Fiscalía protege a violentador

• La familia de una adolescente que denunció al padre del alcalde Jesús Germán Cauich Pinto llevará su reclamo a Palacio de Gobierno.
• Acusan lentitud de la Fiscalía, presuntas presiones para frenar el caso y hostigamiento contra la menor.
• La investigación no avanza y el presunto responsable estaría siendo protegido por sus vínculos familiares con el presidente municipal.

Redacción/Sol Yucatán

Mérida, Yucatán.— La pesadilla de una adolescente de Celestún no terminó con la presunta agresión sexual que denunció: ahora su familia acusa que también tiene que enfrentar el abandono de la Fiscalía, el hostigamiento y las burlas en su propia comunidad. Mientras el expediente involucra al padre del alcalde Jesús Germán Cauich Pinto, la justicia sigue sin ofrecerles la respuesta que exigen. La desesperación llegó al punto de que sus familiares preparan una protesta frente al Palacio de Gobierno, con muñecas que representarán a la menor y a su madre, para exhibir lo que consideran indiferencia y protección política.

La denuncia por presuntos delitos sexuales contra una menor de edad en Celestún no sólo arrastra cuestionamientos por la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que ahora amenaza con convertirse en una protesta pública frente al Palacio de Gobierno. La familia de la adolescente acusa que, mientras el expediente permanece sin resultados que consideren suficientes, la víctima enfrenta burlas, hostigamiento y un deterioro de su estado emocional.

De acuerdo con testimonios recabados sobre el caso, los familiares preparan una manifestación para el próximo martes 3 de noviembre, aunque todavía no tienen confirmada la hora. La movilización contempla llevar dos muñecas a las puertas del Palacio de Gobierno, como representación de la menor y de su madre, para exigir que las autoridades intervengan y atiendan la denuncia.

La protesta, según lo anunciado por personas cercanas a la familia, incluiría el cierre de la calle para presionar a las autoridades y conseguir que el caso reciba atención. El reclamo es directo: la familia considera que la investigación no avanza y acusa que el presunto responsable estaría siendo protegido por sus vínculos familiares con el presidente municipal.

El señalamiento apunta a Germán C.S., padre del alcalde de Celestún, Jesús Germán Cauich Pinto, contra quien se presentó una denuncia por presuntos delitos sexuales. Como publicó anteriormente Sol Yucatán, el expediente quedó identificado con el número FGE/SEXUAL/UNADT/419/2026 y refiere hechos que habrían ocurrido en al menos tres ocasiones, cuando la adolescente tenía 12 años.

La publicación del 25 de abril documentó que la investigación contemplaba los posibles delitos de abuso sexual, corrupción de menores, incapaces y estupro. También consignó que, según los señalamientos recabados entonces, el presunto involucrado habría abandonado Celestún y se encontraría en Campeche.

El caso volvió a exhibir la gravedad de las acusaciones de que personas cercanas a la familia denunciaron un supuesto intento de comprar su silencio. Según esos testimonios, se habría ofrecido un pago de dos millones de pesos y una vivienda de un programa de Bienestar a cambio de retirar la denuncia. También se señaló al alcalde por presuntas presiones y hostigamiento contra los familiares.

Ahora, los nuevos testimonios agregan otro elemento: la familia asegura que la adolescente es objeto de burlas en el puerto y que los familiares han tenido que soportar provocaciones. Uno de los declarantes afirmó que el padre del edil circula en vehículos nuevos y que incluso habría pasado frente al domicilio de la víctima para burlarse de sus familiares.

También denuncian que la menor presenta afectaciones psicológicas y que ha expresado ideas de quitarse la vida. Se trata de una señal de extrema gravedad que exige atención especializada, protección inmediata y una respuesta institucional que coloque la seguridad de la adolescente por encima de cualquier disputa política.

Los testimonios también contienen señalamientos sobre una presunta solicitud de fotografías y de que otras menores fueran llevadas ante el señalado, a cambio de pagos de 500 pesos. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades, particularmente para determinar si existen otros posibles delitos o más víctimas.

La familia cuestiona que la Fiscalía no haya informado avances suficientes y sostiene que el parentesco del denunciado con el presidente municipal estaría influyendo en el trato que recibe el expediente.

Queda expuesta la exigencia de que la FGE informe qué ha hecho desde que recibió la denuncia, qué diligencias ha practicado, si ha recabado las declaraciones y elementos señalados por la familia, y qué medidas ha dispuesto para proteger a la adolescente.

La protesta anunciada pretende trasladar el reclamo desde Celestún hasta la sede del Ejecutivo estatal. La familia sostiene que ya agotó la espera y que necesita una respuesta de las instituciones. No debería ser necesario cerrar una calle, llevar muñecas a Palacio ni exhibir públicamente el sufrimiento de una menor para que una denuncia por violencia sexual sea atendida con diligencia.

En este caso, la responsabilidad de investigar corresponde a la Fiscalía, no a la familia de la víctima. Y la obligación de las autoridades es garantizar que la menor pueda recibir atención, protección y acceso a la justicia sin presiones, burlas ni revictimización.