DIF, CASA DEL TERROR

*Denuncian que en la PRODENNAY realiza adopciones ilegales de niños que podrían ser consideradas trata de personas. La muerte de menores bajo el cuidado del DIF es otra de las realidades que se vivián en el CAIMEDE

*Mujeres adolescentes escaparon. La tía de una de ellas declaró en entrevista que huyeron por las agresiones del personal. “La mantenían sedada y la última vez que la vimos tenía golpes en los brazos”.

*Las nuevas instalaciones no garantizan la seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del estado. Un ejemplo, se confirmó que nueve niños, de entre 8 y 13 años fueron víctimas de violencia familiar y psicológica dentro del CAIMEDE.

Claudia V. Arriaga Durán /Sol Yucatán

Bajo la tutela del gobierno de Yucatán, de 2018 a 2022 murieron dos menores y se fugaron 16 que vivían en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). Ante este panorama, en 2023 iniciaron con la construcción de Casa Otoch, un albergue que cuidaría de las infancias presuntamente abandonadas. Se anunció que la inversión sería de 153 millones de pesos. 

Aun así, las nuevas instalaciones no garantizan la seguridad y bienestar de las niñas, niños y adolescentes bajo la tutela del estado. Un ejemplo, son los delitos cometidos de 2018 a 2022. Se confirmó que nueve niños, de entre 8 y 13 años fueron víctimas de violencia familiar y psicológica dentro del CAIMEDE. 

En ese mismo lapso de tiempo, el 08 de mayo de 2020, tres trabajadores del Centro de Asistencia Social (CAS) -el único del Estado- fueron sentenciados por violencia familiar equiparada. Las mismas personas que debían cuidarlos, los violentaron: dos hombres de 47 y 48 años y una mujer de 31 años.

La muerte de menores bajo el cuidado del DIF es otra de las realidades que se vivián en el CAIMEDE. En cuatro años (2018-2022) fallecieron dos niños del sexo masculino. Uno tenía dos años y fue por cardiopatía, y otro de nueve años por una enfermedad degenerativa. Se desconoce sí tenían tratamiento y sí su salud era atendida. 

Las fugas por maltratos también quedaron registradas, algunas incluso en videos. 

Del 2018 a 2022 escaparon 16 menores de edad: nueve hombres y siete mujeres de los 12 a los 17 años. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, conocido como DIF, en una solicitud de información reportó que sólo uno fue hallado y regresado con su familia. Se desconoce el destino del resto. 

Apenas en enero de 2023, el mismo año del comienzo del proyecto Casa Otoch, dos mujeres adolescentes escaparon. La tía de una de ellas declaró en entrevista que sus acciones fueron la respuesta a las agresiones del personal. “La mantenían sedada y la última vez que la vimos tenía golpes en los brazos”, expuso, su familiar, quien por temor a represalias pidió mantener su identidad en anonimato. 

Las infancias que viven en el CAIMEDE están bajo el cuidado de 302 trabajadores. Distribuidos en 144 niñeras, 14 vigilantes, siete médicos generales, 29 enfermeras, tres odontólogos, un puericulturista, un nutriólogo y 12 psicólogos.  Plantilla insuficiente para evitar los abusos cometidos en su contra. 

Yucatán promueven las adopciones ilegales, afirma abogada especializada en infancias

El artículo 40 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en su inciso IX, señala que el DIF estatal, debe impulsar el fortalecimiento familiar y evitar la separación de sus padres o las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

Está el caso de Ana y José, unos hermanitos que ingresaron en el 2011 al CAIMEDE, luego de que su madre y padre fueran arrestados por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Tenían una red familiar. Su abuela Bertha, originaria y residente del estado de Campeche, solicitó su guarda y custodia, pero los dieron en adopción a dos familias distintas.

La abogada y defensora en derechos humanos y de las infancias en Yucatán, Dariana Quintal insistió en que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY, antes PRODEMEFA), realiza adopciones ilegales que podrían ser consideradas trata de personas.

“Un ejemplo, por supuestas denuncias anónimas se enteran que un menor es violentado, citan a los papás, los engañan con valoraciones psicológicas y ahí les dicen que el menor o menores se quedan porque hay una denuncia en su contra, que cuando demuestren que son falsos los hechos imputados y traigan un ejercicio de la no acción penal, se los devolverán”, declaró la Dariana.

“En ese inter promueven juicios de pérdida de patria potestad cuando no se ha realizado una investigación por parte de la Fiscalía de Yucatán y sin que se determine una acción penal sobre los padres, pero ya iniciaron el proceso de pérdida de patria potestad”, detalló.

Vale la pena recordar que para que los menores sean integrados a nuevas familias, es decir, puestos en adopción, el DIF debe obtener la sentencia del juicio de pérdida de patria potestad. 

Y en algunos casos, aquellas niñas, niños y adolescentes que llegan al único Centro de Asistencia Social de Yucatán por denuncias de presunto maltrato, pasan toda su infancia lejos de sus núcleos familiares por la burocracia de los procesos de integración familiar.

En cifras, del 2010 a 2022, en 12 años, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (PRODENNAY) atendió 2 mil 201 carpetas para reintegrar a los menores con sus familias. Y del 2018 a 2022 solo 43 denuncias que interpuso fueron judicializadas, aunque la agencia 29 de Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán señaló que son menos, 26. La información se obtuvo vía la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por Ana y José luchó durante más de 10 años su abuela Bertha, pero nunca consiguió su custodia. 

“Mis nietos van a crecer y algún día, si Dios me presta vida, se van a enterar por mi boca que nunca dejé de buscarlos. Nunca los abandoné. Viven en mi mente y corazón. En Yucatán están lucrando con los niños, porque eso hicieron con mis nietos. Se los entregaron al mejor postor”, dijo Bertha.

Entre el camino legal que siguió Bertha para recuperar a sus nietos, en 2012, presentó una demanda en Campeche, el estado donde vive, y el juez le solicitó al DIF de Yucatán que trasladaran a los menores a esa entidad. El objetivo es que pudiera verlos y convivir, en lo que terminaba el juicio. Las autoridades yucatecas se negaron.

SENTENCIA ANA Y JOSÉ

Finalmente, interpuso un amparo contra el juicio familiar de pérdida de la patria potestad 4/2014 y en el 2021 se resolvió que sus nietos permanecerán en los hogares de acogida, pero conservarían el vínculo con la familia biológica. 

Actualmente, ella puede convivir con sus nietos, aunque las leyes en Yucatán le impidieron encargarse del cuidado de ambos.