Escala el conflicto de BOMSSA

Llega el caso a Derechos Humanos

• Excolaboradores denuncian presuntas violaciones durante las detenciones y sostienen que la empresa acumula alrededor de 15 litigios laborales por despido injustificado.

Redacción/Sol Yucatán

Lo que inició con la detención de tres excolaboradores de Bomssa escaló a un frente legal cada vez más amplio. Además del proceso penal que enfrentan los trabajadores, colaboradores y excolaboradores de la empresa aseguran que ya promovieron acciones ante organismos de Derechos Humanos, al considerar que durante las detenciones y el desarrollo del caso se cometieron presuntas violaciones a sus garantías fundamentales.

Los denunciantes sostienen que el procedimiento estuvo marcado por diversas irregularidades, entre ellas la presunta privación de la libertad sin orden de aprehensión, la incomunicación de los detenidos durante varias horas y la falta de información sobre el motivo de su arresto. Según los testimonios recabados por Sol Yucatán, estas circunstancias motivaron la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, con el propósito de que se investigue la actuación de las autoridades involucradas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el caso no sólo evidencia un conflicto penal, sino también una disputa laboral que, afirman, se ha repetido con otros trabajadores de la empresa. Los informantes señalaron que existen alrededor de 15 demandas por presunto despido injustificado, promovidas tanto en Mérida como en Villahermosa por excolaboradores que decidieron acudir a los tribunales tras concluir su relación laboral con Bomssa.

Los denunciantes consideran que el proceso iniciado contra los tres excolaboradores también tendría un impacto en el ámbito laboral, pues sostienen que una imputación penal dificultaría cualquier reclamación relacionada con indemnizaciones, prestaciones o despidos, situación que, aseguran, beneficia a la empresa en los litigios que mantiene con antiguos trabajadores.

En medio de este escenario, los denunciantes insisten en que la actuación de la empresa habría estado encabezada por el empresario Liborio Vidal Aguilar, con la participación del contador José Carlos Magaña Navarrete y de Pamela Guadalupe Rubio Pool, identificada por los informantes como la titular jurídico de Bomssa. Según los testimonios, los tres forman parte de la estructura directiva que tomó decisiones relacionadas con el caso.

Los colaboradores y excolaboradores consultados por Sol Yucatán sostienen que las acciones legales emprendidas no buscan únicamente la revisión del proceso penal, sino también que se investigue el contexto en el que ocurrieron los hechos y las presuntas presiones que, aseguran, enfrentaron antes y después de las detenciones. Afirman que continuarán aportando información a las autoridades y que agotarán las instancias legales disponibles.

El caso ya dio un paso más allá del ámbito penal. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) admitió para su gestión una queja en la que se denuncian presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a servidores públicos de distintas dependencias estatales durante la detención y el desarrollo del procedimiento. Como parte del acuerdo de admisión, el organismo inició las diligencias correspondientes para recabar información de las autoridades señaladas, analizar los hechos expuestos y determinar si existieron afectaciones a las garantías fundamentales de las personas involucradas.

Entre los actos denunciados se encuentran la presunta detención ilegal, el tiempo que permanecieron incomunicados, la falta de información sobre los motivos de su arresto y otras posibles irregularidades que, de acuerdo con la queja admitida, deberán ser analizadas por la CODHEY antes de emitir una determinación. Sin embargo, para los denunciantes, el expediente de los tres excolaboradores representa sólo una parte de un problema mucho mayor. Aseguran que detrás del proceso existen presuntas prácticas irregulares que durante años habrían operado dentro de Bomssa y que, sostienen, eran conocidas por quienes hoy enfrentan el proceso penal.

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