DESPLOME DE LOS MAGISTRADOS

PRESENTAN DEMANDA PENAL ANTE LA FGR

* María Carolina Silvestre Canto Valdés, sufrió un bochornoso momento, cuando únicamente los magistrados de Vila Dosal, alineados y agachados, alzaron la mano para aprobar el segundo informe de la magistrada presidenta del Tribunal Superior

El pasado 27 de agosto, en el segundo informe de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Carolina Canto Valdés, sufrió un bochornoso momento.

Frente a autoridades de la vida política en Yucatán, María Fritz Sierra, en representación del Gobernador del Estado, y el diputado Luis René Fernández Vidal, presidente del Congreso del Estado y el alcalde suplente Alejandro Ruz, entre otros, durante la sesión solemne, cuando se solicita a los magistrados si aprobaban o no el informe de la magistrada presidenta, únicamente los magistrados de Vila Dosal alineados y agachados alzaron la mano

Mientras que los magistrados Leticia Cobá Magaña, Ingrid Priego Cárdenas y Rubén Ruiz Ramírez, sus votos fueron en contra de dicho informe.

Fue en ese preciso momento en el que la cara de la magistrada Canto Valdés se desencajó y no pudo disimular su enojo, pues su informe fue aprobado por mayoría de votos más no por unanimidad. Todos los asistentes estaban incrédulos ante dicho momento y podían advertir cómo se está desplomando el Poder Judicial el Estado.

Los magistrados que votaron en contra señalaron que no pueden aprobar un informe en el que no se anexó los documentos el que se acredite dicha información, como por ejemplo los gastos generados del presupuesto 2024, y que además el informe señalaba un poder judicial de ensueños, cuando la realidad es otra, hay una imposición de Justicia deficiente, debido a la falta de personal y los sueldos paupérrimos que tienen los trabajadores de primera instancia.

Con esto comienza el desplome de los magistrados a modo del Vila Dosal.

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, con mayoría panista, para el Poder Judicial para este 2024 fue histórico, fue un incremento del 21%,  y que eso implica que tienen que demostrar en qué están utilizando ese dinero, cosa que no se ha hecho hasta el momento.

Además el Consejo de la Judicatura del Estado, magistrados y jueces fueron demandados penalmente ante Fiscalía General de la República.