Crisis en el Poder Judicial

• La lentitud en la impartición de justicia en Yucatán no es casual, es resultado de un sistema que mantiene salarios bajos, sobrecarga de trabajo y escaso reconocimiento a sus empleados, la base que sostiene diariamente los juzgados. Mientras tanto, los yucatecos esperan una justicia que simplemente no llega.

Por Raquel Mendoza

La extrema lentitud con la que se expiden acuerdos, autos y sentencias en los juzgados de Yucatán no es un fenómeno aislado ni reciente. Es el reflejo de una crisis estructural dentro del Poder Judicial del Estado de Yucatán, marcada por salarios poco competitivos, condiciones laborales precarias y una creciente dificultad para atraer y retener personal con experiencia. El resultado es una justicia que se atrasa, se desgasta y termina afectando directamente a quienes acuden a los tribunales, especialmente en materias tan sensibles como la familiar.

Recientemente, el Poder Judicial ha emitido diversas convocatorias para ocupar plazas clave: desde personal técnico y asistentes legales, hasta secretarios de acuerdos, actuarios y jueces de primera instancia. No se trata de vacantes menores, sino de puestos que constituyen la columna vertebral del funcionamiento cotidiano de los tribunales.

La amplitud de los cargos ofertados revela algo más profundo que una simple reorganización administrativa: una incapacidad sostenida para cubrir puestos esenciales con personal capacitado y con experiencia, en un contexto de cargas laborales crecientes y rezagos acumulados. A ello se suma un elemento particularmente grave: las convocatorias no transparentan los sueldos ni las prestaciones, una omisión que contradice los principios mínimos de transparencia que deberían regir a una institución encargada de impartir justicia.

Los tabuladores salariales vigentes muestran una brecha significativa entre el nivel de responsabilidad exigido y la remuneración ofrecida, especialmente en los puestos operativos. Mientras las cúpulas concentran los mayores ingresos, la base del sistema judicial enfrenta salarios que resultan poco atractivos frente al sector privado, pero con jornadas extensas, alta presión y escasas expectativas de crecimiento.

Este desbalance ha provocado una alta rotación de personal y un desgaste visible en quienes permanecen. En los juzgados, el hartazgo es evidente: trabajadores saturados de expedientes, atención deficiente al público y plazos que se dilatan de manera injustificable. El problema no es solo interno. Cada acuerdo que se retrasa, cada expediente que queda semanas —o meses— sin movimiento, impacta directamente en el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.

El caso de los juzgados de oralidad familiar resulta especialmente alarmante. En algunos de ellos, la espera para señalar una audiencia de mediación puede superar el año, incluso cuando están en juego pensiones alimenticias, convivencias o la guarda y custodia de menores. En estos casos, la lentitud judicial no es un asunto administrativo: es una vulneración directa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que permanecen en un limbo legal mientras sus condiciones de vida siguen sin resolverse.

La contradicción es evidente. Mientras se promueve la oralidad como sinónimo de agilidad y cercanía, la falta de personal capacitado y con condiciones laborales dignas ha convertido ese modelo en una promesa incumplida.

La opacidad en las convocatorias agrava el escenario. Publicar plazas sin detallar sueldos y prestaciones no solo desalienta a profesionales calificados, sino que abre la puerta a discrecionalidad y prácticas poco claras, incompatibles con la función judicial. En un momento en que la institución reconoce, de facto, su déficit de personal, ocultar las condiciones económicas debilita aún más su credibilidad.

Este problema ya había sido documentado. El 25 de octubre de 2025, El Sol de Yucatán publicó que en el Poder Judicial del estado la “justicia salarial” no existe: mientras los trabajadores de base recibieron un aumento de apenas 3 % para 2026, los magistrados obtuvieron incrementos sustancialmente mayores. Hoy, las consecuencias de esa política son evidentes.

El contraste regional resulta incómodo. El Poder Judicial del Estado de Campeche, pese a enfrentar rezagos y reestructuraciones, ofrece un servicio más ágil y organizado para los usuarios, aun cuando Campeche cuenta con menos recursos que Yucatán. La diferencia no parece estar en el presupuesto disponible, sino en las decisiones administrativas y en la prioridad que se da al capital humano.

La crisis del Poder Judicial de Yucatán no es accidental. Es el resultado de años de salarios precarios, desigualdad interna, opacidad y desatención al personal que sostiene el sistema. Mientras no se atienda esa raíz, las vacantes seguirán acumulándose, el personal continuará agotándose y la justicia llegará tarde.

En Yucatán, la justicia no solo es lenta: para muchos ciudadanos, se ha vuelto inaccesible.