De Chismes y Politiquerías: Lo que se dice del Plan B y lo que dicen que no se dice

Por Alejandro Ruz

No nos hagamos más (pen…itentes) de lo que somos, existe una pugna por el control del Instituto Nacional Electoral porque resulta ser buen negocio pagado con los dineros de los mexicanos.

Unos, los que supuestamente lo administran, sólo defienden sus jugosos salarios y saben de la posterior venta de arreglos electoreros; los otros, los que se dicen justos e inocentes víctimas del neoliberalismo, el conservadurismo y demás ismos, lo pelean para ser ellos quienes utilicen al INE para mantenerse en el poder y seguir vendiendo a la Patria, hacer negocios con socios innombrables, tal como lo han hecho sus antecesores.

Pues bien, la supuesta oposición ha pagado cuantiosas sumas de dólares, no pesos, producto de la explotación y el blanqueo y desvío de recursos a los medios de (des)información, para que en redes sociales, televisión, radio y prensa escrita, desinformen sobre el verdadero contenido del Plan B, para generar una supuesta opinión pública que incida en las decisiones y se salvaguarde el INE como lo conocemos hoy en día.

Por otro lado, están quienes buscan la “transformación” del país y nos quieren hacer creer lo que dicen que es.

Permítame recordar una frase popularizada en el siglo XVII por René Descartes: “la duda es el principio del conocimiento”.

Y sí, dudo de ambas partes, porque la Historia nos ha demostrado muchas veces que ambos están equivocados, que ambos responden a su clase y a sus intereses de grupo; porque quien paga siempre es el pueblo.
Vayamos al punto…
Dicen la oposición, y lo asegura, que la credibilidad de las elecciones y sus resultados estarían en riesgo por el desmantelamiento del INE.
Sin embargo, los afines a la 4T y el Plan B exponen que el INE no se desmantela, que, por el contrario, “con la reforma electoral se optimizan sus estructuras y se fusionan áreas cuya operación y ámbitos de atribuciones están relacionadas. Esta práctica no es nueva y la propia Suprema Corte, al resolver las Acciones de Inconstitucionalidad 90/2022 y sus acumuladas, ha convalidado que el Poder Legislativo tiene libertad configurativa para determinar las estructuras de las instituciones del Estado Mexicano. Es decir, la reforma es legal y legítima.”
Esto concluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de los análisis de impugnaciones al Código de Instituciones y Procedimientos electorales de la Ciudad de México.
Y cito textualmente (además lo entrecomillo, por aquella moda de los plagios)
“Al analizar la diversa controversia constitucional formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra del mismo decreto, el Pleno reiteró las determinaciones a las que llegó en las acciones de inconstitucionalidad previas, estableciendo además lo siguiente:
1) La modificación de los artículos 33, 36 y 59, al incorporar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, así como de proporcionalidad y razonabilidad en las remuneraciones de los servidores públicos, no implican una intromisión en la autonomía o atribuciones del Instituto Electoral local, pues constituyen reglas transversales a la administración pública que derivan de lo dispuesto en los artículos 127 y 134 de la Constitución General.
2) La creación de una Comisión de Quejas, con atribuciones específicas y especializadas, fortalece la eficiencia en el ejercicio de las facultades estratégicas del Instituto, en abono a los principios que rigen su actuación y, por tanto, es afín al modelo electoral nacional fijado en el bloque de constitucionalidad de la materia.
Respecto a la derogación del artículo 98, párrafo último, donde se preveía la facultad del Consejo General del Instituto Electoral para crear unidades técnicas, se reiteró la desestimación de su impugnación, como aconteció en la sesión pasada, al no alcanzarse la votación mínima calificada para su invalidez.
Finalmente, el Pleno sobreseyó por lo que se refiere a las modificaciones a la estructura orgánica de la Contraloría interna, al determinar, de acuerdo con un precedente, que dicho órgano de control goza de autonomía técnica y de gestión para la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto Electoral, además de que no existe concepto de invalidez al respecto.”
Y vamos, todo se lee bonito y con palabras domingueras, pero ahora que expliquen en lenguaje popular, el que hablan los mexicanos que supuestamente los eligieron y a quienes dicen que sirven, que traduzcan qué significa “libertad configurativa” a fin de que podamos entender de qué se trata.
Además, que aterricen el lenguaje técnico-jurídico para que pueda ser entendido y comprendido, porque entre los mexicanos hay médicos, enfermeras, odontólogos, ingenieros, comunicólogos y un sinfín de profesionistas, así como obreros y campesinos.
Y no lo pido por el resultado de la Suprema Corte, sino por los emisarios que pretenden engañarnos utilizando ese lenguaje jurídico. Para que la gente, ese pueblo que creyó en las quimeras electorales, comprenda y en realidad sea tomado en cuenta.
En posterior entrega seguiremos viendo punto tras punto, lo que se dice que es y lo que tampoco es del famoso y ya tan trillado Plan B. Usted decidirá