Corrupción en universidad yucateca

• Más de 10 millones de pesos que le fueron entregados a la empresa consentida Constructora Yucaquin, S.A. de C.V. siguen en el limbo, pues la obra de electrificación no se ha concluido al 100 por ciento desde hace más de un mes.

• El gobierno de la 4T autoriza obras con sobrecostos, opacidad en la asignación de contratos y retrasos en la consolidación real de la Universidad Rosario Castellanos, unidad académica ubicada en Kanasín.

• Mientras tanto, cientos de jóvenes continúan esperando algo mucho más básico que discursos políticos o anuncios oficiales: una universidad terminada, funcional y digna para estudiar.

Redacción/Sol Yucatán

La construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Unidad Académica Kanasín, presentada por el gobierno de la 4T en Yucatán como uno de los proyectos educativos más importantes para ampliar el acceso universitario en Yucatán, revela sobrecostos, opacidad en la asignación de contratos y retrasos en la consolidación real del campus, mientras cientos de estudiantes continúan esperando instalaciones completamente terminadas y dignas para estudiar.

Uno de los contratos autorizados por el titular actual del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY) Gilberto Chan Padilla, que más dudas despierta es el identificado como IDE-26-OP-DIRECTA-001, adjudicado de manera directa a la empresa Constructora YUCAQUIN, S.A. DE C.V. por un monto total de 10 millones 495 mil 378 pesos para realizar supuestas “obras complementarias de electrificación” en el plantel universitario ubicado en Kanasín.

El procedimiento no se realizó mediante licitación pública abierta, sino por adjudicación directa, mecanismo que ha sido constantemente criticado por especialistas en transparencia debido a la limitada competencia y menor supervisión pública que implica.

La documentación oficial disponible resulta sorprendentemente escasa considerando el tamaño del contrato. El expediente únicamente describe los trabajos como “obras complementarias (electrificación)” sin ofrecer detalles técnicos suficientes que permitan entender cómo se justifica una inversión superior a los 10 millones de pesos. No existen públicamente memorias descriptivas completas, planos eléctricos, números generadores, estudios de carga, especificaciones técnicas ni un catálogo detallado de conceptos accesible para la ciudadanía.

Aún más llamativo resulta el plazo de ejecución. De acuerdo con la información oficial, los trabajos iniciarían el 24 de marzo de 2026 y concluirían el 17 de abril del mismo año, es decir, aproximadamente en apenas 24 días.

Expertos en infraestructura eléctrica consultados para este análisis consideran que ese tiempo es extremadamente corto para justificar una obra de electrificación valuada en más de 10 millones de pesos, salvo que se tratara de instalaciones de gran complejidad industrial, subestaciones de alta capacidad o sistemas integrales de energía para múltiples edificios. Sin embargo, ninguno de esos elementos aparece claramente especificado en la documentación pública.

En comparación con otras obras educativas y eléctricas similares en México, proyectos de electrificación institucional suelen oscilar entre 3 y 7 millones de pesos cuando incluyen transformadores, canalizaciones, tableros y acometidas de media tensión. Por ello, el costo del contrato en Kanasín ha comenzado a levantar sospechas sobre un posible sobreprecio o una sobreestimación deliberada de los trabajos ejecutados.

Las dudas aumentan debido a que, pese al gasto millonario, la universidad todavía no muestra evidencia pública clara de haber concluido totalmente su infraestructura. Aunque el gobierno estatal anunció desde principios de 2026 que los estudiantes ya podían inscribirse y comenzar actividades académicas, diversos comunicados oficiales reconocieron que parte de las clases y operaciones se desarrollaban en espacios provisionales mientras el campus continuaba en construcción. En otras palabras, los alumnos llegaron antes de que las instalaciones estuvieran plenamente listas.

La contradicción es evidente. Mientras el gobierno presume inversiones millonarias en infraestructura educativa, los estudiantes continúan esperando un plantel completamente funcional. La falta de transparencia sobre el avance real de las obras y el estado actual del campus alimenta todavía más las dudas sobre el destino del dinero público.

Otro elemento que genera preocupación es la empresa beneficiada. Constructora YUCAQUIN, S.A. DE C.V. fue constituida en Mérida en 2001 y tiene como accionista mayoritario y administrador único a Rafael Candelario Hay Casanova, mientras que Víctor Manuel Noh Calderón aparece como gerente. La empresa ha participado durante años en contratos de obra pública en Yucatán, particularmente en proyectos de infraestructura urbana, educativa y vial.

Sin embargo, en distintos señalamientos y comentarios surgidos alrededor de obras públicas locales, la empresa ha sido relacionada con trabajos inconclusos, retrasos en entregas y presuntas deficiencias en la calidad de materiales utilizados.

Aunque no existen hasta el momento sanciones judiciales firmes o inhabilitaciones públicas conocidas en su contra, sí existe una percepción creciente entre actores locales de que varias de sus obras han presentado problemas de ejecución o terminación. En proyectos públicos, la falta de mantenimiento prematuro, deterioro acelerado o entregas incompletas suele convertirse en una constante difícil de ignorar.

La situación se vuelve todavía más delicada porque el gobierno estatal ha utilizado políticamente la Universidad Rosario Castellanos como símbolo de transformación educativa y expansión del acceso universitario en Yucatán. Para la administración de Joaquín Díaz Mena, el proyecto representa una de las principales apuestas de imagen pública. Precisamente por ello, cualquier señal de irregularidad financiera, opacidad o posible sobrecosto adquiere un peso político considerable.

A esto se suma otro problema: varios enlaces oficiales relacionados con contratos y anexos del IDEFEEY presentan fallas de acceso o simplemente no funcionan correctamente desde internet. Incluso documentos relacionados con el contrato de electrificación muestran dificultades para abrirse públicamente, complicando aún más el ejercicio de fiscalización ciudadana y periodística. La transparencia parcial o deficiente termina alimentando sospechas que podrían disiparse fácilmente si existiera información técnica completa y verificable.

Hasta ahora no existe una auditoría pública difundida que confirme irregularidades, ni tampoco hay pruebas definitivas de corrupción. Sin embargo, sí existen suficientes elementos para exigir una revisión más profunda del proyecto. Un contrato multimillonario adjudicado directamente, una obra descrita de manera vaga, plazos de ejecución difíciles de creer, estudiantes tomando clases mientras el campus sigue inconcluso y una empresa señalada recurrentemente por trabajos deficientes forman un conjunto de señales que difícilmente pueden ignorarse.

Mientras tanto, cientos de jóvenes continúan esperando algo mucho más básico que discursos políticos o anuncios oficiales: una universidad terminada, funcional y digna para estudiar.