El saqueo silencioso del ISSTEY

El fraude financiero que se insiste en ignorar

Redacción/Sol Yucatán

Hay crímenes financieros que no necesitan de hombres armados ni de bancos asaltados a medianoche; basta con una firma en un escritorio de gobierno y una narrativa empaquetada como «estrategia de inversión».

En Yucatán, la historia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán es el testimonio de cómo el futuro de miles de maestros, empleados públicos y servidores estatales fue privatizado y puesto en riesgo a plena luz del día.

Durante la administración de Rolando Zapata Bello, el entonces director del instituto, Ulises Carrillo Cabrera, funcionario heredado por Ivonne Ortega Pacheco, en cuyo gobierno se desempeñó primero como jefe de su despacho y después como Secretario de Planeación y Presupuesto, entregó en 2014 una porción sustancial del fondo de pensiones al Grupo Escorfin; una firma externa encabezada por Roberto Guzmán García.

Lo que se vendió a la opinión pública como una maniobra responsable para multiplicar la bolsa del retiro terminó siendo, según las evidencias recabadas, una de las tramas de ingeniería financiera más voraces y opacas de la historia reciente del país.

Este esquema “invisible” se divide en tres grandes apartados.

El primero es la red de empresas fachada. Detrás del manejo del patrimonio público se tejió una estructura de empresas vinculadas entre sí, creadas en distintas fechas para diluir responsabilidades. El dinero de los trabajadores transitó hacia un entramado opaco donde se cruzaban intereses entre funcionarios públicos y socios privados.

El según punto está en un modelo de desfalco que no inicia en Yucatán; Roberto Guzmán García y Grupo Escorfin no operaron de forma aislada en Yucatán. El mismo esquema de desvío e inversiones inmobiliarias dudosas arrastra denuncias en otras entidades del país.

Por último, el silencio mediático. A diferencia de escándalos corporativos que acaparan reflectores nacionales, el presunto desfalco al ISSTEY ha sido sistemáticamente relegado.

Mientras la mayoría de los medios se ocupa conflictos mediáticos llamativos pero superficiales, en Yucatán la duda del quebranto de las pensiones se intenta enterrar en el olvido.

Algo que parece que ya nadie recuerda es que el dinero depositado en el ISSTEY no le pertenece al gobierno en turno ni a corporativos financieros; es el salario de familias que trabajaron toda su vida bajo la esperanza de una jubilación digna.

El caso ISSTEY es algo paradójico, deja a la vista que la impunidad no siempre se construye escondiendo el delito, sino haciendo que la maniobra resulte demasiado compleja o lejana para evitar se hable de ella.

Años después del inicio de estas transferencias a Grupo Escorfin, la pregunta principal sigue sin respuesta.

¿A dónde se fueron los recursos del retiro de los trabajadores yucatecos?