DELINCUENTE PROTEGIDO DE VILA

* El ex funcionario borgista, Juan Pablo Guillermo Molina, se estaría “escondiendo” en una residencia que se construyó en el municipio de Ucú, donde adquirió grandes extensiones de tierras con dinero del gobierno de Quintana Roo.

*Tanto la SSP y la Fiscalía tienen la ficha de detención, pero no lo han podido detener a pesar de toda la estructura de vigilancia y tecnología con la que cuenta la policía, debido a que contaría con la protección de Mauricio Vila ya que son socios en negocios inmobiliarios.

*Para desviar recursos del Gobierno de Quintana Roo, Guillermo Molina fundó cuatro empresas fantasma en Yucatán, donde “blanqueaba” los recursos del gobierno de Quintana Roo 

Redacción/Sol Yucatán 

El empresario yucateco, Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno de Quintana Roo en la administración de Roberto Borge Angulo, es uno de los fugitivos más buscados en la Península de Yucatán.

Guillermo Molina es uno de los principales objetivos, por lo cual se ha girado una ficha roja y con base en ella se solicitó la colaboración a todas las fiscalías del país, incluida la de Yucatán y la de Campeche.

Durante más de cinco años ha logrado burlar a la policía y con ello evitar su detención para enfrentar su proceso judicial por el presunto desvío millonario de recursos que realizó durante el gobierno priísta y que causó un grave daño patrimonial al estado.

El ex funcionario borgista, miembro de una de las familias más respetadas de Yucatán, se estaría “escondiendo” en Yucatán, en específico en una residencia que se construyó en el municipio de Ucú, donde adquirió grandes extensiones de tierras con dinero presuntamente del gobierno de Quintana Roo.

Es decir, Guillermo Molina operó de manera similar a como lo hizo el clan mafioso de Andrés Granier Melo, ex gobernador de Tabasco, quien por medio de José Manuel Saiz Pineda adquirió grandes extensiones de tierras por un monto de poco más de 246 millones de pesos en la zona de Kanasín.

Sin embargo, el yucateco Guillermo Molina adquirió poco más de 150 hectáreas de terrenos en el municipio de Ucú con la ayuda e información del gobierno priista, en especial de Rolando Zapata Bello, debido a que en esa zona se tenía contemplada la construcción del plan maestro de Ucú.

Por la extensión de tierras fue apodado como “el príncipe de Ucú”.

En esa zona se edificaría el nuevo aeropuerto internacional de Yucatán, y desarrollos inmobiliarios, incluidas plazas comerciales, es decir, sería el nuevo pulmón económico de la entidad, con lo cual la plusvalía se dispararía y sería el negocio de su vida.

El proyecto fue desarrollado por la ex alcaldesa de Mérida y ex directora del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) Angélica Araujo Lara, se comenzó a desarrollar durante los últimos años del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, después en el sexenio de Rolando Zapata Bello, no se logró concretar y durante la administración de Mauricio Vila Dosal el proyecto fue sepultado.

El dinero que Guillermo Molina y su hermano Manuel gastaron en la compra de tierras en Ucú, provenían del Gobierno de Quintana Roo.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, tienen la ficha de detención debido a que hay evidencias de que desde hace varios años, Juan Pablo Guillermo está viviendo en Yucatán, sin embargo no se le ha podido detener a pesar de toda la estructura de vigilancia y tecnología con la que cuenta la policía de Yucatán, reconocida como de las más eficientes del país.

El ex funcionario de Quintana Roo no ha sido detenido debido a que contaría con la protección del mismo gobernador Mauricio Vila Dosal, presumiblemente porque son socios en negocios inmobiliarios.

También mantiene relaciones mercantiles con Lino Magos Acevedo, ex colaborador borgista quien es el asesor de cabecera del alcalde de Progreso, Julián Zacarias Curi y a quien Vila Dosal, recientemente le otorgó una notaría pública.

Juan Pablo Guillermo Molina fue una pieza clave en el saqueo que sufrió el gobierno de Quintana Roo.

Para dimensionar la magnitud del papel que jugó este personaje, tan solo entre 2015 y 2016 se estima que desvió alrededor de 1 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el boquete financiero superó los 16 mil millones de pesos, en el que estaría involucrado Juan Pablo Guillermo, aunque en su momento se habló que el desvío de recursos durante el Gobierno de Borge Angulo fue de 30 mil millones de pesos.

Antes de ser titular de la Sefiplan, Juan Pablo Guillermo Molina sólo había ocupado el puesto de director de finanzas del municipio de Solidaridad en el trienio de Román Quian (2008-2011).

Para blanquear los recursos desviados del gobierno de Quintana Roo, creó cuatro empresas fantasma en Mérida, mismas que le sirvieron para lavar cerca de 300 millones de pesos anuales. 

La primera de ellas es “Maquinarias y Servicios Peninsulares S. A. de C. V.”, que supuestamente alcanzó un ingreso mensual de 5 millones 630 mil pesos, lo que al año le arrojaba ganancias de casi 68 millones de pesos.

Otra de ellas fue “YAGSA Constructora Inmobiliaria S.A. de C.V.”, con entradas de 5 millones mensuales y 60 millones de pesos durante cada ejercicio fiscal. “Serprosur S. de R. L de C. V.”, fue otra de las empresas pantalla para lavar casi siete millones de pesos mensuales y acumular poco más de 83 millones de pesos anuales.

Estas empresas no contaban con activos, personal, infraestructura o capacidad material para brindar los servicios, producir y comercializar los productos ofertados, además de que en los domicilios donde supuestamente se podían localizar dichos negocios habitaban personas que desconocían la situación o bien lucían vacíos.

Juan Pablo Guillermo Molina ha solicitado más de 10 amparos para combatir las ordenes de aprehensión, en su contra, sin embargo en todos los casos, la justicia federal no le ha brindado la protección y las órdenes de captura siguen vigentes, sin embargo, la policía ¿No lo ha podido ubicar?