Contrato millonario a joven de 18 años

• Antes de dejar el cargo de titular de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Yucatán, Judith Elena Ortega Canto adjudicó contrato de hasta 9 millones de pesos a empresa administrada por un joven de 18 años.

• El titular actual de la dependencia, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, lo ratificó y desprecia las verdaderas necesidades de los pacientes de los municipios de Valladolid y Tizimín.

• Recetas que no se surten por completo, consultas de especialidad programadas con meses de diferencia, cirugías diferidas, falta de personal médico, sobrecarga laboral para enfermeras

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Mientras miles de yucatecos continúan enfrentando largas esperas para recibir atención médica, desabasto intermitente de medicamentos, falta de especialistas, hospitales saturados y una infraestructura que en distintas regiones del estado sigue demandando mejoras, la exsecretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Yucatán, Judith Elena Ortega Canto, dejó abierta la posibilidad de ejercer hasta 8 millones 999 mil 998 pesos con 39 centavos en favor de una empresa cuyo administrador único y representante legal con plenos poderes tiene apenas 18 años de edad.

Lo peor del caso es que el titular actual de la dependencia, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, lo ratificó y desprecia las verdaderas necesidades de los pacientes de los municipios de Valladolid y Tizimín.

El contrato en cuestión es el IA-90-Y95-931007985-N-6-26-C1, adjudicado a Ingeniería y Servicios del Caribe, S.A. de C.V., para proporcionar el mantenimiento preventivo de plantas de emergencia, transformadores y tableros eléctricos en algunos de los hospitales más importantes de la entidad. Aunque el documento establece un monto mínimo cercano a los cuatro millones de pesos, la propia cláusula segunda permite que, de acuerdo con las necesidades de la dependencia, el gasto alcance un máximo de 8 millones 999 mil 998 pesos con 39 centavos, IVA incluido.

Más allá del monto autorizado, el contrato revela un dato que difícilmente pasa inadvertido.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Enrique Quinto González, nacido el 16 de marzo de 2006, fue designado administrador único de Ingeniería y Servicios del Caribe con prácticamente todas las facultades para representar a la empresa, celebrar contratos, administrar su patrimonio, suscribir títulos de crédito y realizar cualquier acto jurídico o mercantil necesario para la operación de la sociedad.

En otras palabras, la empresa que podrá ejercer un contrato de hasta nueve millones de pesos con los Servicios de Salud de Yucatán quedó bajo la administración de un joven que apenas alcanzó la mayoría de edad.

El cambio de administración fue formalizado mediante una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 31 de diciembre de 2024 y protocolizada durante marzo de 2026. En esa misma asamblea dejó el cargo como administradora única Graciella Beatriz Quinto Boldo, quien desde la constitución de la empresa había mantenido el control de la sociedad.

La historia de la empresa también resulta reveladora.

Ingeniería y Servicios del Caribe fue constituida el 13 de febrero de 2012 en Playa del Carmen con un capital social de apenas 50 mil pesos. Desde su nacimiento, la sociedad quedó prácticamente concentrada en una sola persona: Graciella Beatriz Quinto Boldo, quien recibió 49 mil 999 de las 50 mil acciones emitidas por la empresa. La segunda socia fundadora, Cecilia Graciela Hernández Pérez, recibió únicamente una acción.

El objeto social tampoco es menor. La empresa quedó facultada para desarrollar actividades relacionadas con obra civil, construcción, infraestructura urbana, instalaciones eléctricas, plantas industriales, hidrocarburos, sistemas de generación y distribución de energía, comercialización de equipos electromecánicos, importaciones, exportaciones y participación en licitaciones públicas convocadas por los tres órdenes de gobierno.

Con esa estructura jurídica, la empresa obtuvo el contrato para brindar mantenimiento preventivo a la infraestructura eléctrica de seis unidades estratégicas del sistema estatal de salud: el Hospital General «Dr. Agustín O’Horán», el Hospital General de Valladolid, el Hospital General San Carlos de Tizimín, el Hospital Materno Infantil, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y la Uneme de Oncología.

El contrato contempla inspecciones periódicas de plantas de emergencia, transformadores y tableros eléctricos; pruebas especializadas mediante equipos de medición, revisiones termográficas, limpieza técnica, verificación de sistemas de transferencia automática, sustitución de componentes menores y monitoreo permanente para garantizar que el suministro eléctrico no falle durante la operación hospitalaria.

Desde el punto de vista técnico, la contratación tiene justificación. Ningún hospital puede operar sin energía eléctrica. Una interrupción del suministro comprometería quirófanos, incubadoras, laboratorios, bancos de sangre, equipos de imagenología, sistemas de oxígeno, refrigeradores para medicamentos y prácticamente toda la infraestructura crítica necesaria para salvar vidas.

Sin embargo, esa realidad también abre un debate mucho más amplio.

Mientras la administración encabezada por Judith Elena Ortega Canto mantenía abierta la posibilidad de ejercer casi nueve millones de pesos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura eléctrica hospitalaria, miles de usuarios continúan enfrentando problemas mucho más visibles y cotidianos: recetas que no siempre pueden surtirse por completo, consultas de especialidad programadas con meses de diferencia, cirugías diferidas, falta de personal médico, sobrecarga laboral para enfermeras y hospitales cuya infraestructura física continúa mostrando rezagos.

Las principales inconformidades de los usuarios de hospitales regionales como Valladolid y San Carlos de Tizimín no suelen girar alrededor del estado de un transformador eléctrico. Las quejas recurrentes tienen que ver con la oportunidad de recibir atención, la disponibilidad de medicamentos, la insuficiencia de especialistas y los tiempos de espera. En el Hospital Agustín O’Horán, principal centro de referencia del estado, la presión asistencial también forma parte de la realidad cotidiana debido a la gran cantidad de pacientes que llegan desde prácticamente todos los municipios de Yucatán.

Precisamente ahí radica el contraste. El mantenimiento preventivo de plantas de emergencia es indispensable, pero por sí mismo no mejora la experiencia del paciente. Una planta eléctrica funcionando correctamente no elimina el desabasto de medicamentos. Un transformador recién inspeccionado no reduce las listas de espera para una cirugía. Un tablero eléctrico en óptimas condiciones tampoco incrementa el número de médicos especialistas disponibles ni disminuye la carga de trabajo que enfrentan diariamente enfermeras, camilleros y personal de apoyo.

El propio contrato establece que el proveedor deberá mantener disponibilidad permanente para atender fallas críticas, elaborar bitácoras técnicas, emitir reportes mensuales, responder a emergencias y garantizar que todos los equipos permanezcan operativos durante la vigencia del servicio. Es decir, los Servicios de Salud de Yucatán reconocen que la continuidad del suministro eléctrico constituye un elemento esencial para la operación hospitalaria.

Pero la pregunta de fondo permanece abierta. ¿Las prioridades presupuestales del sistema estatal de salud están respondiendo en la misma proporción a las necesidades que diariamente enfrentan los pacientes?

La contratación de hasta 8.99 millones de pesos para infraestructura eléctrica demuestra que existen recursos para proteger el funcionamiento de los hospitales. Lo que todavía espera respuesta es si ese mismo esfuerzo financiero se refleja con igual intensidad en la compra de medicamentos, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la contratación de médicos especialistas, la ampliación de servicios y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario.

El caso adquiere un ingrediente adicional al observar que la empresa beneficiaria quedó bajo la dirección de Enrique Quinto González, un empresario de apenas 18 años de edad, investido con todas las facultades legales para conducir una sociedad que hoy tiene la posibilidad de ejercer un contrato multimillonario con el sistema estatal de salud. La edad del administrador no constituye por sí misma una irregularidad, pero sí representa un hecho llamativo en un contrato de esta magnitud y de evidente interés público.

En momentos en que el sistema de salud enfrenta demandas crecientes y los pacientes siguen esperando soluciones a problemas tan elementales como la disponibilidad de medicamentos, la atención especializada y la reducción de los tiempos de espera, la autorización para ejercer hasta nueve millones de pesos en un solo contrato de mantenimiento eléctrico vuelve a colocar bajo el escrutinio ciudadano las prioridades con las que se administra el presupuesto destinado a la salud de los yucatecos.