar con ningún título jurídico para ello y mucho menos autorización del juez competente. 

A través de un comunicado de prensa, el abogado Rodríguez Loria, precisó que es claro que la Fiscalía de Yucatán no tiene argumentos jurídicos para oponerse a la restitución jurídica de los hoteles a su legítimo dueño, Fernando Barbachano Herrero, por lo cual prefirió no acudir a la audiencia, dejando a la víctima en un estado de indefensión.