Devastación ambiental

• Comunidades mayas llevan ante la ONU presuntas afectaciones por granjas y minería; advierten violaciones a derechos humanos por contaminación.

Por Claudia V. Arriaga Durán

Mérida, Yucatán.— Habitantes de comunidades mayas de Santa María Chi, Chocholá y Sitilpech expusieron ante Marcos Orellana, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, los presuntos daños ambientales provocados por megagranjas porcícolas y avícolas en la región.

Durante su visita este lunes a la comisaría de Santa María Chi, en el municipio de Mérida, los pobladores detallaron las afectaciones al entorno natural, mientras que el representante de la ONU señaló que este tipo de problemáticas están vinculadas con la vulneración de derechos fundamentales.

“Se trata de un tema de derechos humanos, ya que la exposición a sustancias peligrosas puede afectar garantías reconocidas internacionalmente como la vida, la salud y un medio ambiente sano”, explicó el Relator.

Entre los casos expuestos se encuentra el de la granja San Gerardo, la cual, pese a haber sido clausurada de forma definitiva el 9 de septiembre de 2025 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), no cuenta —según denunciaron— con un plan integral de reparación de daños al ecosistema.

Al encuentro también asistieron académicos y representantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A.C., la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), quienes presentaron el informe titulado “La toxificación de la Península de Yucatán”.

En dicho documento se señala que la granja pertenece a las empresas Chumoxil y San Gerardo, en aparcería con la firma Kekén, y se advierte que, pese a la clausura, continuaba en operación. Asimismo, se documentan afectaciones en la calidad del agua, con presencia de coliformes fecales y E. coli en pozos, además de operar —según el informe— sin autorización de impacto ambiental ni permisos para descargas residuales.

El reporte también detalla los riesgos asociados a la expansión de la agroindustria en la región peninsular. Explica que el suelo kárstico de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, caracterizado por su alta permeabilidad, facilita que los contaminantes se filtren hacia el subsuelo y afecten las reservas de agua.

Otro punto abordado fue la situación de quienes defienden el territorio. Se mencionó el caso del subcomisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat, quien enfrentó un proceso penal tras participar en protestas contra la granja.

“A nosotros no nos agredieron físicamente; recurrieron a procesos legales para intentar detener la protesta”, expresó durante el encuentro.

El informe también incluye los efectos de la extracción de material pétreo vinculada a obras del Tren Maya, señalando que entre 2018 y marzo de 2025 se habilitaron 362 bancos de extracción en la Península, de los cuales 53 se ubican en Yucatán.

Finalmente, se advierte que esta actividad genera otros impactos, como la contaminación por residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, lo que incrementa los riesgos ambientales en la región.