Desaparece Fondo con 380 MDP

• El Gobierno de la 4T desapareció los recursos del Fideicomiso para Trabajadores de la Construcción, operado por la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, que en el sexenio anterior recaudó al menos 380 MDP.

• El año pasado el Gobierno Estatal asignó un monto de inversión para obra pública de 9 MMDP, con lo cual estas empresas “donaron” 90 MDP, cuyos recursos no ingresaron al fideicomiso.

• El dinero se habría utilizado para el pago a inversionistas de la campaña, tal y como ocurrió con el fondo para la ampliación del Puerto de Altura, Progreso.

Reacción/Sol Yucatán

En el gobierno de la 4T desapareció un fideicomiso que, durante el sexenio de Mauricio Vila Dosal, recibió al menos 380 millones de pesos.

Se trata del Fideicomiso Yucateco para la Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción (Fyditrac), administrado por la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, que dirige la expriísta Alaine López Briceño.

El fondo está destinado para la capacitación, equipamiento y ayuda social en caso de accidentes o muertes de trabajadores en obra contratada por el Gobierno del Estado a empresas particulares.

Las empresas que reciben contratos de obra pública destinan el 1% del costo total para este fideicomiso.

Tan solo en los años 2023 y 2024, últimos años de Mauricio Vila al frente del gobierno, el fideicomiso recibió 145 millones de pesos, basada en la aportación de empresas favorecidas con estos contratos.

Empresas como Caribe Internacional, Asfalsur, Pemra, Luboro, entre otras, al menos en el papel dicen que aportan esta cantidad.

Desde el 1 de octubre del 2024, el fideicomiso no registra movimientos favorables y, en cambio, los recursos obtenidos, al menos en el gobierno anterior, están desaparecidos.

Tampoco en el presupuesto de egresos correspondiente al 2025 y 2026, elaborados por el actual gobierno, existe financiamiento hacia este fideicomiso.

Sol Yucatán solicitó información oficial a la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, sin embargo, no hubo respuesta.

No hay que olvidar que el fideicomiso se creó debido a la alta cifra de accidentes en el ramo de la construcción y a la necesidad de fortalecer la mano de obra yucateca.

Lo que llama la atención es que empresas que han recibido contratos han “donado” el 1% del costo total de la obra pública para fortalecer este fideicomiso.

En contratos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la empresa “Asfalsur S.A. de C.V.”, ligada al empresario Mario Millet Encalada, ha transferido este recurso a la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar.

En el 2025, existen cinco contratos por un monto de 9 millones 145 mil 440 pesos, por lo cual la empresa donó 91 mil 454 pesos, cuyos recursos se desconoce a dónde fueron a parar.

Pemra, otra de las empresas ligadas a Millet Encalada, en tres contratos recibidos a finales del 2024 y en el 2025, obtuvo 21 millones de pesos y aportó 210 mil pesos al fondo.

En el 2025, el Gobierno de Yucatán asignó un monto de 9 mil millones de pesos para obra pública, por lo cual el fondo habría recibido 90 millones de pesos.

Sin embargo, se desconoce el paradero del dinero, dado que no ha ingresado el recurso al fondo de los trabajadores de la construcción.

No hay que olvidar que la presente administración ha sido blanco de acusaciones y señalamientos de presuntos actos de corrupción.

Una de las dependencias señaladas de manera reiterada es precisamente la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar, que dirige la expriísta Alaine López Briceño.

El gobernador y el secretario general de gobierno, Joaquín Díaz Mena y Omar Pérez Avilés, respectivamente, tendrían injerencia directa en el fideicomiso, debido a que forman parte del consejo directivo.

Existen sospechas de que este dinero se habría utilizado para pagar a los inversionistas de la campaña pasada, como ocurrió con el fondo para la ampliación del Puerto de Altura, Progreso, donde parte de los recursos que dejó la administración anterior fueron utilizados para ese fin, con lo cual se tuvo que recurrir al endeudamiento para el pago de la obra.

Para tratar de esconder esta situación, las empresas favorecidas con contratos de manera sistemática están contratando mano de obra de otros estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero y hasta de países como Belice y Guatemala, quienes llegan a trabajar en condiciones desfavorables, sin ningún tipo de garantías laborales.

Por lo tanto, a pesar de trabajar en obra pública en Yucatán, una de las reglas de operación para ser beneficiario del fideicomiso es ser yucateco o al menos comprobar residencia de al menos 12 meses, con lo cual de manera automática quedan fuera del programa.

Es decir, un negocio redondo para los funcionarios de la 4T, ninguna empresa ha alzado la voz sobre el robo, debido a que de manera automática son borrados como proveedores de servicios.