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Empresarios huachicoleros
- Autoridades mexicanas y estadounidenses investigan una red de huachicol que estaría introduciendo combustible ilegal por el puerto de Progreso, lo que significa millonarias pérdidas.
- La mercancía ingresaría por el puerto de Altura y se trasladaría a pequeños expendios y gasolineras de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco.
- Todo apunta a que células del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa tendrían injerencia directa en la actividad huachicolera, aprovechando su estructura criminal y de contubernio al interior de la terminal portuaria.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El puerto de Progreso, considerado como uno de los brazos económicos de Yucatán y llamada la puerta de entrada y salida del comercio de la Península de Yucatán, es blanco de una nueva investigación federal de autoridades mexicanas y estadounidenses.
Se le relaciona con una de las rutas del llamado huachicol fiscal que estaría generando millones de dólares en combustible ilegal.
En el ojo del huracán se encuentra el Puerto de Altura, cuya infraestructura estarían utilizando la red de huachicoleros para concretar el tráfico de combustible, que va desde diésel, gasolina y turbosina.
El combustible llega por mar, se mueve por carretera y termina en algún punto de la Península.
La Fiscalía General de la República estima que tan solo en Yucatán existirían más de 5 mil puntos de pequeños expendios de hidrocarburo que estarían comercializando combustible ilegal procedente del tráfico.
Aunque también existe una investigación en curso sobre empresarios gasolineros que estarían adquiriendo grandes cantidades de combustible a un menor costo, pero que proceden del contrabando, es decir, ilegal, y que estarían legalizando el producto a través de empresas factureras.
En medio de esa cadena, Progreso ocupa una posición estratégica.
El principal puerto comercial de Yucatán movilizó en el 2025 más de 3.65 millones de toneladas de hidrocarburos, entre combustibles de Pemex y productos comerciales.
Es decir, unos 4 mil 560 millones de combustible con un valor aproximado de 109 mil 440 millones de pesos.
Lo que demuestra la capacidad para el transporte de hidrocarburos a la entidad.
La propia documentación portuaria reportó gasolina, diésel, turbosina y asfalto entre las mercancías movilizadas.
Detrás de estos millonarios negocios existirían redes criminales que se habrían infiltrado en la aduana para concretar el ingreso de combustible de manera ilegal a la entidad y que no solo se estaría distribuyendo a Yucatán, sino que también a Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
De acuerdo con las indagatorias, el combustible que entra a Progreso lo hace de manera irregular con el objetivo de evadir impuestos y alterar la trazabilidad de la mercancía.
Se estima que alrededor del 5% de la mercancía que llega a Progreso lo hace de manera irregular, es decir, al menos 228 millones de litros de combustible entrarían de manera ilegal, con un valor estimado en el mercado al consumidor de 5 mil 472 millones de pesos, un negocio redondo.
Por lo cual el puerto de Progreso se está convirtiendo en una importante ventana para el ingreso de combustibles que llegan en buques con banderas internacionales procedentes principalmente del Caribe y Centroamérica.
Es decir, algunas rutas que tenían como destino Manzanillo y Veracruz se han redirigido a Progreso, por la seguridad en los dos puertos antes mencionados y la poca vigilancia en el puerto yucateco.
La millonaria inversión estimada en poco más de 12 mil 500 millones de pesos del Gobierno Estatal y Federal para la ampliación del puerto de altura podría incrementar el tráfico de hidrocarburos o huachicol fiscal, debido a que incrementará el volumen de operaciones, lo que se convierte en un imán para estas actividades.
Fuentes cercanas a la investigación declararon a Sol Yucatán que agrupaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación tendrían injerencia directa en el trasiego de hidrocarburos, aprovechando la estructura que han conformado en el puerto de altura para el tráfico de drogas.
Es decir, las agrupaciones no solo estarían utilizando la infraestructura del puerto de Progreso para el trasiego de droga a mercados internacionales, sino que también estarían introduciendo combustible de manera ilegal, lo que estaría significando un millonario negocio.
Ante este panorama, no resulta una coincidencia el incremento de la incidencia delictiva por el huachicol en la entidad.
En el 2024, el delito prácticamente estaba extinto con solo dos denuncias, sin embargo, la situación cambió un año más tarde, donde se registraron 20 denuncias y el aseguramiento de más de un millón 200 mil litros de combustible.
Además, no es fortuito que del 2025 hasta el cierre del mes de agosto las autoridades federales hubieran realizado 36 operativos contra el huachicol.
Lo que resulta sospechoso es que, a pesar del incremento de la actividad huachicolera, Pemex no reporta tomas clandestinas a los ductos para el robo del combustible.
Investigaciones de Sol Yucatán arrojaron que presuntamente redes huachicoleras habrían aportado mil 500 millones de pesos para la campaña de Morena en la pasada elección, lo que pudiera tener una relación directa con esta actividad que hasta antes del cambio de gobierno era una actividad que estaba prácticamente erradicada.
No hay que olvidar que Progreso es blanco de investigaciones por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses como punto de salida para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales, en especial Estados Unidos, Asia y Canadá.