FGE-PEI, protectores de mafiosos

• En la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación existe una red de corrupción y protección para darle impunidad a personas poderosas vinculadas al ámbito político y empresarial.

• Arturo Millet Reyes, Roger Aguilar Arroyo, Rolando Bello Mejía y María Esther Magadán Alonzo, son solo algunos de los personajes ligados a la política que han recibido protección por parte de las autoridades.

• Yucatán cuenta con un nivel de impunidad del 75%, por lo cual de cada 100 denuncias solo 25 llegan a un juez y de estas apenas el 30% llega a una sentencia firme.

Redacción/Sol Yucatán

En la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Investigación existe una red de corrupción y protección para darle impunidad a personas poderosas vinculadas al ámbito político y empresarial.

Las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia fabrican carpetas de investigación por encargo, de manera similar a cómo operó la red mafiosa al interior de la Fiscalía en el Gobierno de Ivonne Ortega con Héctor Cabrera Rivero como fiscal general del estado, hoy asesor de seguridad en el gobierno de Joaquín Díaz Mena.

Lo grave del asunto es que las personas encargadas de la seguridad y velar por la justicia son las mismas que falsean, inventan, siembran evidencias, manipulan dictámenes periciales y judicializan las carpetas de investigación, dejando al ciudadano en total estado de indefensión a merced de la “justicia”.

Esta situación ha llevado al estado a tener una tasa del 75% de impunidad, es decir, solo 25 de cada 100 denuncias que se interponen en el Ministerio Público, llegan ante un juez y apenas el 30% de ellas termina con una sentencia firme.

Uno de los casos más emblemáticos se registró durante la detención y proceso judicial de los abogados José Antonio Méndez Mex y Lorena Dzib Cohuo, quienes fueron exonerados de la acusación y carpeta de investigación fabricada por la Policía Estatal de Investigación y la propia Fiscalía General del Estado, con la única intención de que no llegaran a la audiencia del hijo de una pareja de políticos y empresarios.

La audiencia era para discutir la liberación del joven, inculpado en la muerte de una pareja de esposos y su hijo que estaba en la etapa de gestación.

En la audiencia de vinculación se demostró la fabricación de la carpeta, pero cumplieron su cometido principal.

Otro caso donde quedó en evidencia la protección que se registra en la Fiscalía, quedó de manifiesto durante la detención de la semana pasada del empresario Arturo Millet Reyes.

En noviembre del año pasado la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a Millet Reyes por la carpeta de investigación por fraude por un monto de 117 millones de pesos.

La Fiscalía lo puso a disposición de un juez de control, quien le imputó los cargos, sin embargo, tras un acuerdo a principios de enero fue liberado.

Lo que llama la atención es que, durante los meses de noviembre y diciembre, en los que Millet Reyes estuvo en prisión, la Fiscalía de Nuevo León solicitó la colaboración para que el empresario yucateco sea entregado a las autoridades de ese estado para que responda por la acusación de un fraude de 300 MDP, sin embargo, la respuesta fue negativa.

Esta situación facilitó la huida del empresario, sin embargo, tras presión de los afectados se consiguió que la Fiscalía de Nuevo León, promoviera una ficha de búsqueda, la cual fue enviada a las policías del país, finalmente, fue ejecutada por la SSP.

Lo que llama la atención es el grado de protección que existe en Yucatán, derivado por el tráfico de influencia política, debido a que Millet Reyes aún está casado con Gabriela López Gómez, quien es la asesora de comunicación y estrategia política del gobierno estatal.

Asimismo, Millet Reyes ha sido señalado como operador financiero del Cártel de Sinaloa, ya que durante años los habría ayudado a lavar el dinero de sus ganancias.

Roger Aguilar Arroyo, ex alcalde de Motul y actual director del Inderm, es otro de los que recibe protección.

El funcionario no ha podido ser llevado a juicio por las carpetas de investigación que tiene por corrupción en el Ayuntamiento de Motul.

Tampoco ha avanzado la denuncia que tiene por violencia en razón de género, agresión, lesiones y amenazas.

En más de una ocasión Aguilar Arroyo ha dicho públicamente que el fiscal, Juan Manuel León León, es su gran amigo, asimismo, el propio director de la Policía Estatal de Investigación (PEI) Carlos Flores Moo, recibió como obsequio un caballo pura sangre por parte de la ganadería “As”, propiedad de Aguilar Arroyo.

No hay que olvidar que la PEI es la encargada de realizar las investigaciones para luego entregar los resultados de las mismas al Ministerio Público.

Caso similar se registra con las denuncias y procesos contra la inmobiliaria Inverco, propiedad de Rolando Bello Mejía, sobrino del ex gobernador y senador Rolando Zapata Bello, denunciado por mega fraude.

Las denuncias datan del 2018 y existen 200 carpetas de investigación en la Fiscalía, sin embargo, a pesar de las pruebas contundentes de los afectados el caso no se ha judicializado.

Situación similar ocurre con los afectados por el fraude del Infonavit, donde está involucrado Ricardo Mañe Lara y en que participan Mauricio Sahuí Rivero y hasta Rogerio Castro Vázquez, hay cerca de 300 afectados, pero el caso sigue en la congeladora.

Historia similar se registra con la denuncia de la diputada María Esther Magadán Alonzo “Chelita”, quien fue denunciada por presuntos actos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción no ha realizado ninguna diligencia.