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Deuda y desacato en Acanceh
- Nueve extrabajadores esperan desde hace años el pago de un laudo laboral.
- Dictan tres días a la alcaldesa Guadalupe Zapata, al Cabildo y a autoridades estatales para resolver el pago de 8.8 millones.
Redacción/Sol Yucatán
Acanceh, Yucatán.— La deuda laboral de nueve trabajadores despedidos en 2007 sigue sin liquidarse y ahora enfrenta un nuevo ultimátum judicial: la jueza Tercero de Distrito ordenó a autoridades municipales y estatales proponer, en un plazo de tres días, una solución para cubrir los 8 millones 809 mil 236 pesos que se adeudan.
En el acuerdo del 27 de octubre de 2026, la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina advirtió que, pese a los requerimientos previos, el Ayuntamiento de Acanceh no ha cumplido totalmente el laudo laboral ni la sentencia de amparo que lo obliga a hacerlo.
La resolución alcanza a la alcaldesa Guadalupe Elizabeth Zapata González y al Cabildo, así como al gobernador del estado, al Congreso local y a la Secretaría de Administración y Finanzas. Las autoridades deberán plantear el pago íntegro, gestionar una ampliación presupuestal o acreditar que se incorporará una partida especial en el presupuesto de 2027.
El juzgado consideró que las propuestas de pagos mensuales resultan precarias y que las acciones emprendidas por el Ayuntamiento parecen encaminadas a retrasar el cumplimiento. En abril de 2025, el Cabildo había planteado repartir 10 mil pesos mensuales entre los trabajadores; posteriormente, el municipio informó que destinaría 25 mil pesos mensuales durante lo que restaba de 2026 para cubrir laudos laborales.
La jueza señaló que no consta la aceptación de los trabajadores a ese plan y que el monto ofrecido resulta insuficiente frente al adeudo acumulado. Por ello, exigió acciones concretas y no solamente propuestas de pago.
El acuerdo también contempla que el Ayuntamiento explore mecanismos para obtener los recursos, como gestionar participaciones federales, solicitar apoyo al Congreso o recurrir a un crédito destinado a cubrir la obligación laboral.
La sentencia de amparo se dictó en octubre de 2023 y quedó firme en noviembre de ese año, pero continúa sin cumplirse en su totalidad. El conflicto se origina en un laudo relacionado con el despido de nueve trabajadores durante la administración municipal encabezada por Juan Antonio Pech Sonda.
El requerimiento advierte que, si las autoridades no cumplen en el plazo fijado ni informan sobre gestiones concretas, podrían recibir una multa mínima de 230 unidades de medida y Actualización (UMA), además de que el expediente sería remitido al Tribunal Colegiado de Circuito para continuar el procedimiento de inejecución.
En el documento que acompaña la denuncia pública también se cuestiona la intervención del abogado César Andrés Antuña Aguilar, asesor jurídico y apoderado legal del Ayuntamiento, quien anteriormente fue magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán.
El escrito sostiene que durante su paso por ese órgano recibió señalamientos por presuntamente brindar asesoría y protección a alcaldes, entre ellos a la actual presidenta municipal de Acanceh. Sin embargo, la información proporcionada no incluye una resolución que acredite esas acusaciones.
La controversia coloca nuevamente en el centro el incumplimiento de una obligación laboral que lleva años pendiente. Nueve trabajadores siguen a la espera de que se les pague lo que les reconoce el laudo, mientras el juzgado exige medidas concretas para poner fin a la demora.