Despreciado en su pueblo

El descontento de los habitantes de San Felipe no es algo nuevo, pues ya cuando militaba en el Partido Acción Nacional generaba divisiones y diferencias entre la población.

En San Felipe recuerdan a Joaquín Díaz Mena como la manzana de la discordia, por haber sembrado rencores y separaciones que perduran hasta la fecha.

*Ha alterado el orden institucional al no entregar los apoyos y recursos directamente a la autoridad municipal, como corresponde, sino hacerlos llegar a través de personas afines a su grupo.

Por Doris Canul

Para el gobernador Joaquín Díaz Mena no debe ser nada fácil ser rechazado por su propio pueblo natal. Si bien hay quienes lo apoyan, la mayoría prefiere mantenerse al margen y evitar siquiera mencionar su nombre.

El descontento de los habitantes de San Felipe no es algo nuevo, pues ya cuando militaba en el Partido Acción Nacional generaba divisiones y diferencias entre la población.

Los porteños lo recuerdan como la manzana de la discordia, por haber sembrado rencores y separaciones que perduran hasta la fecha, y que hoy siguen siendo impulsados por sus seguidores y colaboradores más cercanos.

Tras años de división, la recuperación de la convivencia ha sido lenta y paulatina. En este proceso destaca la figura de Felipe Antonio Marrufo López, quien se mantiene firme en su intención de evitar que surjan nuevas fracturas entre los vecinos.

Lo que en un principio parecía un conflicto personal entre el gobernador y el alcalde, donde uno es visto como motivo de orgullo y el otro como la figura contraria, ha trascendido lo individual. Y no se trata solo de una percepción: a pesar de que el partido al que pertenece el gobernador afirma regirse por principios democráticos, no ha sabido aceptar la decisión libre del pueblo de optar por otras opciones políticas, ideológicas y formas de gobierno.

La soberbia es un veneno que desgasta, y parece haberse apoderado de las decisiones de quienes hoy ocupan el poder. Desde el inicio de esta administración en Yucatán se difundió la frase: “Amor con amor se paga”, una expresión que dice mucho, pero que al mismo tiempo oculta intenciones aún mayores. La realidad que se vive es que quien no se somete ni se alinea a sus posturas es considerado un adversario y recibe trato de indiferencia o rechazo.

Esta forma de actuar se refleja claramente en el trato diferenciado que reciben los municipios que no comparten sus ideas. Ejemplo de ello son localidades del oriente del estado, como Sucilá, que han quedado desprotegidas ante la presencia del crimen organizado, sin recibir pronunciamientos ni respaldo alguno por parte de las autoridades estatales.

El caso de San Felipe es aún más grave, pues en la práctica existen dos formas de gobierno. Joaquín Díaz Mena ha establecido una estructura paralela al margen de las instituciones elegidas por la ciudadanía, vulnerando el principio democrático que permite al pueblo elegir a sus representantes.

Esta falta de disposición para respetar la voluntad popular se evidencia en la constante competencia que mantiene el gobernador con el presidente municipal. Su actuar busca permanentemente opacarlo: ofrece beneficios y apoyos solo a quienes se alinean a su proyecto, organiza eventos costosos y llamativos para demostrar poder, y trata de ganarse el favor de la población mediante dádivas, sin darse cuenta que la gente reconoce claramente cuáles son sus verdaderas intenciones.

Asimismo, ha alterado el orden institucional al no entregar los apoyos y recursos directamente a la autoridad municipal, como corresponde, sino hacerlos llegar a través de personas afines a su grupo, con la única intención de menoscabar la autoridad del alcalde a quien considera su contrincante.

En estos días se ha dado a conocer la organización de un evento por el Día del Niño. En lugar de buscar puntos de encuentro y trabajar de manera conjunta, la estructura afín al gobernador pretende realizar su propio acto con el fin de opacar las actividades del ayuntamiento. Incluso se ha solicitado al alcalde el uso de espacios públicos para este fin, siendo la encargada de hacer el trámite la directora del Registro Civil, funcionaria que no es ajena a estas situaciones, y quien además es esposa del pastor Contreras, empleado de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como allegada de otra funcionaria, Lila Frías. Todas estas personas forman parte del grupo cercano al gobernador y ocupan cargos públicos por su lealtad, no por su capacidad.

Este tipo de acciones no son las correctas. El servicio público no debe convertirse en un espacio para saldar cuentas políticas ni para ejercer venganzas personales. Un gobierno que afirma estar cerca de la gente no debe olvidar que todos los yucatecos, sin importar sus ideas o preferencias, contribuyen con sus impuestos al funcionamiento del estado, y que las autoridades existen precisamente para servir a quienes las eligen y las mantienen.

Quien ocupa un cargo de responsabilidad debe dejar de lado envidias, rencores y conflictos personales. La labor debe realizarse con equidad, sin favorecer ni perjudicar a ningún municipio por el partido al que pertenezca su gobierno. El verdadero liderazgo no se construye mediante privilegios, presiones o intentos de sobornar la lealtad de la gente, sino actuando con justicia y honestidad. Gobernar no significa actuar como quien tiene poder absoluto, ni obligar a los demás a someterse, sino respetar las decisiones de la ciudadanía y garantizar que la democracia sea algo real, no solo una frase que se repite para quedar bien.