El ecocidio lo avaló el gobierno

Recorrido de Sol Yucatán en medio de la destrucción

El desarrollo inmobiliario «Las Dunas, Chuburná»contempla seis torres de departamentos de lujo sobre un sistema dunar que protege la costa de la erosión y los huracanes.
Ambientalistas cuestionan los permisos otorgados durante la administración de Mauricio Vila Dosal.
Redacción/Sol Yucatán

Lo que comenzó como el movimiento de maquinaria pesada sobre un terreno costero terminó por convertirse en uno de los conflictos ambientales más importantes de Yucatán. La construcción del desarrollo inmobiliario «Las Dunas, Chuburná» detonó una ola de inconformidad entre habitantes, ambientalistas, pescadores y organizaciones civiles que denuncian un ecocidio sobre el sistema dunar que durante décadas ha protegido al puerto de huracanes, tormentas y erosión.

La inconformidad ya rebasó las redes sociales. 60 mil personas respaldan una petición ciudadana para detener el proyecto, mientras el colectivo «Salvemos las Dunas» convocó a una manifestación pacífica el próximo 31 de julio, a las 18:00 horas, en el Monumento a la Patria, en Mérida, para exigir la revisión de los permisos y la protección del ecosistema.

El proyecto inmobiliario contempla un complejo residencial de lujo en la zona de las dunas de Chuburná Puerto.

En una primera etapa se habló de cuatro torres con 138 departamentos y 32 locales comerciales, aunque la documentación presentada ante autoridades federales también refiere una propuesta de 74 departamentos distribuidos en seis torres, lo que ha generado dudas sobre las modificaciones realizadas durante el proceso de autorización.

Las imágenes difundidas por vecinos muestran una transformación evidente del paisaje: donde antes existía vegetación costera, ahora predominan terrenos desmontados, montículos de arena removida y maquinaria pesada preparando el terreno para la construcción.

Para los habitantes, el problema no radica únicamente en la edificación de departamentos de lujo, sino en la destrucción del sistema dunar, considerado una barrera natural indispensable para proteger el litoral yucateco.

Las críticas también apuntan hacia las autoridades que permitieron el desarrollo.

Durante la administración del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal (2018-2024), la entonces Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) otorgó la Factibilidad Urbana Ambiental, documento firmado durante la gestión de Sayda Rodríguez Gómez, hoy diputada local del PAN.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el predio pertenece al Tablaje Catastral 1913 y fue adquirido en 2023 por Auralux Representaciones, S.A. de C.V.

El 27 de septiembre de 2023, la empresa presentó ante la Semarnat una primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), identificada con la clave 31YU2023TD115, para desarrollar un complejo de 74 departamentos sobre una superficie de 92 mil 17 metros cuadrados.

Sin embargo, el 13 de diciembre de 2023, la autoridad federal negó la autorización mediante el oficio 726.4/UGA-1789/003248, al considerar que el predio se localizaba en geosistemas donde el desarrollo urbano resultaba incompatible por tratarse de una zona de anidación de tortugas marinas y vida silvestre.

Lejos de quedar cancelado, el desarrollo regresó meses después con un nuevo planteamiento.

El 17 de diciembre de 2024, Auralux presentó una segunda Manifestación de Impacto Ambiental, ahora con el expediente 31YU2024TD116, proponiendo un desarrollo de 138 departamentos sobre el mismo predio.

En esta ocasión, la empresa sustentó el proyecto en una Licencia de Uso de Suelo (LUS 079/24), una Factibilidad Urbana Ambiental emitida por el Instituto Metropolitano para el Desarrollo Urbano (IMDUT) y una clasificación distinta del uso de suelo.

Finalmente, mediante el oficio 726.4/UGA-0371/006675, emitido en julio de 2025, la Semarnat autorizó el proyecto de manera condicionada, obligando a conservar 48 mil 608 metros cuadrados, equivalentes al 52.8 por ciento del terreno, además de implementar programas de rescate de flora y fauna y mantener vigilancia por parte de la Profepa.

Nunca fueron consultados

Uno de los principales reclamos de la comunidad es que jamás fueron informados sobre el desarrollo.

Habitantes aseguran que la maquinaria apareció sin que existiera una reunión pública, consulta vecinal o aviso visible sobre la construcción del complejo.

Incluso el comisariado ejidal tuvo que solicitar por iniciativa propia la documentación que justificaba el ingreso de maquinaria al predio cuando comenzaron los primeros movimientos.

Especialistas recuerdan que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente contempla la posibilidad de solicitar una consulta pública una vez presentada una Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, vecinos sostienen que nunca tuvieron conocimiento de esa ventana legal.

Riesgo para flora y fauna

La preocupación ambiental va mucho más allá del desmonte.

El sistema dunar alberga especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre ellas la matraca yucateca y el colibrí tijereta mexicano, cuya supervivencia depende del matorral costero.

Asimismo, las playas de Chuburná son utilizadas para la anidación de tortugas marinas, principalmente la carey y la verde, especies protegidas que podrían verse afectadas por la urbanización, la iluminación artificial y la pérdida de vegetación.

La zona también colinda con la Reserva Estatal Ciénagas y Manglares, por lo que especialistas advierten que cualquier alteración puede modificar el flujo natural del agua, afectar humedales y comprometer el equilibrio hidrológico del litoral.

Diversos estudios científicos señalan que los ecosistemas dunares tardan décadas en recuperarse, y en numerosos casos el daño resulta irreversible.

Los habitantes también expresan preocupación por el impacto urbano que podría generar el desarrollo.

Advierten que el crecimiento inmobiliario ha comenzado a reflejarse en fallas en el suministro de agua potable, bajones de energía eléctrica y una presión cada vez mayor sobre los servicios públicos.

A ello se suma la percepción de que los nuevos desarrollos están orientados principalmente al mercado extranjero, especialmente para residentes canadienses que adquieren propiedades en la costa yucateca.

Entre los ciudadanos prevalece la inquietud de que «Las Dunas» sea apenas el primer proyecto de gran escala y abra la puerta a nuevos desarrollos que transformen definitivamente la costa.

El desarrollo es promovido por Designia, empresa responsable de diversos proyectos inmobiliarios en Yucatán como Paseo 60, 60 Norte, Casona 333, el hotel Tívoli y Siela, en Telchac Puerto.

Entre sus accionistas figura el empresario José Chapur, identificado por impulsar inversiones inmobiliarias en la región.

La información comercial del proyecto promociona departamentos con precios que parten de los 8.5 millones de pesos, bajo un concepto dirigido al mercado residencial de alta gama.

Aunque el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló recientemente que corresponde a las autoridades federales supervisar el cumplimiento de los permisos ambientales y reconoció que el Gobierno del Estado emitió dictámenes relacionados con el humedal, la duna costera y el manglar, la inconformidad social no disminuye.

Los ciudadanos cuestionan si realmente se respetan las restricciones ambientales establecidas para la obra y consideran que la remoción de extensas áreas de vegetación constituye, por sí misma, una alteración significativa del ecosistema.

Mientras la empresa desarrolladora mantiene silencio frente a las críticas, la presión ciudadana continúa creciendo.

Las firmas siguen acumulándose, nuevas evidencias son compartidas diariamente y la movilización del próximo 31 de julio busca mantener vivo el reclamo de quienes sostienen que el verdadero patrimonio de Chuburná no son los desarrollos de lujo, sino las dunas que durante generaciones han protegido la costa y dado refugio a especies únicas de la Península de Yucatán.