CORRUPCIÓN DE JUECES

* Una red de corrupción y tráfico de influencias opera en los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Esta red favorece a políticos, empresarios o familiares de personas influyentes. El sistema judicial es el más corrupto de la entidad, de acuerdo al INEGI.

*Tráfico de influencias de despachos jurídicos que intervienen en los procedimientos legales y que trabajan para el crimen organizado, lavado de dinero, prestanombres, mafia inmobiliaria, influyentismo, claro ejemplo son aquellos despachos que tiran las sanciones ejecutorias. 

*La Juez Rita Elvira Ortiz Noh, está en medio de la polémica, debido a que en reiteradas ocasiones negó el cambio de custodia de una niña de 6 años, la cual terminó asesina por sus padres, quienes la violentaban, ahora exigen piden su cese.

Una red de corrupción y tráfico de influencias opera en los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Esta red favorece a políticos, empresarios o familiares de individuos influyentes, dejando la justicia en el estado “prostituida” y trabajando para el mejor postor.

Se enfrentan a barreras y obstáculos en el Sistema Judicial, está corrompido y manejado de manera sistemática por el propio gobierno del estado, la presente administración de Mauricio Vila Dosal ha impuesto a magistrados y jueces a modo con la intención de manipular el sistema de justicia a su conveniencia.

Desde hace años la corrupción en el Poder Judicial va en aumento, pero el claro ejemplo es el nepotismo de gente que ocupa lugares en la impartición de la justicia, que incluye a familiares de políticos, exgobernadores y toda su parentela en la nómina, incluye jueces, magistrados, secretarios de acuerdos y secretarías administrativas, los ceresos, los custodios, fiscalías, que a todas luces se enriquecen ilícitamente ante el amparo del poder. 

El tráfico de influencias de los despachos jurídicos que intervienen en los procedimientos legales y que trabajan para el crimen organizado, lavado de dinero, prestanombres, mafia inmobiliaria, influyentismo, políticos con el sector privado y un claro ejemplo son aquellos despachos que tiran las sanciones ejecutorias. 

El claro ejemplo de esta situación de corrupción se dio con el exfiscal Wilbert Cetina Arjona, designado por Vila Dosal, quien utilizó su cargo para el tráfico de influencias y vender carpetas de investigación, juicios y favorecer a amigos y a su propia firma de abogados.

Esta situación causó su destitución y que fuera denunciado penalmente, aunque la carpeta de investigación lleva cuatro años sin registrar movimientos.

La abogada y activista Dariana Quintal Narváez indicó que la justicia en Yucatán, en especial en los juzgados familiares, está totalmente corrompida.

Por desgracia, la corrupción en los juzgados familiares ocurre en todos los niveles, desde magistrados, jueces y hasta secretarios, quienes cobran para ayudarte a realizar algún trámite.

“Conócenos de primera mano muchos casos donde prevale la injusticia y esta se ejerce contra las personas que menos tienes y se quedan en la total indefensión”.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) del INEGI, revelan que las autoridades de las que mayor percepción de corrupción tienen los yucatecos son los jueces, con el 67.3% de los mayores de 18 años; el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, con el 61.6%; la Policía Estatal, con el 61.1%, la Policía Municipal, con el 58.3%, y la Fiscalía General de la República, con el 57.5%.

Es decir, de acuerdo al INEGI, el Sistema de Justicia de Yucatán es el más corrupto.

Uno de los casos más recientes quedó al descubierto tras el homicidio de una niña de 6 años de edad, a manos de sus padres, registrado en Ciudad Caucel. 

En estos hechos estaría involucrada una Juez de lo familiar y que, según los familiares de la niña, tuvo una responsabilidad directa con la muerte de la menor, por lo cual piden su destitución y ha sido acusada penalmente por el delito de omisión de funciones. 

De acuerdo con los datos, la Juez Rita Elvira Ortiz Noh, en reiteradas ocasiones negó el cambio de custodia, para que la niña quedara al cuidado de la abuela, esto ante los antecedentes de violencia. 

A la juzgadora se le presentaron las pruebas sobre la violencia que la niña sufría a manos de sus dos padres, incluso con dictámenes psicológicos. 

En reiteradas ocasiones se le dijo que la niña estaba en peligro, sin embargo, se negó a realizar el cambio.

Por ello solicitaron al Tribunal Superior de Justicia y al gobernador, que se investigue de manera seria y que se le destituya. “No puede impartir justicia, una Juez deshonesta”, indicaron. Acusaron que su yerno siempre decía que con dinero todo se podía. Incluso el día del homicidio de la menor, Luis Alberto, intentó corromper a la autoridad para que se oculte el crimen, como consta en el acta. 

Sin embargo, no es el único caso de corrupción, dado que, en el órgano interno de control del Poder Judicial, existen 18 denuncias por presuntos actos de corrupción en los que estarían involucrados jueces y personal del sistema de justicia familiar y civil. 

Uno de ellos es del Juez José Ismael Canto Can, quien le dio la custodia de una menor a Humberto González Pavía, quien es pariente de la exdiputada panista Cecilia Pavía González.

Lo que llama la atención es que el Juez le dio la custodia a una persona quien en el 2018 había sido sentenciado por sustracción de menores, y tiene en proceso denuncias por violencia familiar.

Denuncian tráfico de influencias en el sistema de justicia de Yucatán para que un magistrado y su socia se adueñen de un terreno de 50 hectáreas localizado en el municipio de Hunucmá.

En la actualidad la propiedad tiene un valor de unos 30 millones de pesos, sin embargo, en los próximos años su costo se incrementará por el punto estratégico en el que se encuentra.

El magistrado involucrado que estaría detrás de este embrollo jurídico es Mario Alberto Castro Alcocer quien designó a la Juez Silvia Pamela Cetina Bautista para que lleve la audiencia contra los dueños del terreno con la finalidad de encarcelarlos y obligarlos a que cambien el terreno por su libertad.