Del paraíso al infierno

*La penetración del crimen organizado en Yucatán y producción de fentanilo, conducen a la “narcopolítica”

*Legisladores y especialistas llaman a autoridades de Estados Unidos a entregar la información de su investigación sobre presunta presencia de laboratorios de droga en Yucatán y lavado de dinero

*De acuerdo a las investigaciones estadounidenses el territorio yucateco es refugio de grupos criminales, presuntamente protegidos desde el poder político, que les permiten actuar con impunidad

*Gloria Islas y Ricardo Ravelo/Sol Yucatán*

*Mérida*.- Especialistas y legisladores encendieron las alertas y llamaron a no permitir que Yucatán pase del paraíso al infierno del fentanilo, luego de que un informe de autoridades de Estados Unidos revelara una investigación en torno a actividades de laboratorios de la droga ilícita que presuntamente operan y desde donde se está exportando vía el puerto de Progreso.

Según documentos de agencias estadounidenses y del Servicio de Investigación del Congreso de dicho país, el cártel Jalisco Nueva Generación -considerada una de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas más prolíficas y violentas del mundo- así como el cártel de Sinaloa, habrían penetrado al gobierno de Yucatán y sus mandos policiacos, empezando por el comandante Luis Felipe Saidén que han tolerado la fabricación y distribución de fentanilo y el gobernador Mauricio Vila, involucrado también en lavado de dinero.

El estado de Yucatán, que gobierna el panista Mauricio Vila Dosal, aparece señalado como un territorio que ya es controlado por las mafias del crimen organizado y, de acuerdo con informes oficiales, es una plataforma clave para la producción y exportación de la droga sintética que en 2022 cobró la vida de unos cien mil estadunidenses por sobredosis.

No sólo eso: El informe desclasificado Congressional Research Service de Estados Unidos revela que existen tres investigaciones contra igual número de gobernadores de la Península –entre ellos Vila Dosal –por presuntos nexos con grupos del crimen organizado que están enclavados en Yucatán y que se dedican al lavado de dinero, tráfico de drogas y a la elaboración de fentanilo para ser exportado a Estados Unidos a través de la terminal marítima de Puerto Progreso.

El informe citado menciona que el estado de Yucatán es una especie de enclave que es utilizado no sólo para el blanqueo de activos e inversiones dudosas: también para el trasiego de sustancias prohibidas, lo que lo convierte en “un estado peligroso”.

NARCOPOLÍTICA

Alberto Woolrich Ortíz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados A.C., sostuvo que la droga siempre ha sido el cáncer de la humanidad “y lamentablemente, este fenómeno se ha expandido a estados tan seguros como Yucatán, lo cual hace ver que las autoridades federales y estatales no han puesto empeño de combatir frontalmente este fenómeno”.

“Este tipo de drogas involucra a muchas personas, podríamos decir que este fenómeno lleva a la narcopolítica”, sentenció el reconocido abogado penalista, quien alertó que las autoridades, en lugar de combatir la delincuencia se alían, crean alianzas y pactos.

“Yo no puedo decirle si existe o no involucramiento por parte del gobernador Mauricio Vila y su secretario de Seguridad Pública, porque no tengo la prueba de ello, si la tuviera denunciaría los hechos”, aseveró.

Agregó que lo que sí puede asegurar es que durante la época del neoliberalismo y la Cuarta Transformación se dedicaron primero a crear alianzas con organizaciones delincuenciales para introducir al país toneladas de estupefacientes y no se combate de manera frontal ese ilícito.

DINERO PARA CAMPAÑAS POLÍTICAS

Advirtió que si de la investigación de las autoridades estadounidenses existe una prueba que involucre directamente al gobernador, el Estado mexicano tendría que actuar en su contra, “pero hay que reconocer que el dinero que produce este tipo de delincuencia es un dinero que muchas veces va a parar a campañas políticas”.

Woolrich Ortíz lamentó que además este fenómeno dañe la imagen de México, no sólo la de Yucatán, uno los destinos turísticos de mayor riqueza cultural del país, por lo que insistió, si existen pruebas contra el mandatario estatal deben ser exhibidas, denunciar y obligar a la autoridad a que actúe de manera cabal.

Señaló que el país está en manos de una autoridad que ha sido omisa a ese combate a la narcopolítica y criticó que los órganos de inteligencia del Estado mexicano no detecten previamente la producción y comercialización de las drogas para combatirlo de manera eficaz, además de que no existe una estrecha colaboración con las autoridades norteamericanas.

Recordó que hubo una época en donde la DEA y el gobierno de la República colaboraban de manera intensa y se evitaron muchas situaciones que afectaban, “pero desgraciadamente en la época del neoliberalismo y de la 4T ha decrecido ese empeño de las autoridades de colaborar y de mantener estrecha colaboración con la agencia antidrogas estadounidense”.

E.U. NO CONFÍA EN MÉXICO

Opinó que la DEA no entrega información al gobierno mexicano de lo que pueda estar pasando en Yucatán y dar a conocer los nombres con apellidos de los involucrados en la protección a los presuntos laboratorios de fentanilo, porque no le tiene confianza.

Añadió que esa falta de confianza no es algo nuevo, pues en el juicio que se le siguió a Joaquín “El Chapo” Guzmán en los órganos de justicia de Estados Unidos se señaló el nombre del político que se dedicaba a dar protección a quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa. ¿Y qué hizo el gobierno mexicano?

Nada, ha sido omiso para combatir esa situación cuando ya hay un señalamiento que sale de una sala de justicia, cuestionó.

La obligación del Estado mexicano era solicitar los documentos e iniciar una severa investigación para poder meter a la cárcel al político que protegió el delincuente que en este caso era el Chapo Guzmán.

“Entonces, sí es obligación de la DEA, pero qué confianza hay si el gobierno mexicano está siendo omiso, concretamente la Fiscalía General de la República”, reprochó Woolrich Ortíz.

Fustigó que pueda darse esa omisión en Yucatán, un estado que le ha dado mucho al país en cuestiones de justicia, donde nació el juicio de amparo, así como por su historia y cultura, entre otras.

“Estamos en una circunstancia que exige el cumplimiento de la ley, sino qué va a pasar: tanto turismo que llega a Yucatán y al rato van querer poner alerta roja para que el turismo no pise la entidad”.

Instó a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque el mal antecedente del crecimiento de las drogas se ha dado en muchos lugares de la República, en donde se ha dado el fenómeno de la narcopolítica en la que están involucrados políticos, empresarios y delincuentes; debe terminar ese cáncer.

2023 y 2024 SON CLAVES

El informe expone, que los reportes de los organismos de inteligencia indican que Yucatán será clave en 2023 y 2024 para los cárteles de la droga y podría desencadenarse una escalada de violencia dada la importancia de su ubicación geográfica y la nueva relevancia que ha adquirido, ya que es donde están posicionando sus centros de elaboración de fentanilo.

“Esta situación –añade el informe desclasificado –es categórica y con informes muy concretos, a la vez que tolerados por las autoridades estatales y federales mexicanas”.

QUE SE PRONUNCIE LA FEDERACIÓN

“No conviertan en un infierno al paraíso que es Yucatán, debe actuarse ya antes de que siga creciendo ese cáncer y se siga expandiendo, será mucho más difícil erradicar. Ahorita en los comienzos es cuando se debe combatir”, anotó.

Al respecto, la diputada federal de Morena, Graciela Sánchez Ortiz, advirtió que de ser verídica la investigación de las autoridades estadounidenses, tendrían que transparentar los resultados al gobierno mexicano a fin de que tome cartas en el asunto.

Exhortó a las autoridades federales a pronunciarse en torno a este tema y sostuvo que de existir elementos reales sobre el gobernador de Yucatán que se actúe en consecuencia conforme a la ley.

Sánchez Ortiz censuró que Yucatán, considerado uno de los estados con mayor seguridad y tranquilidad del país, tenga que enfrentar el fenómeno de la delincuencia.

Advirtió que cualquier autoridad estatal que pudiera estar involucrado en dar protección a los delincuentes tarde o temprano enfrentará la justicia hasta sus últimas consecuencias.