Cuando la vida supera a una madre

EL ESTADO LE ARREBATA A SUS HIJOS

Ericka Contreras Pérez

Hay infancias a las que les exigimos una fortaleza que ningún adulto debería necesitar. Niñas y niños que aprenden demasiado pronto a vivir con miedo y a esperar decisiones de personas desconocidas sobre su familia, su destino.

Recordé esas imágenes cuando leí la historia de Guadalupe del Carmen Hernández Hernández, una madre de Chelem que vendía flanes para sostener a su familia y, en la medida que podía, sacaba adelante a sus hijos con o sin ayuda de su esposo. El 23 de septiembre, autoridades estatales retiraron de su hogar a sus seis hijos, entre ellos un bebé que todavía recibía leche materna.

Tuve dos ideas al conocer su historia: la criminalización de la pobreza y el daño que puede causar una intervención institucional cuando pierde de vista a quienes dice proteger, el grupo más vulnerable de la sociedad porque “primero los pobres”, ¿no?

La pobreza puede comprometer la alimentación, la salud, la escolaridad y los cuidados. Pero una carencia no demuestra desamor, abandono o incapacidad para criar. Confundir esas realidades convierte una deuda social en criminalización.

El expediente de PRODENNAY no permite afirmar en qué condiciones encontraron las autoridades ni descartar riesgos urgentes. Tampoco es responsable suponer maltrato por la precariedad de una vivienda. Abrir un expediente no sustituye el acompañamiento a una madre que ha realizado cambios para recuperar a sus hijos mientras llora hasta el cansancio por su ausencia.

¿Qué recibió Guadalupe antes del operativo? ¿Cómo garantizaron que comprendiera el procedimiento si, como se afirma, no sabe leer ni escribir? ¿Qué alternativas exploraron para evitar la separación? ¿Por qué el delegado de Progreso le prometió una ayuda que nunca llegó? El Estado tiene responsabilidades antes de retirar a seis niños de su hogar.

Uno de los derechos humanos que todos tenemos, sean de cualquier condición social, sin importar si eres rico o pobre, es vivir en familia. Este derecho tan básico y universal obliga a desarrollar políticas que fortalezcan a las familias, como incluso prevé la Ley para la Protección de la Familia en el Estado de Yucatán.

Según los testimonios que han acompañado esta denuncia, uno de los niños corrió hacia la ría de Chelem para evitar que los agentes policiacos se lo llevaran. Su casa, donde vivía con su familia, está a unos metros del agua.

Imagine la escena desde sus ojos llenos de lágrimas, desde la incertidumbre de no entender qué está pasando. Está en su casa. Sí, una casa humilde, con techo de lámina, sin lujos, donde hay carencias y apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas. Pero ahí están su mamá y sus hermanos. Su familia. Ahí reconoce las voces, los olores y a las personas que lo acompañan todos los días.

Entonces irrumpe un agresivo operativo: policías y servidores públicos cuya intervención se presenta como una medida para “garantizar el interés superior de la niñez”. Pero, desde los ojos de ese niño, todo se convierte en miedo, llanto y separación. ¿Cómo explicarle que vienen a protegerlo cuando lo que siente es que le están arrebatando su mundo?

Imagine ver a su madre llorar, pedir explicaciones, suplicar de rodillas como relató una menor, y la propia madre, que no se lleven a sus hijos, el sentirse traicionada de que los llevaran a revisar y se los regresan. Ver cómo la separan de su hermanito, ese bebé que todavía toma chuchú. No entender qué está pasando ni por qué y entonces decides correr para escapar de esa pesadilla. Correr al manglar, al agua, esconderse, intentar que no lo encuentren, ya que hasta drones utilizó la SSP para localizarlos como si fueran sendos criminales, apenas son niños y niñas.

Pero lo buscan. Según los testimonios, lo alcanzan y lo suben a una unidad mientras le aseguran que estará mejor. La movilización parece destinada a capturar a un capo peligroso. Pero buscan a un niño. A un niño que corre hacia el manglar porque no entiende qué está pasando y teme que lo separen de su mamá. No sabe de denuncias ni de medidas de protección. Ve policías, escucha llorar a su madre y busca dónde esconderse.

Quienes llegaron para protegerlo se han convertido en las personas de las que necesita escapar. Sí, escapar del Estado, de la PRODENNAY. Si la intervención ocurrió como describen los testimonios, corresponde revisar la preparación del personal, el cumplimiento de los protocolos y las responsabilidades institucionales.

Después, el traslado a un lugar desconocido y la separación de los seis hermanos: dos en Casa Otoch, dos en Amor y Vida y dos en Fundación Amar. Perdieron el contacto con su madre y fueron separados entre sí. La unidad familiar quedó fracturada.

Las autoridades deben explicar cómo justificaron la separación, qué hicieron para evitar mayores daños y si la medida fue ratificada conforme a la ley. Llamar “protección” al procedimiento no garantiza su legalidad ni borra el sufrimiento y trauma que pudo causar.

Quizá no contaban con que un abogado escucharía a Guadalupe y llevaría su reclamo ante la justicia federal. Su representante, Miguel Efraín Blanco Guevara, promovió el amparo 2276/2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito. Obtuvo una suspensión de plano para que PRODENNAY y los centros de asistencia garantizaran el reencuentro y la lactancia.

Según la defensa, el procurador de PRODENNAY, Francisco Santos Mendoza, interpuso el recurso de queja 530/2026 para revocar la convivencia ordenada judicialmente. El Tribunal Colegiado en Materia Penal lo declaró infundado y las convivencias quedaron firmes, con horarios ampliados.

La defensa denunció que, por instrucciones atribuidas a la subprocuradora Karen Alondra Che Basto y al jefe jurídico Joel Herrera, se habría intentado recabar su firma sin su abogado. El 13 de octubre, después de acudir a amamantar, retuvieron su INE durante más de una hora mientras le pedían firmar un documento. Su representante acudió y advirtió que informaría al juzgado federal.

Guadalupe pregunta dónde está Rulo, dónde está la Beneficencia Pública, ¿dónde están quienes prometen ayudar cuando una madre necesita alimentos, vivienda y condiciones para cuidar a sus hijos? Quienes gobiernan, quienes aspiran a representarlos y quienes dicen compartir ese compromiso tienen una responsabilidad que asumir. Guadalupe y sus hijos no necesitan otra consigna. Necesitan que alguien responda por lo ocurrido y que la ayuda llegue. Porque “primero los pobres” resulta una frase cruel cuando lo primero que reciben es la fuerza del Estado.