El fracaso sistémico de la FGE y el Poder Judicial

85% DE LOS ASESINATOS EN YUCATÁN QUEDAN SIN CASTIGO

• Frente a 1,466 carpetas de investigación por homicidio, apenas 120 han sido concluidas en su totalidad. Con un 78.65% de las denuncias paralizadas en los escritorios de la FGE, el 85% de los asesinatos en Yucatán permanecen en la impunidad.

Por Claudia V. Arriaga Durán

Un adolescente de 17 años de edad murió en 2023 a causa de quemaduras de segundo y tercer grado en Mérida, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se trató de un homicidio. En 2026, otro menor de la misma edad fue asesinado a balazos, y junto con él, en ese mismo año, tres adultos de 22, 30 y 32 años también perdieron la vida por proyectiles de arma de fuego. Estos últimos crímenes ocurrieron en los municipios de Dzilam González y Kanasín.

Quemadas, heridas por armas de fuego o punzocortantes: así son asesinadas las personas en Yucatán.

Aunque en los casos citados las investigaciones ya fueron concluidas y judicializadas, es decir, que los presuntos homicidas fueron presentados ante los tribunales, la justicia no llega para la mayoría. De las 1,466 carpetas de investigación por homicidio registradas de 2018 a abril de 2026 por la FGE ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo el 21.35% ha sido judicializada. El 78.65% restante permanece sin avance en los tribunales.

A esto se suma la opacidad institucional: la Fiscalía no proporcionó información sobre si los imputados enfrentan sus procesos en prisión preventiva. Además, el tiempo promedio que le toma a la institución investigar y judicializar una carpeta por homicidio oscila entre los tres y los cinco años.

Actualmente, el asesinato de 1,153 personas en Yucatán se encuentra en rezago, un escenario donde el acceso a la justicia se ve obstaculizado por la falta de operatividad en las indagatorias. De las 135 carpetas de investigación que ya fueron concluidas, la autoridad especificó que en 13 de los casos se utilizaron armas de fuego, lo que abre una interrogante sobre el control y acceso a este tipo de armamento en la entidad.

Dzilam Gonzáles: sicarios y crimen organizado

El 5 de enero de 2026, tres personas fueron ejecutadas en una caballeriza del municipio de Dzilam González. Dos presuntos sicarios perpetraron el ataque que cobró la vida de tres hombres, entre ellos dos menores de edad. De acuerdo con las investigaciones, el atentado estuvo vinculado a una disputa entre grupos criminales con orígenes en el estado de Quintana Roo; versiones policiales señalaron de forma preliminar al Cártel de Caborca y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades arrestaron a 10 personas por su supuesta responsabilidad en los hechos. Algunos de los detenidos eran originarios de Quintana Roo, quienes operaron en coordinación con enlaces locales en Yucatán. Los crímenes fueron tipificados como homicidio cometido en pandilla. En un primer momento, la policía estatal y la FGE arrestaron a Donato, padre de una de las víctimas, y a su hija, pero fueron liberados horas más tarde.

Las indagatorias ministeriales apuntan a que el objetivo principal del ataque era un hombre apodado “Nato”, quien se había trasladado desde Limones, Quintana Roo, a Dzilam González seis meses atrás. Los dos menores de edad asesinados se encontraban en el sitio laborando en el cuidado de los caballos. Vecinos de la colonia Santa Cruz, donde se ubicaba la caballeriza, solicitaron auxilio al número de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones.

85 % de impunidad en homicidios

De cada 100 homicidios denunciados en Yucatán entre 2018 y 2026, las autoridades solo han logrado dictar sentencia en 15 casos. El 85% restante permanece en la impunidad debido a un cuello de botella institucional alimentado por dos vías: una Fiscalía que no logra judicializar el 78.65% de sus investigaciones y un Poder Judicial donde casi un centenar de casos siguen en trámite sin recibir un veredicto.

Durante este periodo, el Poder Judicial del Estado ha dictado 215 sentencias, mientras que la Fiscalía ha judicializado 313 carpetas de investigación. La Dirección de Investigación y Litigación (DIL) de Mérida refirió que envió a la etapa de judicatura 110 casos por homicidio doloso y 179 por homicidio culposo. En contraste, las unidades de las 11 regiones del estado solo reportaron 24 investigaciones que alcanzaron la etapa judicial.

Existe una brecha de 98 casos entre los expedientes judicializados (313) y los sentenciados (215). Estas carpetas se encuentran actualmente «en trámite» dentro del Poder Judicial (en etapa intermedia, juicio oral o suspendidas por juicios de amparo), lo que confirma la prolongación de los tiempos procesales, los cuales suelen extenderse por años.

Por otra parte, el 78.65% de los casos (1,153 expedientes) se encuentra paralizado en la etapa de investigación inicial, bajo figuras como el archivo temporal, la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal o en estatus de trámite sin avances determinantes.

Según datos del Gobierno Federal, la incidencia de homicidio doloso a nivel nacional disminuyó en un 46%, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, encabezada por Omar García Harfuch, reportó que hasta el mes de junio se registraron 39 víctimas en las fiscalías del país. En dicho informe, el estado de Yucatán reportó cero delitos de este tipo.

Esta cifra de la federación no se contradice con el rezago del 85% en la resolución de los asesinatos acumulados en Yucatán. Al contrario, evidencia un sistema estatal que no garantiza el acceso a la justicia ni la sanción a los responsables de los delitos cometidos en años previos.

El “Güero” de Tekit fue linchado

En enero de 2025, un hombre de 23 años fue asesinado en el municipio de Tekit. El Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que la causa del deceso fueron quemaduras de tercer grado en el 95% de la superficie corporal, con afectación de las vías aéreas. El homicidio de Ismael Alejandro quedó registrado de forma estadística y técnica en una respuesta oficial obtenida vía transparencia.

Las autoridades arrestaron a cinco personas por la muerte de quien fuera conocido como el «Güero»: José Alfredo C.C., Miguel Ángel B.C., Luis Ángel C.S., Vicente Raúl C.C. y José Ignacio G.C.

Mediante un procedimiento abreviado, José Alfredo C. Ch., alias «Solovino», y Luis Ángel C.S. fueron sentenciados a 18 años de prisión cada uno por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla. Los otros tres implicados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El linchamiento del joven, quien previamente presuntamente cometió el feminicidio de una mujer de la tercera edad identificada como doña Candelaria, se derivó de un escenario de tensión comunitaria. El «Güero» era identificado por los habitantes de la localidad por la comisión constante de conductas delictivas, sin embargo, no existió intervención previa de las autoridades competentes bajo el argumento de que no contaban con denuncias formales en su contra.

Hasta la fecha, la sentencia más alta dictada por el delito de homicidio en el estado es de 88 años de reclusión en el Centro de Reinserción Social (Cereso). Respecto al perfil demográfico de las personas halladas culpables por este delito, la mayoría corresponde al género masculino.

Frente a las 1,466 denuncias interpuestas ante la FGE por el delito de homicidio, apenas 120 carpetas de investigación han sido concluidas de 2018 a 2026, lo que representa el 8.19% del total de los casos reportados.

Las cifras oficiales desmitifican la narrativa de la infalibilidad en la seguridad local: en Yucatán, el problema no es solo la naturaleza de los crímenes que fracturan la tranquilidad de sus municipios, sino la parálisis de un aparato de justicia donde los expedientes acumulan años sin resolución. Mientras el discurso institucional celebra las tasas de baja incidencia en los reportes nacionales, la realidad intramuros de la Fiscalía General del Estado demuestra que el costo de matar en la entidad sigue siendo mínimo, dejando a más de un millar de familias en un duelo suspendido donde las sentencias penales son la excepción y no la regla.

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