Daño patrimonial de 398 MDP

• La Auditoría Superior de la Federación identificó un probable daño patrimonial por 398 millones 203 mil 760 pesos en la revisión de la Cuenta Pública 2024, periodo que abarca la transición de Mauricio Vila Dosal a Joaquín Díaz Mena.

• La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal abrió cinco expedientes para investigar inconsistencias contables, diferencias entre contratos y gastos, expedientes de licitación incompletos y una rehabilitación de 10 millones de pesos sin documentación que acreditara la adjudicación.

• Mientras persisten las observaciones sobre el manejo de recursos públicos, los convenios federales modificatorios redujeron de 204.83 a 163.99 millones de pesos la asignación referida para Salud Pública en Yucatán. Vacunación universal y prevención del dengue también registran disminuciones.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Yucatán enfrenta una doble encrucijada sobre sus recursos públicos del orden federal, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó millonarios presuntos desvíos de recursos que involucran al gobierno de Mauricio Vila Dosal y de Joaquín Díaz Mena, la federación castiga el presupuesto para el próximo año.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño patrimonial a las arcas federales por un monto estimado de 398 millones 203 mil 760 pesos, correspondiente al ejercicio del 2024 del Gobierno de Mauricio Vila Dosal y de Joaquín Díaz Mena.

Por lo cual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal abrió cinco expedientes administrativos para investigar presuntas irregularidades en contratos, registros contables, licitaciones y obras correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

Entre los principales señalamientos figuran diferencias millonarias entre contratos y gastos registrados, expedientes incompletos en procedimientos de contratación y una obra de rehabilitación por 10 millones de pesos sin documentación que acreditara el procedimiento de adjudicación.

La ASF, además, identificó 23 contratos cuya documentación no acreditó suficientemente la recepción de los bienes y servicios correspondientes. Dentro de los montos observados destacan 171,5 millones de pesos relacionados con dos contratos de vales y combustible de la Secretaría de Administración y Finanzas, suscritos en 2023, durante la administración de Vila Dosal, cuyo beneficiario habría sido empresas ligadas al empresario gasolinero David Lago Ancona.

Los procedimientos abiertos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno involucran al DAJIA/INV/ASF-89/2025: cinco organismos, entre ellos el IEPAC y la JAPAY, no presentaron registros contables específicos para identificar el ejercicio de las participaciones federales.

DAJIA/INV/ASF-90/2025: La Secretaría de Administración y Finanzas reportó contratos por 2.056,4 millones de pesos, frente a un gasto registrado de 1.633,1 millones. La diferencia asciende a 423.3 millones de pesos.

DAJIA/INV/ASF-91/2025: Catorce organismos reportaron contratos por 840,1 millones de pesos, mientras el gasto registrado fue de 654,4 millones.

DAJIA/INV/ASF-93/2025: Se detectaron documentos faltantes o inconsistencias en 39 de los 46 procedimientos de contratación revisados, por un monto de 702.8 millones de pesos.

DAJIA/INV/ASF-996/2025: Se investiga la rehabilitación de un inmueble por 10 millones de pesos, sin documentación que acreditara el procedimiento de adjudicación.

Lo que llama la atención es que durante el proceso de entrega-recepción del gobierno de Mauricio Vila y Joaquín Díaz Mena, no hubo denuncias por presuntos malos manejos de los recursos, lo que fortalece la hipótesis de que debajo de la mesa se planchó un acuerdo de impunidad para entregar la gubernatura a Morena en el 2024.

Lo más cercano es la exhibición pública que se hizo sobre el desastre administrativo, que no pasó del linchamiento mediático.

A nivel municipal, la ASF informó que aún no se han subsanado observaciones en 33 ayuntamientos por un monto global de 2 mil 133 millones de pesos. Uno de los exalcaldes que se encuentra bajo la lupa de la autoridad fiscalizadora es Roger Aguilar Arroyo, actual titular del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, por un monto de 108 millones de pesos. El caso cobra relevancia, debido a que el exedil está bajo proceso penal por corrupción.

En este contexto, los diputados federales de Morena, muchos de ellos, buscan repetir o contender por nuevos cargos, votaron a favor para asestar un criminal golpe a los programas de salud de Yucatán.

Los legisladores aprobaron un recorte presupuestal a la salud del Gobierno Federal.

Por lo cual el próximo año habrá un recorte de 40.8 millones de pesos, el cual ya es oficial, debido a que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Jessica Saidén, aspirante a repetir como diputada, Roció Barrera Puc, Jorge Sánchez Reyes, busca repetir, Jazmín Villanueva Moo, busca repetir, Venustiano Caamal, busca repetir, Zayra Linette Fernández Sarabia, Luis Arturo Oliver Cen y Óscar Brito Zapata, quien busca la alcaldía de Mérida o repetir como diputado, son los políticos yucatecos que aprobaron el criminal recorte a la salud para este 2027.

De acuerdo con los montos consignados en los convenios modificatorios, la asignación original para Salud Pública en Yucatán ascendía a 204.83 millones de pesos; sin embargo, el presupuesto sufrió dos ajustes.

El primero de 16.5 millones de pesos, por lo cual la cifra pasó de 204.8 MDP a 188.3 millones, pero no fue el único recorte, debido a que se concretó otra reducción por un monto de 24.4 millones de pesos, es decir, después de dos ajustes, el monto quedó en 163.99 millones.

La diferencia representa una disminución acumulada de alrededor de 40.8 millones de pesos, equivalente a cerca del 20 por ciento de los recursos originalmente convenidos.

Uno de los programas que mayor afectación registró es el de la vacunación universal, enfocado a la prevención de enfermedades, en especial para niños y personas de la tercera edad, el cual pasó de 107.85 millones de pesos a 84.13 millones, una disminución de aproximadamente 23.71 millones, equivalente a cerca del 22 por ciento.

Pero no fue el único programa que tendrá menos recursos, debido a que también habrá menos recursos para el control del dengue, el presupuesto original contemplaba recursos federales por 25.98 millones, sin embargo, fue recortado a 24.01 millones de pesos, una disminución cercana al 7.6 por ciento.

Por su parte, muchos de los diputados que nada más levantaron la mano recibirán el próximo año recursos para sus campañas políticas en busca de reacomodos políticos y pasarán a pedir el voto de casa en casa a sabiendas de que le propinaron una puñalada por la espalda a miles de yucatecos al aprobar la reducción presupuestal para el sistema de salud.