Empresa de la familia Loret de Mola provoca desastre ambiental en comunidad de Yucatán

Los habitantes de Santa María Chi, en Yucatán, sufren la contaminación del agua y respiran el humo tóxico derivado de la quema de toneladas de excretas de cerdo. La responsable de este desastre es la empresa San Gerardo, propiedad de la familia Loret de Mola. Empresa que también es aparcera de Kekén

Texto y fotos: Patricio Eleisegui

YUCATÁN. – Dicen los habitantes de Santa María Chi, una subcomisaría ubicada a 20 minutos de Mérida, la capital de Yucatán, que suman 15 los metros que separan a la primera casa del pueblo de la entrada principal de la porcícola San Gerardo. A la vista parecen todavía menos. La distancia, exigua más allá de los detalles, se vuelve casi una anécdota en cuanto se repara en el drama sanitario y ambiental que afecta a esta comunidad maya de alrededor de 500 habitantes. Desde hace más de tres décadas, la población bebe, respira e interactúa con la contaminación que genera una mega instalación porcícola en la que hoy se engordan más de 43 mil cerdos.

La mención a la actualidad del dato de los ejemplares concentrados en San Gerardo no es antojadiza: la factoría inició operaciones a mediados de los años 80 con un tamaño por demás de reducido y sin que su funcionamiento se hiciera notar demasiado en la realidad socioambiental de Santa María Chi.

El escenario comenzó a cambiar en la última década y media, con la expansión acelerada de las naves en las que se almacenan los animales. Esto último trajo aparejado desde la contaminación de todas las fuentes de agua de la comunidad hasta la aparición de una cadena de lagunas de excrementos y orines que en la actualidad se multiplica aniquilando gran parte de la selva lindera al pueblo.

San Gerardo funciona como aparcera de Kekén, la compañía del Grupo KUO que monopoliza la producción de carne de cerdo en la Península de Yucatán. Es propiedad de Francisco José Loret de Mola Díaz, pertenece a la vieja casta de los Loret de Mola en el estado, quienes han sido políticos, periodistas y empresarios en Yucatán.

Además, los Loret de Mola también tienen varios negocios en el estado. Uno de ellos es Grupo Lodemo, una empresa de gasolinerías fundada por Emilio Alberto Loret de Mola Díaz, un ganadero y empresario. Esta empresa, actualmente es presidida por Emilio Loret de Mola Gomroy.

San Gerardo, además de su actividad en Santa María Chi, explota instalaciones porcícolas en municipios como Hunucmá.

Precisamente en Hunucmá, hace cinco años San Gerardo fue objeto de denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) por contaminación y daños a los ecosistemas. Según el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la empresa ocupa el 9° lugar entre los principales beneficiados con concesiones para uso del recurso hídrico en Yucatán –casi 240 mil metros cúbicos anuales–.

En Santa María Chi, la gota fétida que rebasó el vaso de la paciencia popular cayó hace poco más de una semana.

No satisfechos con inundar la zona con los residuos derivados de semejante concentración de porcinos, los directivos de San Gerardo –que apenas da empleo a 4 personas del pueblo– decidieron prender fuego a toneladas de excretas resecas de cerdo en una suerte de incendio autoprovocado que incluso afectó a gran parte de la vegetación cercana a los galpones de la compañía.

Las llamas dieron lugar a un humo tóxico que originó un abanico de dolencias respiratorias y otros problemas de salud entre las y los vecinos de Santa María Chi. El rasgo venenoso de la emanación fue tal que en la comunidad aseguran que hasta perros y gatos hogareños padecieron problemas pulmonares tras la quema.

La reacción inmediata de la comunidad fue organizarse para exigir, de una vez y para siempre, el cierre de la mega granja de San Gerardo. El lunes 15 de este mes, las y los pobladores montaron un acampe a menos de 100 metros del ingreso principal a la factoría y desde entonces mantienen un reclamo al que las autoridades de Mérida, la alcaldía con competencias, han hecho caso omiso.

Peor aún: según asegura Wilbert Nahuat Puc, subcomisario de Santa María Chi, el mismo Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, afirmó, ante el pedido de intervención acercado por la comunidad, que velar por la salud de la población no es competencia del Ayuntamiento.

La vieja táctica de criminalizar la protesta social

“El alcalde dijo que nuestra salud no depende de Mérida sino del gobierno del Estado. En el área de Desarrollo Social de Mérida también nos respondieron de esa forma. Qué solo el gobierno del Estado tiene una unidad de salud”, comenta Nahuat Puc.

Lo grave del argumento oficial radica en que, según normativas como el Reglamento de Protección al Ambiente y el Equilibrio Ecológico vigente para Mérida, el municipio tiene la obligación de “prevenir, controlar y sancionar la contaminación atmosférica, del suelo o aguas y la originada por gases, polvo, ruidos, vibraciones, desechos, energía térmica y lumínica y olores” –apartado VII del artículo 1–.

Y debe, además, “garantizar el derecho de todos los habitantes del municipio de Mérida –al que pertenece Santa María Chi– a disfrutar de un ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, que les permita una vida digna”. El artículo 2 del mismo reglamento destaca como responsables del cumplimiento de estos preceptos al presidente municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Unidad de Desarrollo Sustentable, entre otros actores y dependencias.

La figura del subcomisario, más allá de que la comunidad de Santa María Chi lleva adelante su lucha como colectivo, no ha dejado de cobrar relevancia en estos días por efecto de las maniobras que viene llevando a cabo San Gerardo para neutralizar la movilización popular.

Ocurre que, a través de sus abogados, la compañía activó dos demandas contra Nahuat Puc, en lo que debe asumirse como un intento por disciplinar a la comunidad a partir de la persecución judicial a uno de los rostros socialmente más visibles del pueblo.

Sobre el subcomisario de Santa María Chi pesan acusaciones de presunta privación ilegítima de la libertad las cuales, ridículas por donde se las mire, emergen del corte de calle llevado a cabo prácticamente por todos los miembros de la comunidad en protesta por la quema de excretas. San Gerardo alega que la acción provocó una retención de los trabajadores de la factoría que, según Nahuat Puc, la firma vinculó directamente con un intento de secuestro.

¿A quién le importa la salud?

En simultáneo a negar cualquier tipo de responsabilidad o competencia para detener la intoxicación de la comunidad, y siempre a regañadientes, el Ayuntamiento envió a un médico para relevar las afectaciones denunciadas por las y los vecinos de Santa María Chi. La visita tuvo lugar cinco días después de activado el acampe a metros de San Gerardo.

Y en otra muestra de desprecio, el gobierno de Barrera Concha acercó como especialista designado a un integrante del programa Médico a Domicilio quien reconoció no saber el motivo de su arribo al pueblo.

“El médico dijo no estar al tanto de la situación con la granja. Llegó al pueblo sin medicamentos, no vino preparado. Y se encontró con que casi todas las personas que se acercaron a la consulta sufrían de problemas por el humo de lo que estuvo quemando la empresa”, cuenta una integrante del colectivo de vecinas y vecinos de Santa María Chi.

Otro habitante de la comunidad detalla: “El médico encontró que el 90 por ciento de las personas que se acercaron a la consulta sufrían de faringitis aguda. También dio con muchos casos de rinofaringitis y bronquitis. Tos, dolor de garganta, agravamiento de la situación de las personas con asma, fueron otros problemas de salud que constató. Prácticamente todos los adultos y niños del pueblo tienen algunos de estos síntomas o problemas”.

Vale destacar que semejante cuadro sanitario refiere únicamente a lo constatado en Santa María Chi. Resta conocer la afectación sufrida por los habitantes de Sitpach y Cholul, dos localidades cercanas a la comunidad en la que opera San Gerardo y que también se vieron alcanzadas por el humo resultante de la quema de excretas. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Mérida no ha dado una sola señal de interés por monitorear el impacto de las emanaciones tóxicas en ambos pueblos.

“El gobierno nos da la espalda. La empresa, lo mismo. Lleva más de tres décadas funcionando aquí y jamás dialogó con los vecinos. Contaminaron los pozos de agua, que huele a cochino, y han hecho del pueblo un lugar en el que nos hemos acostumbrado a tener enfermedades gastrointestinales. Ahorita nos hacen respirar este humo. No podemos vivir de esta forma”, expresa una vecina que se reconoce entre las afectadas por la faringitis aguda.

“Queremos que la granja se cierre. ¿Han visto las lagunas con aguas negras en el monte? Todo eso ocurre a espaldas del pueblo y desde hace años. La empresa ha tenido una clausura de SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y ahí sigue funcionando como si nada. El Gobierno de Mérida no atiende nuestro pedido y respalda a San Gerardo. A nosotros nos queda seguir luchando hasta cambiar eso. Por nuestro bien y el de nuestros hijos”, concluye uno de los integrantes más jóvenes del colectivo comunitario.

Al igual que en Homún, en Sitilpech, en Chapab y Kinchil, la resistencia se hace cuerpo y convoca al pueblo de Santa María Chi, que transmite unión y coraje en otro escenario de batalla desigual frente al bloque cómplice que, desde hace más de una década, integran las empresas porcícolas y los gobiernos yucatecos.

Las y los vecinos saben que del otro lado proliferan los recursos económicos, el poder político, el privilegio racial y el tiempo para amedrentar, perseguir, desgastar, la oposición a un sistema que detesta a los defensores del territorio. Entienden que la supervivencia de la comunidad depende de no dar un solo paso atrás. Es a partir de esa conciencia que la población de Santa María Chi sostiene una defensa de la vida que ya es símbolo de cada pueblo maya en lucha contra el ecocidio que auspician las mega factorías porcícolas. (Pie de Página)